José Castillo

Conocer Ciencia - Vigotsky VI

2011-09-16T16:52:00.000-03:00

Conocer Ciencia - Vigotsky V

2011-09-16T16:43:00.000-03:00

Conocer Ciencia - Vigotsky IV

2011-09-16T16:34:00.000-03:00

Conocer Ciencia - Vigotsky III

2011-09-16T16:30:00.000-03:00

Conocer Ciencia - Vigotsky II

2011-09-16T16:17:00.000-03:00

Conocer Ciencia - Vigotsky I

2011-09-16T16:11:00.000-03:00

acto 1º de Mayo

2011-05-02T19:00:00.000-03:00

NORBERTO "PAPPO" NAPOLITANO - DESCONFIO

2011-04-24T20:58:00.001-03:00

La Historia del 1º de Mayo

2011-04-22T15:32:00.000-03:00

La Historia del 1º de Mayo

Presentación del Frente de Izquierda en TN

2011-04-20T10:13:00.001-03:00

José Castillo en telesur sobre la crisis en Egipto

2011-02-03T02:30:00.002-03:00

José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista, en Telesur sobre la cr...

2011-02-03T02:28:00.000-03:00

Mozart Sinfonía nº 25 "Allegro", ¡una genialidad!

2011-02-02T10:29:00.002-03:00

Porajmos el nombre que le dan los gitanos a su holocausto en manos de los nazis. Hoy se los sigue persiguiendo y deportando. Recuerda Europa!!

2011-01-27T09:58:00.002-03:00

Mozart Sinfonía nº 29 "Allegro moderato". Sencillamente excepcional!!

2011-01-25T09:55:00.001-03:00

La inflación se come los billetes y los salarios

2011-01-23T17:23:00.000-03:00

¿A qué se debe la falta de billetes? Es simplemente una expresión más de la inflación, esa que según el gobierno “no existe”. Se impone exigir un aumento de emergencia para que los trabajadores recuperemos nuestro poder adquisitivo

Algo tan sencillo como conseguir la plata de nuestro propio sueldo se transformó, desde principios de diciembre, en una verdadera odisea. El paisaje cotidiano se llenó de cajeros automáticos que no funcionaban, larguísimas colas en los pocos que todavía tenían dinero, jubilados y trabajadores que debían esperar horas para cobrar sus salarios o simplemente retirarse para volver al otro día porque “el banco no tiene billetes”. Se terminó creando una especie de pseudo “corralito”, que a muchos hizo acordar a fines de 2001.

¿Se trata simplemente de un “problema técnico” o de la impericia de algún funcionario del Banco Central? Por supuesto que el equipo de Marcó del Pont está demostrando la más absoluta falta de profesionalismo en el tema -que terminó con la emisión de billetes en Brasil y su retraso para traerlos al país debido a que los aviones a cargo de hacerlo estaban destacados al operativo del Dakar- .

También es cierto que los bancos, como siempre, priorizaron sus negocios y nadie los obligó a cumplir con lo básico del servicio. Los pocos billetes que circulaban los priorizaron para sus clientes, dejando colgados a jubilados y trabajadores que buscaban desesperadamente un cajero con plata. Los bancos esgrimían la excusa de “problemas técnicos” para reponer los cajeros, pero estos “problemas” desaparecían cuando llevaron cajeros móviles a las playas más caras de Pinamar y Punta del Este para que “sus” clientes no tuvieran problema para retirar dinero. Pero vayamos al tema de fondo.

Con 100 pesos ya no se compra nada

La falta de billetes es la mejor demostración de lo que el gobierno viene negando desde enero de 2007, cuando se produjo la intervención del Indec: en nuestro país hay una inflación galopante y con los billetes existentes cada vez se puede comprar menos.

Cualquiera puede comprobarlo mirando los gastados papeles de 50 y 100 pesos, que años atrás lucían siempre flamantes, e incluso a veces costaba “cambiarlos”. Hoy, para adquirir lo mismo que en 2003 se compraba con 100 pesos, se necesita entre 300 y 400. Veamos algunos ejemplos: el billete de 100 equivalía entonces a 87 kilos de azúcar -hoy apenas a 20-; a 43 paquetes de yerba de un kilo -hoy a 16-; a 47 paquetes de fideos -hoy a 13-, a 63 botellas de cerveza -hoy a 22-, o a 72 litros de leche larga vida -contra 24 al precio actual-.

¡Que aumenten los salarios!

El gobierno de Cristina, una vez más, se hace el distraído. La Presidenta del Banco Central dice que todo se resuelve “usando otros medios de pago”, como tarjetas de débito o crédito. ¿Nadie le contó que el 40% de los trabajadores está en negro y la mayoría no cuenta con tarjeta alguna? Ni siquiera tomó la medida elemental de exigir a los bancos priorizar el pago a jubilaciones y trabajadores, u obligarlos a tener cajeros exclusivos con recarga de dinero prioritaria para cuentas sueldos y jubilaciones.

La falta de billetes desnudó que con los escasos “papeles con cada vez menor valor” no se puede vivir. La carestía se comió los billetes, lo que quiere decir que se comió nuestros sueldos. La intervención del Indec, increíblemente, dice que la inflación de 2010 fue de sólo 10,9%. Innumerables estudios privados la ubican entre el 25 y el 30%. Los artículos de la canasta familiar aumentaron mucho más, algunos de ellos hasta el 100%. Si alguien tenía alguna duda, hoy lo demuestra el papel gastado con la cara de Roca.

Por eso está planteado más que nunca pelear por un aumento de emergencia ya, para recuperar algo de nuestro devaluado salario, al mismo tiempo que exigimos negociaciones paritarias sin techo y con cláusulas gatillos -volver a negociar si la inflación se vuelve a disparar a mitad de año-, ya que tenemos que recuperar no sólo lo que perdimos en el 2010, sino lo que ya estamos empezando a perder en lo que va de 2011. Ya varios gremios hablan de tomar como base una inflación anual de 30 o 35%, en vez de la del Indec. Moyano, que de nuevo había reconocido “la inflación de los supermercados” y al principio dijo oponerse al intento de ponerle un piso de 20% a la negociación salarial, luego se desdijo, “rectificándose”, planteando que cada rama de actividad pida lo que quiera, dejando una vez más dividido al movimiento obrero. Y, como siempre, a ningún burócrata se le ocurre ni por asomo plantear un plan de lucha. Por eso, confiando en nuestras fuerzas, discutiendo y eligiendo paritarios en asambleas, tenemos que, en este 2011 que comienza, dar pelea por la exigencia elemental de recuperar el poder adquisitivo de nuestros salarios.

¡Basta de cortes de luz!

2011-01-21T17:26:00.000-03:00

La salida es la reestatización

Lo de siempre, repetido y aumentado desde la privatización. Cuando el termómetro sube un par de grados, empiezan los apagones. Los memoriosos recordarán el apagón récord de febrero de 1999, donde algunos vecinos llegaron a estar 15 días sin luz. Ahora estuvimos cerca: hubo zonas de la Ciudad de Buenos Aires que llegaron a 7 días sin suministro eléctrico. Otras, donde la luz “volvía” para al rato cortarse nuevamente y así durante días y días. Así pasamos las fiestas de fin de año.

Los motivos de este desastre también son archiconocidos: inversiones que no se cumplen, empresas que priorizan sus superganancias y ni siquiera se preocupan por acelerar el restablecimiento del servicio cuando hay una emergencia. Esta vez la indignación popular fue tan grande que el gobierno tuvo que salir a decir que “iba a investigar” y, “de ser necesario”, rescindir el contrato a Edesur, la responsable de los apagones.

Lo que siguió fue la comedia del ridículo. En cuanto “sonó el rumor” de que se le podía quitar la concesión a Edesur, aparecieron haciendo cola los “empresarios amigos del gobierno”: Cristóbal López, Electroingeniería y Eduardo Eurnekián se “anotaron” olfateando un nuevo negociado a su favor.

En medio de todo esto hizo sonar su voz el burócrata mayor de Luz y Fuerza, Oscar Lescano: “Yo no estoy de acuerdo con una estatización (de Edesur). La estatización va a traer desbordes de todo tipo, va a haber problemas, no me gusta. Me gusta que sean privados” (Clarín 5/04), para enseguida cubrirse ante una eventual rescisión del contrato y agregar: “me gustaría que sean empresarios argentinos, no extranjeros.”

Al final prevaleció seguir garantizándoles el negocio a los pulpos de siempre. Todo terminó con una declaración del ministerio de Planificación, anunciando que se le daría “otra oportunidad” a las privatizadas eléctricas. ¡Más caraduras imposible! Lo dijimos una y mil veces: hay que terminar con este escándalo reestatizando a todas las empresas de servicio eléctrico, poniéndolas a funcionar bajo control de sus trabajadores y usuarios. Sólo así se garantizará un derecho tan elemental como tener luz eléctrica en el siglo XXI.

U2 - Bloody Sunday - Por un 2011 donde seguirá en Argentina, Latinoamérica y el mundo, la lucha por la libertad, contra toda injusticia y explotación

2010-12-29T08:46:00.001-03:00

Exigimos la libertad de los detenidos del Partido Obrero

2010-12-27T16:33:00.000-03:00

LIBERTAD y desprocesamiento A LOS COMPAÑEROS del PO, JORGE HOSPITAL Y OMAR MERINO

El gobierno nacional por medio del Juzgado Federal de Quilmes y de la Policía Federal detuvo en el día de ayer a Jorge Hospital y Omar Merino, ambos ferroviarios del ex ferrocarril Roca y militantes del Partido Obrero, bajo los cargos “extorsión” y “corte de vías”.

Desde Izquierda Socialista repudiamos estas detenciones, por tratarse de persecuciones políticas a trabajadores en lucha por los derechos de los tercerizados. Nuevamente se le cae la careta al gobierno nacional, ya que mientras habla de defender los derechos humanos ataca y persigue a los trabajadores que luchan por sus derechos. Es de destacar que este nuevo ataque del gobierno y su justicia se produce a dos meses del asesinato de Mariano Ferreyra, mientras el principal responsable de este asesinato, José Pedraza sigue libre.

Desde Izquierda Socialista llamamos a la más amplia movilización para mañana martes a las 18 hs desde Callao y Corrientes para exigir la liberación inmediata y desprocesamiento de los compañeros ferroviarios, el cese inmediato de las persecuciones a todos los luchadores del Roca y que se concrete el pase a planta permanente de todo los tercerizados.

Izquierda Socialista

Basta de racismo y xenofobia: soluciones habitacionales ya!!!

2010-12-15T07:38:00.000-03:00

La culpa es de los gobiernos

No de los inmigrantes

Han aparecido argumentos xenófobos. Se quiere convencer a los trabajadores que los responsables de la miseria, la falta de vivienda, trabajo y la inseguridad y serían los inmigrantes de países limítrofes. Se busca así desviar la atención sobre los grandes negocios, los pagos de la deuda y la complicidad de los gobiernos.

Terminado el censo de ocupantes del Parque Indoamericano, los números son escalofriantes: más de 13.000 personas reclamando desesperadamente un lugar donde vivir. Mientras tanto, desde la represión realizada por la Policía Federal hasta los ataques perpetrados por barrabravas liderados por punteros macristas, ya se suma tres muertos y, horrorosamente, un “desaparecido”, visto por última vez cuando fue bajado de una ambulancia y presuntamente rematado a balazos delante de los médicos.

Durante más de dos días, existió una verdadera “zona liberada”, donde bandas “cazaban” a todo aquel con rasgos de extranjero. El gobierno de Cristina, además de responsable directo de las dos primeras muertes, se hace el que no tiene nada que ver frente a una miseria tal que creó un verdadero campo de refugiados a pocos kilómetros de la Casa Rosada. Macri, por su parte, fogonea la xenofobia, al echarle la culpa de todo a los inmigrantes de los países limítrofes.

Se empezó a escuchar entonces una verdadera ola de repugnantes argumentos racistas. Es imprescindible, entonces, que dialoguemos con todos los trabajadores que expresan dudas, bombardeados por los argumentos.

En realidad, en nuestro país hay menos inmigrantes que antes: en el Censo de 1960, el 13% era extranjero. Este número baja en 2001 al 4,2%. Como mucho, habría un millón y medio de inmigrantes en todo el país. Los insultos, especialmente a la comunidad boliviana, los trata de “vagos” y “delincuentes”. El argumento no se sostiene por ningún lado. La inmensa mayoría de los bolivianos que viven en la zona Sur de la Ciudad de Buenos Aires, y dentro de ellos los muchos que están dentro de la toma del Parque Indoamericano, trabajan, y muchísimo: son superexplotados, por salarios de entre 700 y 800 pesos, en talleres textiles, muchos de ellos clandestinos.

También se los ha vinculado al narcotráfico. Nuevamente es falso: todos los especialistas en el tema insisten que el negocio narco no es la toma de tierras. La villa 20 de Soldati no es zona donde se haya establecido el negocio de la droga, como sí lamentablemente sucede en otras áreas de la ciudad. Tampoco se sostiene el argumento de que los extranjeros son delincuentes: tomando los datos del Servicio Penitenciario Bonaerense, se observa que de 26.092 presos, sólo 58 son bolivianos. La mayor vinculación al delito viene del lado de los punteros políticos del PJ y el macrismo, articulados muchas veces con las propia comisarías de la zona.

Otro de los argumentos es que se le está quitando a los vecinos un “espacio público”, similar a los bosques de Palermo. Falso: el sector tomado era un basural. Cuando entraron los ocupantes tuvieron que desmalezarlo; se encontraron hasta cadáveres descuartizados y se cazan víboras entre los matorrales. Ni Macri ni los gobiernos anteriores se preocuparon nunca por la parquización. Los habitantes de Buenos Aires tienen derecho a espacios públicos, es cierto. Pero los principales “apropiadores de ese espacio” son los amigos de Macri: los clubes, la propia Sociedad Rural, los boliches de la costanera, todos en zonas de altísimo valor adquisitivo.

“Yo pago mis impuestos y la cuota de mi casa”, se escucha decir. Es cierto. Pero los que están en la toma han dicho una y mil veces que están dispuestos a pagar su casa en cuotas. Pero nunca tuvieron esa oportunidad. Muchos abonan hoy alquileres exorbitantes por una pieza en la misma Villa. Con respecto a “los impuestos”, en la Argentina todos los sectores populares, nacionales y extranjeros, sin excepción, pagamos el más injusto de los impuestos: el IVA. Los que no pagan son los millonarios, exentos del impuesto a la herencia, o a la renta financiera.

Lo que ha estallado, en la cara de los gobiernos, tanto de Cristina como de Macri, es la extrema pobreza que se quería hacer “como si no existiera”. En la que viven millones de compatriotas argentinos y, también, esforzados trabajadores inmigrantes, que llegaron buscando un futuro mejor para sus familias. De la misma forma que, hace un siglo atrás, vinieron y se hacinaron en tantos conventillos, millones de nuestros abuelos. Muchos de ellos también fueron tratados de “delincuentes”y “agitadores”.

Compañero lector: el culpable de que tengamos salarios de miseria, de que la salud y la educación estén destruidas, de la marginación y la inseguridad, no es este esforzado hermano inmigrante. Son los grandes capitalistas, con sus negociados, los banqueros que se llevan nuestra riqueza, el gobierno de Macri que gobierna para la ciudad de los millonarios, y el de Cristina, que destina la plata que tendría que poner para las necesidades más urgentes de nuestro pueblo a subsidios para sus empresarios amigos y el pago de la inmoral deuda externa.

Barrabravas: Al servicio de punteros y burócratas

La patota que mató a Mariano Ferreyra estaba compuesta por barrabravas de Racing y Defensa y Justicia. Antes habían estado oficiando de rompe-huelgas durante todo el conflicto de los tercerizados, atacando varias veces a los trabajadores en sus protestas.

Hace unos meses, también se vio la presencia de barras tratando de impedir en la Feria del Libro una presentación donde se denunciaba las manipulaciones y la patota del Indec.

Ahora volvieron a aparecer. Disfrazados de “vecinos” que se oponen a la toma del Indoamericano. Así fue identificado Julio Capella, barrabrava de Huracán, miembro del agrupamiento kirchnerista Hinchadas Unidas Argentinas, que en tal carácter viajó al mundial de Sudáfrica. Capella aparece disparando contra los ocupantes del predio. En los sucesivos ataques, muchos testigos afirman haber visto a sectores de los barras de Chicago y River entre las patotas que hostigan a la gente del Indoamericano.

El día lunes, cuando se produjo otra toma, en un predio pegado a Ciudad Oculta, otra vez irrumpió una patota, tratando de desalojarlos a la fuerza. Se pudo ver como dirigía el ataque, desde el interior de un automóvil, a otro connotado barrabrava de Nueva Chicago: Eduardo “Manzana” Santoro.

Todos estos patoteros a sueldo, verdaderas brigadas que ya utilizan abiertamente armas de fuego, son contratados por punteros políticos y burócratas sindicales. Tanto el PJ en sus variantes kirchnerista u “opositora”, como el macrismo, se apoyan en estas bandas para “manejar el territorio”, muchas veces articulándose con el control del delito, el narcotráfico y la prostitución.

Ayer fue Mariano Ferreyra. Ahora hay cuatro nuevas víctimas. En otros países de Latinoamérica, como Colombia y Venezuela, la contratación de patoteros a sueldo evolucionó hacia el sicariato, donde se asesina por encargo a líderes políticos y sindicales opositores. Tenemos que impedir que ello suceda en la Argentina. Por eso es fundamental la exigencia de juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de estas muertes.

Con la plata que va para la deuda externa

¡Plan de viviendas ya!

Las ocupaciones hicieron visible lo que las estadísticas del Indec quieren ocultar: que el “modelo de distribución del ingreso” de Cristina mantiene a millones en la pobreza extrema. Todos los estudios ya coincidían que entre 25 y 30% de la población del país era pobre, y que la mitad orillaba la indigencia. Ahora toda esa gente está a la vista, reclamando lo más básico: un lugar digno para vivir.

En el Area Metropolitana Buenos Aires (Ciudad Autónoma más conurbano hay más de 12 millones. De ellos viven en villas de emergencia, según datos oficiales, 2 millones en el conurbano y 210.000 en la Ciudad de Buenos Aires. Según un estudio de la Universidad de General Sarmiento, sólo entre 2001 y 2006 mientras la población del Area Metropolitana creció un 6,6%, la población en villas lo hizo casi un 60%. ¡10 veces más! Tomando todo el país, el 17% de la población vive en villas miseria.

Sólo en la Ciudad de Buenos Aires, el déficit habitacional es de 600.000 viviendas. A la gente que vive en las villas, en hoteles que no reúnen las más mínimas condiciones, o hacinados en casas de familiares, se le ha sumado en el último tiempo un nuevo drama: aquellos que ni siquiera pueden pagar el alquiler de una pieza en uno de esos hoteles o en la villa. Y que terminan, entonces, en los núcleos “transitorios” que surgen y crecen día a día a los costados de las vías de los trenes, o debajo de las autopistas, que ya suman 30.000 personas. Y varios miles, cada vez más, viven directamente en la calle.

Mientras tanto, en medio de lo más crudo del conflicto, el Ministro de Economía Boudou viajó a discutir el pago de la deuda externa argentina con el Club de París. El gobierno de Cristina va a destinar entre 7.000 y 10.000 millones de dólares para los pulpos imperialistas. Si simplemente ese dinero se destinara a un plan de obras públicas que construya viviendas populares (a un costo de 25.000 dólares cada una, utilizando las innumerables tierras ociosas de Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires), se podrían levantar entre 280.000 y 400.000 casas. Si a esto le sumamos lo presupuestado para el pago de intereses de la deuda (otros casi 7.000 millones), tendríamos la posibilidad de construir otras 280.000 viviendas.

Amigo lector, haga la cuenta. Dijimos más arriba que hay 2.210.000 personas viviendo en villas. Haciendo un cálculo conservador, cada núcleo familiar tiene 4 personas (y todos sabemos que en realidad muchas familias son más grandes, viviendo en el más absoluto hacinamiento). Simplemente dejando de pagar ¡un año! Los intereses de la deuda, y sumándole lo que ahora se le va a pagar al Club de París, estaríamos en condiciones de darle una vivienda a todos los habitantes de las villas de Capital y el Conurbano. El no pago definitivo de la deuda externa permitiría resolver en forma absoluta todo el déficit habitacional (incluyendo también a los sectores populares que, sin habitar en villas, alquilan, viven hacinados, en condiciones precarias o directamente en situación de calle). Es hora de terminar con la retórica, el doble discurso y el “pasarse la pelota” entre Macri y Cristina. La opción es clara: o viviendas o pagar la deuda.

Contra todos los fachos y racistas que hoy se ponen en contra de nuestros hermanos bolivianos y paraguayos -Manu Chao - Clandestino

2010-12-13T00:20:00.001-03:00

Comparto este texto, que me llegó, unido por la bronca ante el racismo y la xenofobia

2010-12-12T14:05:00.000-03:00

El Parque, las fronteras (y los fachos)11 hs

Elizabet le dijo al periodista, sin dejar de amamantar a su beba, que “si quiere le llevo a la tienda que vivo con mis hijos, para que vea. Siempre nos han discriminado, me han dicho bolita de mierda. Y ayer Juan me dijo: yo vuelvo al parque, Elizabet, quédate con los niños; dicen que van a volver a entrar, y yo quiero una casa para mis hijos. El quería sostener la bandera para que se vea mejor”. Y Juan volvió caminando rápido al Parque, donde estaban sus paisanos. Allá era uno más.

Uno más, de los miles de trabajadores bolivianos que se desloman ante la overlock para hacer camperas de renombradas marcas, esas que no van a poder comprar. De los miles que meten las manos hasta el vientre de la tierra para cosechar el ajo y las verduras que se comerán en mesas que no son las suyas. Uno más, de los miles que fabrican los ladrillos que formarán las casas que no podrán habitar. De los miles que suben los andamios una y cien veces, para levantar esas torres que te hacen parecer del primer mundo, Buenos Aires.

Buenos Aires, reina del plata, que no podés esconder los miles y miles de bolivianos, paraguayos, correntinos, santiagueños, porteños que duermen en tus calles, bajo tus puentes, amontonados en hoteles y villas, tan cerca de tus bacanales, de tus lujos.

Al lado de Elizabet, el-vecino-indignado-Jorge-de-Soldati se queja: “yo pertenecí a la barra de Chicago, y los que estamos detrás de los monoblocks somos todos hijos de policías y gendarmes, hay muchos comerciantes. Acá hay muchos argentinos con hambre, como para mantener gente que viene de otro lado”.

A Juan la bala le acertó en el pecho, ahí en el medio del Parque, para que suelte la bandera.

Dicen que la disparó un lumpen, un comerciante ‘asustado’, un vecino indignado. Uno que gritó ‘bolivianos de mierda’. Dicen que la disparó el jefe de gobierno desde una sala de prensa. Que la disparó un federal, un metropolitano, uno de civil. Que la disparó un secretario de la mujer del pañuelo blanco que se convirtió en desarrollador inmobiliario (y delator). Que la disparó el ministro de bigotes, duhaldista portador sano, el que estuvo cuando cayó Darío, cuando cayó Maxi, cuando cayeron Mariano, Roberto, Bernardo y Rosmery. Piqueteros, militantes, tobas, inmigrantes, no le hacen asco a nada.

O será que la dispararon todos, que lo gritaron todos, aunque unos estén “Haciendo Buenos Aires”, y otros “Distribuyendo la riqueza”.

Y Juan quedó desnudo, más pobre que nunca, más jodido que cuando cruzó la frontera porque la revolución del Evo no repartió el trabajo, ni las tierras, ni las minas.

Así se lo devolvieron a Elizabet, que ahora no tiene techo y tampoco tiene a Juan.

Y lejos del Parque los plumíferos de la prensa oficialista encontraron archivos ‘demoledores’, y las tapas del monopolio dieron su versión. Por miles buscaron confundir, dividir, ensuciar. Para que la patriotería prenda en miles que manejan las mismas overlocks, que cosechan las mismas tierras, y suben los mismos andamios, pero nacieron de este lado de la frontera.

Si la clase obrera argentina no siente en el pecho, ahí mismo donde le pegó a Juan, el golpe contra sus hermanos, está condenada. Si no abraza (aunque sea a lo lejos) a Elizabet y sus chicos, si no tensa el puño, si no putea, si no se la jura al nene bien de ojos azules que pide orden en la Ciudad, si no suelta las otras banderas (las inútiles) y dice ‘hermano’, está condenada.

Porque la presidenta coqueta y el ministro de bigotes criticarán al niño bien de ojos azules y dirán que en la Argentina del Bicentenario no habrá palos, pero que “la seguridad también es un derecho humano”. Y los jóvenes de la Cámpora no podrán apagar tanto fuego y dirán que sí, que hay que defender el modelo. Y algunos se la creerán.

Pero como dijeron los padres, los abuelos de Juan, cuando en el socavón de la mina de San León votaron a mano alzada las Tesis de Pulacayo, “solamente los traidores y los imbéciles pueden seguir sosteniendo que el Estado tiene la posibilidad de elevarse por encima de las clases sociales y de decidir paternalmente la parte que corresponde a cada una de ellas”. Seguirán abundando las balas y faltando los techos.

Por eso, por Elizabet y nuestros hermanos, para vengar a Juan y levantar su bandera, haremos esa revolución que repartirá los techos y los panes, los libros y las flores, la que derribará todas las fronteras de la humanidad para derrotar la desdicha, el hambre, las cárceles, las guerras.

Ahora es cuando diremos, y no habrá Estado ni gendarmes (ni cantos de sirena) que puedan detenernos. Todos los parques serán nuestros, serán de todos.

21 hs

Télam. El director del SAME, Alberto Crescenti, informó que el joven de 19 años que murió esta noche fue sacado por la fuerza por desconocidos cuando ya estaba en la ambulancia. Crescenti dijo que el joven estaba herido y que lo sacaron de la ambulancia y lo “remataron en el lugar”.

Los vecinos-indignados, los barras y los sin-gorra están cebados. “La seguridad es un derecho humano”, gritan desencajados. “Yo pago los impuestos” dicen. Se sienten como policías formoseños en medio de tobas, como patoteros de Pedraza entre tercerizados, en zona liberada.

La crónica de Juan ya parece vieja. No por las banderas, ni por el llamado a derribar las fronteras. A los fascistas no se los convence, se los combate.

http://eldiablosellama.wordpress.com/2010/12/11/el-parque-las-fronteras-y-los-fachos/

Basta de asesinatos y xenofobia: soluciones habitacionales!!

2010-12-11T19:24:00.000-03:00

Asesinan a vecinos por reclamar vivienda digna

Macri y Cristina son los responsables

Desde la represión del martes, efectuada conjuntamente por la Metropolitana de Macri y la Federal de Cristina, hasta el día de hoy, ya suman cuatro los asesinados por reclamar un lugar dónde vivir. Los dos primeros fueron víctimas de la represión del martes, y los dos últimos de ataques perpetrados por bandas de barrabravas, patovicas, matones de la burocracia sindical y miembros de fuerzas de seguridad de civil liderados por punteros macristas. Tanto el gobierno nacional (autodenominado “de los Derechos Humanos”), como el de la Ciudad, han creado una verdadera “zona liberada” donde se “caza” a toda persona que tenga rasgo de extranjero. El tercer asesinado apareció después de un ataque en el que se vio disparar a un conocido barra integrante de la kirchnerista Hinchadas Unidas Argentinas. El cuarto, horrorosamente, fue bajado de una ambulancia y rematado a balazos delante de los propios médicos. Las bandas de choque (a las que Macri llama “vecinos”) impidieron, incluso, que ingresen las ambulancias a recoger heridos y atacaron a los trabajadores de prensa para que no pudieran registrar la barbarie.

Increíblemente, Macri, quien dio vía libre a esta xenofobia al embestir públicamente contra los inmigrantes (en las villas también viven muchos argentinos), sigue diciendo que el único problema es “desocupar el parque cueste lo que cueste”, justificando el accionar de estas bandas asesinas. El gobierno nacional, además de responsable principal de la represión del martes, se hace el desentendido, avalando lo que está ocurriendo.

¿Qué hay detrás de todo esto? El grave problema habitacional que se agrava día a día. “Nos ilusionaron primero y nos asesinaron después”. Eso dijo un referente de la Villa 20, haciendo referencia a que les prometieron títulos de propiedad y luego, cuando los exigieron, les enviaron a la policía para matarlos. En la Ciudad de Buenos Aires 600 mil personas no tienen donde vivir. En Soldati las familias pagan $ 600 por una pieza. La ley 1.770 dispuso que el gobierno debía construir 1.600 viviendas en esa zona y Macri solo entregó este año 74 unidades habitacionales en total. ¡Una verdadera vergüenza! Mientras el jefe porteño dice que hay que defender el espacio público -las 130 hectáreas del Parque Indoamericano-, lo cierto es que lo ha transformado en un basural contaminante y lo está reservando para un gran negocio inmobiliario a favor de los ricos y las empresas constructoras amigas.

Macri y Cristina se acusan mutuamente, pero ninguno resuelve este grave problema. Ellos son los responsables de que los vecinos se enfrenten entre sí. Son ellos los que apadrinan a los punteros barriales que luego usan contra la gente que reclama justamente. Macri tilda a la gente que vive en las villas de narcotraficantes y dice que el problema es la inmigración de países limítrofes. Y los funcionarios de Cristina hablan de que los inmigrantes vienen a ayudar al “modelo de crecimiento” del país, mientras los deja librados a patronales superexplotadoras que los usan como mano de obra esclava en talleres clandestinos.

Llamamos a los trabajadores y al pueblo a no dejarse engañar: el problema no está en los hermanos de otros países que buscan honestamente en nuestro país un futuro para sus familias. El problema es que, en una ciudad donde bancos y multinacionales facturan fabulosas ganancias y el metro cuadrado de construcción vale millones, los más pobres (sean extranjeros o de acá) no tienen donde vivir. Culpa compartida entre el macrismo y el gobierno nacional.

Hace dos meses la patota de Pedraza asesinó a Mariano Ferreyra. Semanas atrás el gobernador kirchnerista de Formosa Gildo Insfran ordenó matar a aborígenes saliendo en defensa de terratenientes. Ahora Macri hace lo mismo en Soldati. Todos estos gobiernos patronales, sean kirchneristas u opositores, son lo mismo. Gobiernan para los de arriba con represión. Y Moyano y Yasky no han movido un dedo, siendo cómplices de lo que está ocurriendo.

Exigimos a Macri y a Cristina una inmediata solución habitacional a todos los habitantes precarios de Villa Soldati. Por la más amplia unidad y movilización entre vecinos -argentinos y de otros países- para que esto se cumpla inmediatamente. ¡Plata para viviendas, no para la deuda externa!

¡Basta de xenofobia!

¡Que paren ya mismo los ataques racistas!

¡Que la CGT y los dos sectores de la CTA llamen a una movilización como se hace en otros países cuando ocurren estos hechos!

¡Investigación, juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de los asesinatos y la represión!

11-12-2010

Izquierda Socialista

Contra el racismo!! homenaje a nuestros hermanos paraguayos

2010-12-10T11:44:00.001-03:00

En un día que siento vergüenza por el racismo que se escuchando contra los hermanos bolivianos, peruanos y paraguayos,mi homenaje a ellos y su cultura

2010-12-10T11:26:00.001-03:00

Repudio a la represión de Cristina y Macri contra vecinos de Soldati

2010-12-08T20:34:00.000-03:00

Comunicado de Prensa

Buenos Aires, 8 de diciembre de 2010

Las policías de Macri y Cristina asesinan a vecinos de Soldati

¡Por pedir un pedazo de tierra!

José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista, señaló: “El mismo día en que Mauricio Macri anunciaba el posible adelantamiento de las elecciones en Capital -especulando con su candidatura-, su policía Metropolitana y la Federal comandada por Cristina Kirchner asesinaban en Soldati a vecinos que reclamaban un pedazo de tierra para poder construir sus viviendas. En una ciudad donde los bancos y multinacionales facturan fabulosas ganancias y el metro cuadrado de construcción vale millones, los más pobres no tienen donde vivir. Culpa compartida con el gobierno nacional, -co-responsable de la represión-, que hace alarde de un modelo de “crecimiento” para los de arriba, mientras los trabajadores y el pueblo no tienen vivienda y viven con salarios y jubilaciones de pobreza”.

Castillo finalizó: “La patota de Pedraza asesinó a Mariano Ferreyra. El gobernador kirchnerista Gildo Insfran a aborígenes en Formosa. Y ahora Macri a vecinos de Soldati. Todos estos gobiernos patronales, sean kirchneristas u opositores, son lo mismo. Llamamos a la más amplia unidad para reclamar tierras y viviendas para los vecinos de Soldati, que se vaya la policía y juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de las muertes y semejante represión”.

John Lennon - Power To The People

2010-12-08T06:47:00.001-03:00

A mi gente - Gran tema de Jose Carbajal "El Sabalero"

2010-12-07T08:38:00.001-03:00

Chavela Vargas cantando "la llorona", alegoría con Frida Kahlo y la muerte de Trotsky

2010-12-01T23:27:00.002-03:00

Dona Flor e Seus 2 Maridos una joya de la literatura y el cine brasileño

2010-12-01T23:15:00.001-03:00

El "asesoramiento" del FMI al Indec y los500 pesos a los jubilados

2010-12-01T08:18:00.000-03:00

Boudou se bajó los pantalones

Vuelve el FMI

Menos de una semana después de haber anunciado como un gesto “independiente” que se pagaría al Club de París sin pasar por el FMI, el ministro de Economía confirmó una visita de este organismo para asesorar al Indec

Las mentiras, más tarde o más temprano, tienen patas cortas. A fines de 2005, Néstor Kirchner pagó en efectivo y por adelantado 9.810 millones de dólares al FMI, todo lo que la Argentina le debía al organismo. La justificación del gobierno fue que “ahora sí, dejábamos de depender del Fondo Monetario”. Nada de esto era cierto.

Nuestro país siguió siendo miembro del FMI. Más aún, en los últimos años hubo más de una misión “reservada” de funcionarios del ministerio de Economía para sondear si la Argentina podría acceder a alguno de los nuevos créditos del organismo (supuestamente “blandos”, con menores condicionamientos).

Los gobiernos de Néstor y Cristina, más allá de que formalmente no firmaron un plan con el FMI, cumplieron durante estos años con la más importante de sus exigencias: normalizar la relación con los acreedores externos después del default de fines de 2001. Así se realizó el primer canje en 2006 y, a comienzos de este año, tal como reclamaba el FMI, el segundo canje con los acreedores que no habían aceptado el primero. Hace apenas unos días se avanzó en otro reclamo pendiente: avanzar en cancelar la deuda con el Club de París. Esta última, por casi 7.000 millones de dólares, si se la refinanciaba en varias cuotas hubiera requerido el visto bueno del Fondo. El gobierno argentino optó por negociar un pago casi al contado: como no había nada que refinanciar, el FMI no tiene nada para avalar. Pero fue presentado demagógicamente como un gran triunfo. Los kirchneristas gastaron ríos de tinta explicando que, una vez más, nos habíamos liberado de ese repudiable organismo.

El diablo metió la cola

Existían otras exigencias del FMI. Desde 2007, el organismo viene reclamando “transparencia” en los números que publica el Indec. No porque le preocupe en absoluto que la truchada de índices de precios perjudique a los trabajadores en su lucha por no perder el poder adquisitivo de los salarios. Mucho menos está preocupado por las cotidianas denuncias de atropellos que realizan los trabajadores y técnicos del organismo. Pero sí le interesa que ciertos pulpos de la especulación financiera internacional que han adquirido bonos de la deuda argentina ajustables por inflación, estén cobrando menos por la información falsa que publica el Indec. Por eso viene insistiendo en un “acuerdo de caballeros” con el gobierno argentino: que la intervención siga haciendo lo que quiere internamente, pero elaborar “algo” (otro índice) válido para las relaciones financieras de Argentina con el mundo.

El problema fue que, mientras los funcionarios de Economía estaban gestionando una misión para avanzar en esto de “muy bajo perfil” -casi secreta-, la noticia se filtró desde la burocracia del Fondo y el gobierno no tuvo más remedio que reconocerla. Ahí fue cuando apareció la patética frase de Boudou: “no nos bajamos los pantalones”, que, por supuesto, no se la creyó nadie.

La misión del Fondo será para, supuestamente, brindar asesoramiento en la elaboración de un “nuevo” Indice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional. Desde ya anticipa que, bajo ningún aspecto, se discutirá las truchadas hechas en el organismo desde enero de 2007. Se insiste en que se trata de una misión “técnica”, compuesta por expertos en estadística. El planteo no se sostiene por sí mismo. El famoso IPC nacional ya existía, producto del trabajo de los técnicos del Indec hoy desplazados, se había comenzado a construir en 2002 y a publicar en 2005. Fue la actual intervención la que dejó de publicarlo en 2008, ante la evidente diferencia que había entre los números de inflación de las provincias y el índice trucho que publicaba el Indec. En síntesis, no hace falta “ningún asesoramiento técnico especializado”, ni para volver a calcular un índice nacional ni para dejar de truchar el actual. Bastaría con reponer en sus funciones a los trabajadores desplazados por la intervención y volver a la obvia metodología de relevar los precios de toda la canasta de productos que se medía antes, y tomar esos precios de los puntos de venta (supermercados, almacenes y shoppings), no de las “listas de precios oficiales” que publica Guillermo Moreno. Pero lo que le interesa al gobierno es el aval del Fondo para que desaparezca cualquier crítica internacional al Indec.

Para terminar con la intervención del Indec no hace falta ninguna misión del FMI. Bastaría con hacer lo que los mismos trabajadores del organismo vienen reclamando. Lo que ha desnudado este sainete es el doble discurso de un gobierno que despotrica contra el Fondo en las tribunas, mientras sigue cumpliendo lo único que verdaderamente le interesa a los pulpos internacionales: que la Argentina pague, peso sobre peso, su infinita deuda externa.

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Jubilados: ¿500 pesos u 82% móvil?

Cristina demagógicamente anunció un pago “por única vez” de 500 pesos para los jubilados que cobran la mínima. Nadie duda de que nuestros abuelos necesitan desesperadamente ese dinero, “que volará” inmediatamente en compras de remedios, pagos de cuentas atrasadas y, con suerte, algún modesto regalo para los nietos en las fiestas.

Lo que indigna es que el gobierno se disfrace de Papá Noel y lo muestre como un gran gesto de “justicia social”. Hace menos de dos meses Cristina vetó la ley del 82% móvil, o sea, un mísero aumento de poco más de 300 pesos sobre las jubilaciones mínimas. Increíblemente aducía que “no había plata”, mientras a los pocos días anunciaba el pago al contado de la deuda pendiente con el Club de París: el total del aumento a los jubilados planteado por la ley costaba, en términos anuales, menos que ese pago a los usureros. Mientras tanto, las cajas del Anses y del Pami se siguen usando para financiar pagos de deuda externa.

Al mismo tiempo, decenas de miles de abuelos se ven obligados a hacer juicio para que le liquiden la jubilación como se debe. Cuando los fallos salen a su favor, el gobierno los apela, apostando miserablemente a que pase el tiempo y los demandantes, muchos de avanzada edad, mueran. ¡Es hora de terminar con el manoseo a los jubilados y hacer justicia de una vez con nuestros viejos, otorgándoles un aumento digno y reconociéndoles lo que constitucionalmente les corresponde: el 82% móvil!

Denuncia de la represión a la comunidad Qom en Formosa

2010-11-28T12:58:00.001-03:00

"DALE TU MANO AL INDIO", un grito de indignación ante la injusticia y la indiferencia. JUSTICIA PARA NUESTROS HERMANOS ORIGINARIOS FORMOSEÑOS!!!

2010-11-27T03:18:00.001-03:00

Elis Regina, Águas de Março

2010-11-26T12:29:00.001-03:00

biografia de Marx parte 1

2010-11-24T22:50:00.000-03:00

Biografia de Karl Marx parte 2

2010-11-24T22:46:00.000-03:00

Biografía de Karl Marx parte 3

2010-11-24T22:45:00.000-03:00

Conferencia de prensa en el Congreso contra la Reforma Política: NO a la proscripción del gobierno a los partidos políticos

2010-11-24T07:39:00.000-03:00

Comunicado de Prensa

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010

NO a la proscripción del gobierno a los partidos políticos

Ingreso al Anexo de la Cámara de Diputados

Este miércoles 24 se realizará una Conferencia de Prensa para denunciar la proscripción del gobierno a los partidos políticos a través de la reforma política y el posterior Decreto 200472009 de Cristina Kirchner.

Participarán representantes de numerosos partidos políticos de orden nacional y de distrito, entre ellos José Castillo, dirigente nacional de Izquierda Socialista.

Virginia Fariña (apoderada de Izquierda Socialista) y José Castillo señalaron: “De mantenerse la reforma política del gobierno (que beneficia al bipartidismo), tanto la izquierda, como la centroizquierda y otros partidos legales no podríamos participar de las elecciones presidenciales del año que viene. Una clara medida antidemocrática y proscriptiva que exigimos se deje sin efecto”.

Goran Bregovic - Mesecina from the film 'Underground'

2010-11-24T04:58:00.000-03:00

impresionante definición del Imperialismo del Che Guevara, en discurso del año 1965

2010-11-23T20:12:00.000-03:00

Lenin (1919): ¿qué es el poder soviético?

2010-11-23T09:17:00.000-03:00

Jean Paul Sartre: un ejemplo de Intelectual comprometido.

2010-11-23T08:58:00.001-03:00

Frida Kahlo:la mujer más inquietante del siglo XX

2010-11-22T22:49:00.000-03:00

Marx! Lenin! Trotsky!

2010-11-22T15:34:00.000-03:00

Los Redondos - Esa Estrella era mi Lujo

2010-11-22T12:44:00.000-03:00

Ser diferente es... normal

2010-11-22T10:17:00.000-03:00

A un mes del asesinato de Mariano Ferreyra

2010-11-19T08:43:00.000-03:00

Marchamos por CARCEL A PEDRAZA

Viernes 19/11, 17 hs, de Estación Constitución a Pza. de Mayo

José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista quien encabezará la marcha de mañana, señaló: “Nos volvemos a movilizar para exigir cárcel para el burócrata asesino y millonario José Pedraza, autor intelectual del crimen de Mariano Ferreyra, quien aún no fue imputado. El castigo a la policía que liberó la zona para que actuara la patota. Y para terminar con el negocio de las tercerizadas, que este gobierno avala. Y el próximo martes 23 apoyaremos a los trabajadores del Roca pidiendo por el pase a planta permanente, de Constitución al ministerio de Trabajo, desde las 16 horas”.

2010-11-16T15:59:00.000-03:00

Ahora al Club de París

Cristina sigue pagando

José Castillo

La Presidente anunció por cadena nacional el pago de la deuda externa con el Club de París. Son 7.700 millones de dólares que irán a manos de los gobiernos imperialistas, en vez de dedicarlos a salario, empleo, salud o educación

Hace pocas semanas el gobierno vetó el 82% móvil para los jubilados. Una ley que, a pesar que implicaba un aumento de poco más de 300 pesos, fue catalogada de “imposible de financiar”, que “nos llevaría a la quiebra” y otras expresiones semejantes. Se estaba hablando en concreto de 30.000 millones de pesos. Amigo lector, retenga ese número. Porque ahora, la presidente ha informado, como si fuera un gran triunfo, que vamos a pagar al contado la deuda con el Club de París. ¿Cuánto es en plata? 7.700 millones de dólares, o sea 30.800 millones de pesos. ¿No era que no “existía esa plata” para pagarle a los jubilados?

Ahora sabemos la verdad: efectivamente “no hay plata” para el 82% móvil, tampoco para los empleados estatales, ni para los docentes, ni mucho menos para mejorar la educación y la salud públicas que se caen a pedazos, porque ese dinero irá, una vez más, a manos de los pulpos imperialistas.

No es la primera vez

Desde el comienzo del gobierno de los Kirchner venimos escuchando la misma cantinela: toneladas de discursos contra el FMI, contra los “acreedores buitres”, para, al mismo tiempo, pagar una y otra vez. Los gobiernos de Néstor y Cristina son los que más pagaron en efectivo la deuda externa en toda la historia argentina. No sólo eso: en 2006 se canceló, en efectivo, por anticipado y con reservas, toda la deuda con el FMI, por 9.000 millones de dólares.

Después se “normalizó” la deuda que se había dejado de pagar con los acreedores privados en 2001: se hizo un canje que, además de ser un fabuloso negociado para los tenedores de bonos, le dejó jugosas comisiones a los bancos intermediarios. Y, desde ahí, se pagó puntillosamente cada vencimiento. Hace menos de un año, vino “el segundo canje”, donde se le reconoció la deuda a los acreedores que habían quedado afuera del primero (a los que se había dicho demagógicamente que “no se les iba a pagar más”). Nueva deuda reconocida, que generó nuevos vencimientos. Para pagar todo esto, se usó durante todos estos años plata del presupuesto, de las reservas (dos veces) y ¡hasta del Anses!

¿Nos desendeudamos?

El gobierno acepta que realizó todos estos pagos, destinando esas millonadas al barril sin fondo de la deuda, pero retruca: “la deuda se achica; la política del gobierno es reducir el monto del endeudamiento”. Para demostrarnos que eso es lo que está haciendo, dibuja los números, como en el Indec. No contabiliza como deuda una parte de la misma (los intereses acumulados, la deuda que no entró en el segundo canje, las ganancias generadas por los bonos que ajustan por crecimiento del PBI), ni cuenta las deudas provinciales. Si hiciera bien los números e incorporara todo esto, veremos que la deuda ha subido al valor astronómico de más de 200.000 millones de dólares. El gobierno también compara la deuda existente a fines de 2001 con el PBI de 2002 y dice que “la relación deuda/PBI bajó”. ¡Obvio, compara contra el PBI más bajo de la década! Pero, si comparamos esa misma relación con el momento previo a la caída de De La Rúa, la relación deuda/PBI era similar a la actual: la deuda era entonces, y es ahora, más de medio PBI (50%). ¡Debemos, proporcionalmente a nuestro PBI, lo mismo que antes de la crisis de 2001!

¿Nos “salvamos” por no pasar por el FMI?

Este es otro de los argumentos del gobierno. Habría “logrado” que los miembros del Club de París acepten que no se pase por la auditoría del Fondo. El argumento es falaz por partida doble. Primero, porque la exigencia de “pasar por el FMI” era para que Argentina “renegociara” los vencimientos. Pero ahora paga al contado, o a lo sumo en un par de cuotas, toda la deuda (capital, intereses e incluso deudas no vencidas). No pasamos por el Fondo porque el gobierno “se ajusta a sí mismo”. El FMI nos hubiera pedido, por ejemplo, que ajustáramos 30.000 millones de pesos. ¡Eso mismo hace el gobierno al destinar ese monto a pagar en efectivo!

La segunda falacia es la de que “nadie nos controla”. La negociación es producto de un acuerdo en el G20. Se sabe que la Argentina pedía pagar a cinco años. Los países del G20 le exigieron que cancelara a un año. En síntesis: es el propio G20, en el que están los mismos países imperialistas que deciden en el directorio del Fondo, el que “diseñó” cómo y cuando va a pagar la Argentina.

¿Vendrán “capitales”?

Acá tenemos otra gran falsedad. Ahora sí, nos dicen, después de cancelar esta deuda, que vendrían los ansiados “capitales”, créditos e inversiones que nos beneficiarían a todos. ¡Mentira! No va a venir ninguna inversión productiva. Y las que están no dejan ningún beneficio al país. Recordemos que en 2008, fue la propia Cristina la que le otorgó un crédito a la filial local de la General Motors: esa multinacional no sólo no pone un peso en el país y se lleva las ganancias que obtiene del sacrificio del trabajo argentino, sino que encima recibe préstamos y subsidios estatales.

Los que “van a venir”, probablemente, son capitales especulativos, atraídos por las altas tasas, los privilegios y las superganancias que ofrece el sistema financiero y bursátil argentino. Esto no sólo no deja nada a los trabajadores y el pueblo, sino que además, como ya pasó otras veces, abre el riesgo de burbujas especulativas que después terminan estallando y nos hacen pagar los platos rotos a los de abajo.

En síntesis, el discurso de Cristina desnuda una única verdad: en la Argentina plata hay. La gran pelea es si se la destina, una vez más, a la ilegal, inmoral e infinitamente impagable deuda externa, o, por el contrario, de una vez por todas, a resolver las acuciantes necesidades de los trabajadores y el pueblo.

Soy lo que soy

2010-11-05T15:04:00.000-03:00

Nao Elecctro Stiletto kickback kenny kenny

2010-09-30T17:04:00.000-03:00

Intervención en acto de cierre de la lista 5 Frente Clasista para las elecciones de la CTA

2010-09-19T12:16:00.000-03:00

JELEM JELEM -El Himno nacional gitano. ¡Vergüenza Sarkozy! Miles hoy marcharon en París contra la deportación de gitanos. No olvidar! Los nazis también los deportaron y asesinaron! HOY TODOS SOMOS GITANOS

2010-09-04T12:21:00.000-03:00

Campaña a 70 años del assesinato de León Trotsky

2010-09-03T12:26:00.000-03:00

Apuntes para analizar la política económica kirchnerista

2010-08-22T09:47:00.000-03:00

Más allá del doble discurso: la continuidad de un modelo de acumulación excluyente, concentrado y extranjerizante. Apuntes para analizar la política económica kirchnerista

(Publicado en Anuario EDI 2011)
El debate sobre las continuidades y rupturas del modelo económico kirchnerista con respecto a períodos anteriores es apasionante, habiéndose transformado en un verdadero parteaguas para el análisis de la coyuntura económica argentina. Por supuesto, toda clasificación es relativa a un segmento de la realidad. Por eso en el presente texto nos posicionaremos en tratar de dilucidar alguna conclusión o tendencia, ya que, como todo en la realidad, siempre hay “continuidades” y “rupturas”. En ese marco, luego de proceder a precisar de qué hablamos cuando nos referimos a “modelo económico post-convertilidad”, nos ubicaremos entre aquellos que encontramos muchas más “continuidades” que “rupturas” con modelos anteriores. Dado que este texto es fruto del debate colectivo llevado adelante en el taller anual del EDI, iremos manteniendo las preguntas base que lo convocaron, a los efectos de que se pueda comparar con los otros textos de este mismo anuario.

Acerca del debate sobre la existencia de “un modelo económico post-convertibilidad”

La primera propuesta es ponernos de acuerdo acerca de que estamos comparando. Y para ello debemos definir que es un “modelo”.Si definimos “modelo” como usualmente se lo hace para periodizar la economía argentina (a grandes rasgos primario exportador, sustitutivo de importaciones y post-76 , la respuesta es tajante: no. No hay un nuevo modelo económico post-convertibilidad. Las continuidades con los ejes centrales de acumulación del capital en nuestro país son mucho mayores a las rupturas.

Los grandes ejes del modelo de valorización financiera –el endeudamiento externo, la fuga de capitales financiada por la apertura cambiaria, una ley de entidades financieras que prioriza la acumulación en ese sector, y la prioridad a la concentración y centralización del capital, siguen siendo las características centrales y prioritarias para entender la estructura económica argentina y analizar sus políticas económicas. Para precisar, estamos afirmando la permanencia de un mismo régimen de acumulación, que continúa desde 1976 a la fecha.

Claro que esta respuesta que ensayamos encierra un problema: no hay grandes debates sobre como definir al régimen de acumulación primario exportador, o a la sustitución de importaciones con sus dos fases. Sin embargo, los economistas argentinos no hemos logrado ponernos de acuerdo en como denominar al nuevo régimen de acumulación abierto con la dictadura. Por la profusión de sus trabajos y su especialización en el tema, hemos terminado aceptando el nombre de “hegemonía financiera” o “valorización financiera” establecida en su momento por Basualdo y Khavise. Pero sabemos que eso deja abiertas cantidades enormes de sutilezas acerca de cómo exactamente funcionaba ese régimen de acumulación, cuál fue (y es) la importancia precisa del endeudamiento externo, cuál la de la fuga de capitales, etc. Y estos matices no resueltos pueden generar zonas grises al precisar el grado de “continuidad” de este régimen de acumulación en el siglo XXI. Aún así, tenemos absoluta claridad que no se ha abierto un nuevo régimen basado en la industrialización y la diversificación productiva hacia el mercado interno (como se sostiene desde sectores cercanos al oficialismo), ni tampoco tenemos una “reprimarización” de la economía basada en la soja que nos permita hablar de algo similar a una vuelta al régimen agroexportador.

Definida esta continuidad en el nivel de análisis de los regímenes de acumulación, corresponde que descendamos a un espacio más concreto: el de las políticas económicas.

Acá sí, evidentemente, las políticas económicas de este gobierno son diferentes a las de la década del 90. Sin embargo, esto no significa ninguna excepcionalidad. El régimen de acumulación de valorización financiera ya tuvo diferentes políticas económicas, incluso dentro de un mismo gobierno. En una rápida enumeración: ajuste inicial del período 76-78, enfoque monetario de la balanza de pagos (79-81), devaluaciones y estatización de deuda (81-83), política económica clásica de la sustitución sin tocar las modificaciones de la dictadura (1983-1985), ajuste heterodoxo (1985-89), privatizaciones y ajustes sin convertibilidad (1989-1991), convertibilidad (1989). Y luego la “post-convertibilidad”.

Nótese que las políticas “post convertibilidad” no comienzan con Kirchner, sino a principios de 2002, con la devaluación, y siendo más precisos, a fines de 2001, con la cesación de pagos. Y que, sus primeros efectos en términos de reactivación y crecimiento económico son del segundo semestre de ese año, aún durante el gobierno de Duhalde. Por lo que, aún en el terreno de las políticas económicas, existe también una segunda “continuidad”, en este caso con el duhaldismo.

Continuidades y rupturas al interior de las políticas económicas post-devaluación

Las políticas económicas, en sus grandes rasgos, han mantenido continuidad desde la maxidevaluación de de 2002. Podemos, sin embargo, ensayar dos periodizaciones.

La primera, en base a la correlación con los momentos de crecimiento y recesión.

La gran subdivisión está aquí dada por su relación con la economía mundial: antes y después de la crisis de 2007. Encontramos entonces, un primer período con fuerte “viento de cola” y superávits gemelos. La economía argentina crece a tasas muy altas, en el marco de lo que sucede en todo Latinoamérica y el mundo.

Y luego pasamos a un segundo período con una coyuntura internacional más adversa. Este segundo período a su vez puede subdividirse en un primer momento donde la economía cae en la recesión (2008-primer semestre de 2009), y otro, donde con un conjunto muy agresivo de políticas contracíclicas, se da la reactivación posterior.

La otra forma de periodización implicaría poner énfasis en los momentos de relativa unidad burguesa (por afinidad o disciplinamiento) con el gobierno kirchnerista, y los de ruptura.

Así tendríamos un primer período, que coincide con todo el gobierno de Néstor y los primeros meses de Cristina, hasta el conflicto de la 125. Básicamente, la característica del mismo fue la existencia de una mayoría muy sólida y homogénea de la burguesía nacional y extranjera que se alineaba con el gobierno (lo cual no quiere decir que al interior de este bloque no existieran ganadores y perdedores relativos).

Luego se abre un segundo momento, donde se da una división muy importante en la burguesía, con un sector que pasa claramente a la oposición. Desde agosto de 2008 hasta las elecciones de junio de 2009, esta etapa se caracteriza por un gobierno claramente a la defensiva.

Y, finalmente, un nuevo período, posterior a las elecciones de 2009 hasta hoy, caracterizado por la ofensiva del gobierno en una política anticíclica que confronta fuertemente con el sector burgués opositor, aunque siempre manteniendo los trazos generales del conjunto de la política económica (en ningún momento, ni siquiera retóricamente, se sale hacia políticas “anticapitalistas”).

Consecuencias sobre la estructura económica argentina

Claramente la estructura económica argentina ha sufrido transformaciones. Sin embargo, cabría preguntarse si estas son consecuencias directas de las políticas económicas post 2003 (propias del kirchnerismo), o de las post 2002 (devaluación), de la coyuntura internacional expansiva del período (segundo semestre de 2002-primero de 2007), o de cambios estructurales que venían incubándose incluso desde la década anterior.

Esto último parece ser lo central en el sector agropecuario. Acá operó la gran transformación-reconversión que se venía incubando y que, precios relativos mediante, se produce desde 2003 (estos cambios estructurales ya los analizamos en el Anuario EDI 2008).

En el sector financiero, es donde se han dado menos modificaciones. Discrepamos con toda una serie de interpretaciones que analizan la década del 90 como una liderada por un “bloque de poder” con hegemonía de este sector, que habría sido reemplazada en el siglo XXI por otra donde el sector cumple un rol más subordinado. La realidad es que los bancos recuperaron sus niveles de ganancia de la década del 90, y, redescuentos mediante, pudieron licuar la totalidad de sus pérdidas de la pesificación asimétrica. Sí cabe analizar, como un efecto concreto de la política económica kirchnerista, la mayor presencia de los bancos estatales en los mercados de depósitos y créditos -aunque cabe aclarar que, salvo en el período contracíciclo final (2009-2010) el crédito hipotecario y el crédito para la pequeña y mediana empresa brilló por su ausencia y los sectores populares siguieron teniendo como única herramienta de -crédito las tarjetas).

En el sector industrial, si bien se ha producido algún grado de “re-sustitución” de importaciones, sobre todo en el momento inmediato posterior a la devaluación, no se ha modificado estructuralmente el patrón de acumulación. La industria argentina sigue caracterizándose por su falta de articulación en sus eslabones productivos y presenta la misma concentración, centralización y extranjerización que en la década del 90. Al respecto remitimos al reciente trabajo de Azpiazu y Schorr.

Un elemento nuevo que irrumpe en la estructura productiva argentina es el sector minero. Producto de un conjunto de legislaciones nacidas en la década del 90 –que arrancan con la propia reforma constitucional de 1994, la minería a cielo abierto, con la presencia de las transnacionales más importantes del mundo, hace su ingreso en la Argentina, como un nuevo actor cuyas consecuencias, sobre todo sobre las economías regionales de las provincias afectadas, todavía no vemos con toda su magnitud.

En lo financiero y lo industrial, lo novedoso es la aparición de los jugadores del “club de amigos”: la Kirchner-burguesía (Cristóbal López, Eurnekián, Gerardo Ferreyra, Lázaro Baéz, Whertein). Se trata de nuevos actores que irrumpen en la banca, en los servicios públicos privatizados y el sector extractivo (petrolero y minero).

Es importante, sin embargo, señalar que no se trata de un dato novedoso. El modelo de valorización financiero siempre pivoteó con un grupo selecto de empresas locales (los grupos económicos afines a la dictadura, los capitanes de la industria del alfonsinismo, los empresarios locales amigos de Menem). Desde esa perspectiva, el kirchnerismo no es distinto a los demás.

Resultados sociales de las políticas económica post devaluación

En líneas generales, la política post 2003 no logra rompe la matriz regresiva del modelo de valorización financiera. Para poder sostener esta afirmación, es necesario definir esta matriz, por lo menos en sus rasgos más generales, por comparación con el régimen de acumulación anterior (sustitutivo de importaciones):

a) la existencia de desempleo (visible y estructural), con las consecuentes dificultades para los sectores más vulnerables (jóvenes, marginados y viejos que ya no acceden al mercado de trabajo, y un tercio de los ocupados en negro).

b) Trabajadores pobres. Una masa importantísima de la clase trabajadora por debajo de la canasta familiar.

c) Pobreza estructural de masas y sus consecuencias sociales: marginación, delito, analfabetismo, desnutrición, prostitución. Se trata de una “mancha geográfica” visiblemente extendida en el tercer cordón del conurbano, el conurbano rosarino y cordobés. Que se suma a la pobreza estructural histórica de la Argentina en el NOA y el NEA, y a la “nueva” generada en otros lugares del territorio nacional tras la privatización y cierre de empresas como YPF.

Este es el marco general comparativo. Obviamente, los indicadores sociales sí mejoraron en comparación con el desastre de fines de 2001. Pero la mayoría se estabilizó en valores de la década del 90 (niveles de desempleo, pobreza, valores salariales). Cabe aclarar que todas las afirmaciones de este ítem cuentan con la desventaja de no poder contar con indicadores medianamente objetivos debido a la intervención del Indec operada en enero de 2007.

Un interrogante importante es acerca de si las mejoras fueron producto del diseño específico de objetivos de política económica, o por el contrario la consecuencia de “respuestas” a situaciones que se fueron generando más allá de la voluntad de los gobernantes.

¿De qué dependieron, en concreto, las políticas redistributivas del período?

1) De las luchas post argentinazo: de ahí devienen el plan Jefes y Jefas de hogar, que permitió acceder a un símil de seguro de desempleo para 2.300.000 personas. Del mismo período es la doble indemnización por despidos, vigente durante buena parte del período analizado.

2) Del cambio de precios relativos y de una tenue re-sustitución dependió el incremento del empleo.

3) De las luchas salariales que modificaron parcialmente la distribución del ingreso. Esto es particularmente desde fines de 2004. Un dato a destacar con respecto a las mejoras de los ingresos salariales: en el 2006 la inflación empieza a “competir” fuertemente contra estas mejoras salariales. Este tema es fundamental a partir de 2007. La suba generalizada de precios pasa a ser determinante en su rol regresivo del ingreso. La “curva” de mejoras que se venía dando desde la post-devaluación cambia de signo: se incrementa la pobreza y caen los salarios reales.

4) Post 2008 aparecen algunas políticas anticíclicas importantes: la generalización de las jubilaciones, la Asignación Universal por Hijo, el Repro (con el objetivo específico de “achicar el impacto” sobre el empleo de la crisis mundial), y el Programa Argentina Trabaja. Todavía es muy pronto para analizar específicamente sus impactos. Nuevamente, aquí una dificultad insalvable es la poca credibilidad de los índices del Indec. Diversos estudios, que analizan los receptores de beneficios, la financiación de los programas, y los cruces entre programas nuevos y otros que se reemplazan, llegan a resultados contradictorios. Es un hecho, sin embargo, que, por lo menos en el caso de la Asignación Universal por Hijo, más allá de sus limitaciones, ha tenido algún impacto sobre la pobreza extrema.

Las contradicciones del esquema vigente

A pesar de que se sostenga lo contrario, con los discursos sobre “desendeudamiento”, es evidente que el principal problema de la economía argentina, y el límite para la viabilidad de sus políticas económicas sigue siendo el nivel de la deuda externa (insistimos con esta denominación, en lugar de utilizar otros términos como “deuda pública”). Remitimos al lector, en este ítem, al documento del EDI en este mismo número y a la bibliografía citada.

En un aspecto ya más específico, otro elemento importante a tener en cuenta, que orada constantemente la lógica del modelo económico, es la persistencia de la inflación, con sus efectos sobre la distribución del ingreso y la revaluación del tipo de cambio.

Un tercer ítem, fundamental para analizar las posibilidades de sostener en el tiempo un crecimiento del PBI como el visto en esta década es la calidad de la inversión. Este es un tema fuertemente discutido, ya que el porcentaje de inversión con respecto al PBI (22%) está evidentemente alto, por lo menos para los patrones históricos de la Argentina. Sin embargo, su desagregado, presenta serios problemas, cuando analizamos su impacto sobre la matriz reproductiva. El caso más tangente es la crónica crisis energética de la economía argentina, que amenaza en transfomarse en un nuevo “stop and go” para nuestra economía.

El cuarto elemento que le marca un límite a la viabilidad de las políticas económicas actuales, tiene que ver con los actores sociales en los que se apoya el gobierno. Se trata, una vez más, de la existencia o no de un sector de burguesía nacional con un proyecto de desarrollo capitalista autónomo para la Argentina. Pocas veces, en la historia argentina, es más patente esta ausencia.

Los Kirchner han fracasado en “atraer” como socios a una porción fundamental de la burguesía que opera en el país (todo el agronegocio). Y los sectores que le quedan como afines refuerzan una matriz extractiva depredadora (minería o petróleo), o son fuertemente dependientes de los subsidios públicos.

Los impactos de la crisis internacional

La crisis mundial abierta en julio de 2007, desnudó que el modelo dependía y depende de precios internacionales y de la posibilidad de refinanciar deuda. Las fragilidades aparecieron con mucha claridad en el primer semestre de 2008, y tuvieron una relación directa en el desencadenamiento del conflicto de la Resolución 125.

En el tiempo, los efectos de la crisis sobre la economía local, fueron distintos, en la primera mitad de 2008 (efecto suspensión del financiamiento “fácil” en el mercado mundial), segunda mitad de 2008 y primera de 2009 (efectos más graves, con descenso de los precios de las commodities y ascenso del desempleo en el último trimestre), y el período desde el segundo semestre de 2009 (donde la Argentina, al igual que otros países periféricos, da la impresión de tener capacidad de “despegarse” de los efectos más directos de la crisis global).

La crisis internacional le pegó a la Argentina primero en la limitación y encarecimiento de fuentes de financiamiento. Segundo (muy parcialmente) en los movimientos oscilatorios (2008 y 2009) de los precios internacionales de las commodities. Tercero, en la decisión de las multinacionales que operaban en la Argentina de despedir o suspender personal (último trimestre de 2008).

Hay un cuarto factor de impacto, que todavía no operó en la Argentina: una eventual caída en el crecimiento económico, y por tanto la demanda de importaciones, por parte de China y, eventualmente, Brasil.

De estos cuatro eventuales impactos, el único que se sostiene, parcialmente, afectando la economía argentina, es la limitación de acceso al crédito internacional a tasas razonables (inferiores al 10%).

Las comparaciones con el resto de Latinoamérica

Resulta imposible realizar un análisis comparativo de Argentina con respecto a los otros países de la región desvinculado del análisis político. Con las limitaciones que esto implica, y remitiéndonos exclusivamente a las políticas económicas implementadas, lo primero que debemos afirmar es que Argentina no es Venezuela, ni Bolivia, ni Ecuador, países que, con sus contradicciones, han establecido políticas relativamente independientes del imperialismo norteamericano.

Por supuesto que tampoco es Colombia, Perú, Chile, México ni Uruguay, países que han puesto un fortísimo énfasis para el éxito de sus política en una relación comercial privilegiada con los Estados Unidos.

Por último, digamos que la Argentina tampoco es Brasil. Ni por tamaño de mercado, ni por dinamismo de su burguesía. Las diferencias son de gobierno, de clase dominante y de alineamiento internacional.

Estas definiciones “por la negativa” no deben hacernos caer en la trampa de “la excepcionalidad de la política económica argentina”. Nuestro país comparte muchos rasgos comunes con otros: su subordinación a los pagos de deuda externa, incluso anticipados y la mal llamada “política de desendeudamiento”, la matriz de saqueo de ciertos recursos naturales (soja, minería) y, también, con muchos de ellos, los intentos de aprovechar mercados internos regionales.

¿La oposición tiene un modelo alternativo?

Tajantemente no, más allá de la esgrima de la retórica. Ni siquiera es claro que exista una política económica global diferente. Si, por supuesto hay matices, en políticas económicas específicas (por ejempo eliminación de las retenciones). Pero la oposición parlamentaria se apoya en economistas que serían catalogados “heterodoxos” por el establishment. Difícilmente un nuevo gobierno no kirchnerista pueda dar un giro claro y rápido a una ortodoxia económica como la de la década del 90. Los motivos son dos: el primero tiene que ver con las relaciones de fuerza creadas post argentinazo. Y el segundo, es que, si, como sostenemos, creemos que hay una continuidad con el modelo de valorización financiera, no vemos motivos reales para que alguien reclame cambios estructurales en forma urgente.

Lineamientos de una política económica de izquierda

Resulta fundamental salir de la trampa retórica que nos encasilla a “apoyar las medidas heterodoxas porque son las únicas progresistas, frente a la ortodoxia neoliberal”. Un programa económico de la izquierda debe partir de dar respuestas radicales a los problemas estructurales de la economía argentina, en una transición para un modelo de desarrollo no capitalista. Las principales medidas ya están planteadas en el programa fundacional del EDI. Acá simplemente las enumeramos:

* No pago de la deuda.

* Incremento salarial y de jubilaciones de emergencia.

* Plan de obras públicas para terminar con el desempleo estructural.

* Nacionalización de la banca y el comercio exterior.

* Reestatizaciones de las empresas de servicios públicos privatizados bajo el control de trabajadores y usuarios.

* Reestatización del gas y el petróleo.

* Reforma impositiva progresiva

* Reforma agraria

Cabe mencionar que esto no es un “programa de máxima”, sino un conjunto de medidas de emergencia que abran una nueva perspectiva, un camino no capitalista de desarrollo de la economía argentina.

Sí quizás, sea importante posicionarse sobre ciertos temas de la coyuntura. Varios de ellos los mencionamos en los dos documentos recientes del EDI.

Un punto importante es, como parte de un real programa de redistribución del ingreso, ampliar, en cobertura y monto, la Asignación Universal por Hijo. Y avanzar realmente en la recomposición de los haberes jubilatorios (pago de las deudas pendientes y garantía del 82%). Para ambos temas, proponemos entrar a fondo en las cuestiones del financiamiento: la ampliación de los aportes patronales, la eliminación de la legislación de flexibilización laboral de los 90 y la lucha real contra el trabajo en negr0 (35% del total), apuntando a responder como incrementar los aportes a la caja del Anses. Y un impuesto a la renta financiera y una reforma impositiva en general, para financiar desde el presupuesto la diferencia. Y la prohibición de financiar al estado (comprar bonos públicos, léase financiar deuda, o financiar proyectos privados, transformando al Fondo del Anses en un Banco de Desarrollo) tendiendo con esto a a cuidar y no desfinanciar el stock que proviene de las AFJP. Con respecto a las deudas preexistentes con los jubilados, se trata de un stock que debe ser afrontado con recursos o reservas, prioritariamente a otros usos, como pago de deuda o subsidios a empresas privadas.

Bibliografía

Castillo, José, Deuda Externa: colonización, miseria y corrupción, Ediciones El Socialista, Buenos Aires. Abril de 2010.

Castillo, José, Crisis de la Economía Mundial: 40 años de crisis crónica del capitalismo, Edición Voz de los Trabajadores, Caracas, 2009.

Castillo, José, La economía argentina, el conflicto del campo y las perspectivas en el corto plazo, en Anuario EDI 2008, Buenos Aires, Setiembre 2008

Castillo, José “La inflación: un debate teórico imprescindible para el pensamiento económico crítico”, en el Coloquio “América Latina: desafíos y perspectivas para la construcción de una nueva sociedad”, III Coloquio Internacional de la SEPLA (Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico), Escuela Venezolana de Planificación, Caracas, Venezuela, noviembre de 2007.

Castillo, José, La economía argentina desde mediados del 2002, en Anuario EDI 2007, Buenos Aires, Abril de 2007

Azpiazu, Daniel y Martín Schorr, Hecho en Argentina: industria y economía , 1976-2007, Siglo XXI, Buenos Aires, 2010.

Documento del EDI, ¿Por qué rebrota la inflación? Consideraciones sobre sus causas y soluciones, Anuario EDI 2010, Buenos Aires, 2010.

Canción en honor a Leon Trotsky

2010-08-20T14:39:00.000-03:00

DANIEL VIGLIETTI EL CHUECO MACIEL

2010-07-22T21:56:00.000-03:00

PARA SABER COMO ES LA SOLEDAD

2010-07-20T12:31:00.000-03:00

La maldicion del malinche- Ampara Ochoa

2010-07-01T12:11:00.000-03:00

Pink Floyd - Another Brick in the Wall

2010-06-10T15:22:00.000-03:00

POSDATA PEPE CIBRIAN CAMPOY 12-05-10

2010-06-10T12:39:00.000-03:00

A LAS BARRICADAS

2010-05-31T14:19:00.000-03:00

Entrevista a José Castillo, economista y profesor.

2010-05-30T15:17:00.000-03:00

La crisis capitalista que no cesa

2010-05-30T15:05:00.001-03:00

En vísperas de la Guerra Civil Española, el poeta Miguel Hernández escribió un libro titulado “El rayo que no cesa”. Pocos títulos podrían reflejar mejor este nuevo capítulo de la crisis capitalista imperialista mundial.

La crisis no cesa. A pesar de que, pocas veces en la historia se gastó tanta tinta para sostener, una y otra vez, que “ahora sí”, el desbarranco que había comenzado en julio de 2007 con el estallido especulativo de las hipotecas en los Estados Unidos, “ya había pasado”. Repasemos: se dijo (y escribió en los principales medios financieros del mundo) que la economía mundial se recuperaba en octubre de 2007, mayo de 2008, varias veces en 2009, y a comienzos de 2010. Y siempre para que la realidad despertara a todos diciéndoles que la crisis, cada vez más aguda, seguía.

Ahora le toca a Europa. Todos lo reconocen, no es sólo Grecia, por más que el estallido haya comenzado por ahí: el país helénico tiene un déficit fiscal del 14% del PBI, pero Irlanda tiene un 15, España un 12, Portugal el 9 y Gran Bretaña el 13. Las deudas de estos países son astronómicas, siendo sus principales acreedores los bancos alemanes y franceses. Todo en el marco de una Unión Europea donde, “teóricamente”, nadie puede pertenecer con un déficit superior al 3% y una deuda más allá del 60% del PBI.

¿De dónde salió este nuevo capítulo? ¿Se trata simplemente de que Grecia “mintió”, escondiendo los números reales de su economía, como señalan algunos analistas?

No hay que ser ingenuos. Ciertamente el gobierno griego mintió -ayudado entre otros por Lehman Brothers, que le “dibujó” los números de su endeudamiento-, pero eso no explica la bola de endeudamiento y déficit de los demás países europeos. La explicación está en otro lado: desde que estalló la crisis en 2007, el Banco Central Europeo acompañó a la Reserva Federal yanqui, al Banco de Inglaterra, al de Canadá y al de Japón en un fenomenal salvataje de los bancos en quiebra. Se tiraron billones de dólares al mercado. Y ahí están, generando ahora una nueva burbuja de endeudamiento, hoy impagable.

Las respuestas de los gobiernos de la Unión Europea son las mismas. Por un lado seguir tirando plata para salvar a los especuladores. Se acaba de implementar un “mega-rescate” de 750.000 millones de euros. Para Grecia solamente, hay un plan especial de 110.000 millones de euros. Pero lo más grave es que ellos mismos saben que esto significa solamente tirar la pelota para adelante. Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo, declaró: “el salvataje de un billón de dólares aprobado por la Unión Europea y el FMI es sólo para ganar un poco de tiempo”.

¿Tiempo para qué? Para ver si pueden hacer pasar el “verdadero” plan: un brutal ajuste, histórico, como no se vio en Europa desde la crisis del 30. Ya lo pusieron en palabras los gobiernos de Grecia, España y Portugal: recortar salarios, eliminar el aguinaldo, aumentar el IVA, despedir empleados públicos, alargar la edad jubilatoria. El nuevo gobierno británico de Cameron parece seguirlos. En síntesis, liquidar viejas conquistas que las clases trabajadoras consiguieron con un siglo de luchas y vienen defendiendo con uñas y dientes. La respuesta obrera y popular fue clarísima, con las multitudinarias marchas y huelgas en Grecia, con las que se vienen en España y Portugal.

Europa entera cruje. Ya nadie se anima a pronosticar sobre el futuro del Euro, la moneda creada hace menos de 10 años como símbolo de una supuesta prosperidad capitalista en la región. Todos saben que este estropicio no terminará en el viejo continente, y empiezan a mirar las consecuencias sobre las economías yanqui y asiáticas.

La crisis abierta en julio de 2007 no cesa. Ya es la más grande desde 1930. Pero, parafraseando nuevamente a Miguel Hernández, no apareció de la nada, no fue un rayo en cielo sereno. El capitalismo imperialista hace 40 años que vive de crisis en crisis. No nos olvidemos del efecto Tequila en México 1994, la crisis asiática del 97, la rusa del 98 o la nuestra de 2001. Es la misma crisis con especulación, superganancias financieras, y luego, los estallidos. Siempre queriendo que las consecuencias las paguen los trabajadores, a través de los planes de ajustes “salvadores”. Y los pueblos, siempre también, resistiendo, como hoy en Grecia o España. Porque eso tampoco cesa: los millones que gritan “que la crisis la paguen ellos, los que la provocaron, los especuladores, los banqueros, los capitalistas”.

¿Cómo impacta la crisis global en Argentina?

2010-05-30T15:04:00.001-03:00

19 de mayo de 2010

Cristina retomó en estos días el doble discurso “anti- FMI” y “anti-políticas neoliberales”. Se despachó a gusto criticando las recetas que se están implementando en Europa y, en particular, los planes de ajuste exigidos por el FMI y el Banco Central Europeo ya aceptados por los gobiernos de Grecia, Portugal, España y Gran Bretaña. Señalemos el carácter cínico del planteo de los Kirchner: el representante argentino ante el FMI se pronunció a favor del ajuste exigido por el organismo, en una nueva prueba del famoso “decir una cosa en la tribuna y hacer exactamente lo contrario en la realidad”.

Pero nos interesa acá analizar el otro argumento del gobierno. Sostiene que, debido a que la Argentina hace las cosas “distinto”, la crisis no llegaría a nuestras tierras. Esta afirmación no es nueva: el gobierno nos la empezó a vender en 2007, cuando la crisis recién comenzaba; que estábamos “blindados” y que, debido a las bondades de la política económica kirchnerista no nos veríamos afectados. Como siempre, la mentira tiene patas cortas.

Empecemos por lo más importante, la deuda externa. Durante el “veranito” de la economía mundial, entre 2003 y mediados de 2007, el gobierno nos decía que la deuda “ya no era un problema”, “se reducía con el canje” (vulgar mentira), o se “refinanciaba” pateando los vencimientos para adelante. Todo eso se acabó desde el estallido de la crisis en julio de 2007. A partir de ese momento ya todos los pagos de la deuda serán “en efectivo”. Camino que ya había emprendido el gobierno pagándole de contado al FMI en enero de 2006, con el verso de que nos íbamos a desendeudar.

El gobierno salió desesperadamente a buscar de dónde sacar la plata. Y así tuvo su primera derrota importante con la Resolución 125, en el conflicto por las retenciones. A partir de ahí empezó el ajuste. Los pagos de deuda se comieron rápidamente todo el superávit fiscal, y luego siguieron con la caja del Anses, del Pami, de la Lotería y ahora con las Reservas. Cuando no le alcanzó para continuar pagando la masa de subsidios a las privatizadas para sostenerles sus superganancias, empezó a incrementar las tarifas.

Todo esto no es nuevo. Y ahora, con esta nueva crisis, va a pegar un salto. El gobierno está jugado a pagar, pagar y seguir pagando los vencimientos de deuda. A ser el “mejor alumno”. Por eso ahora está metido en el nuevo canje. Sostiene que pagar es para obtener financiamiento a tasas accesibles. Pero no las consigue. Ya tuvo que suspender la emisión de un nuevo bono Global 2019 (más deuda), porque se dio cuenta que era imposible conseguir tasas inferiores al 15%. Conclusión: esa plata que no vendrá, saldrá del presupuesto. Será entonces menos dinero para los salarios de los estatales (que hace años están por el piso), para salud, educación o vivienda. El gobierno también deja correr la inflación, porque le permite recaudar más (en pesos y, como el dólar está quieto, también en divisas).

A fines de 2008, cuando la crisis mundial generó su segundo capítulo -la caída de Lehman Brothers y el hundimiento de bolsas y bancos en Estados Unidos-, también se hizo trizas el argumento oficial de que nuestra economía real no sería afectada, ya que a nosotros “nos compra China”. En apenas un par de semanas, una ola de despidos liderados por las empresas transnacionales que operan en nuestro país dejó a centenares de miles de compañeros sin trabajo. Otros tanto sufrieron suspensiones y rebajas de sueldos. La salida del gobierno, en ese momento, fue salir a bancar a las empresas: recordemos el insólito crédito de Cristina a la General Motors, en el mismo momento en que se estaba hundiendo en los Estados Unidos.

La conclusión es transparente: como ya nos pasó en 2007, no es cierto que estamos “blindados”. Ya estamos pagando los efectos de la crisis mundial. La inflación y los bajos salarios son la mejor expresión. No podemos descartar que, si la crisis se profundiza, haya una nueva oleada de despidos. Hoy, en el fragor de un nuevo capítulo de la crisis capitalista global, se impone, más que nunca, dejar de pagar la ilegal, inmoral y fraudulenta deuda externa. Y usar esos fondos para un plan económico de emergencia al servicio de los trabajadores y el pueblo, que nos “blinde” de verdad, ante las más que probables consecuencias del tsunami económico que atraviesa el mundo.

Documento del EDI sobre inflación

2010-05-30T15:03:00.000-03:00

¿Por qué rebrota la inflación?

Consideraciones sobre sus causas y soluciones

La inflación ha reaparecido nuevamente como un grave problema. Coincidiendo con la percepción cotidiana de la población, la mayoría de las estimaciones sitúan la carestía entre el 15 y el 25% anual. Estos porcentajes, que manejan las consultoras privadas y los institutos provinciales, son congruentes con el incremento de la recaudación impositiva en el primer trimestre (18%) y con el promedio de las negociaciones salariales (18-25%).

Estas cifras se encuentran muy lejos de los desastres hiperinflacionarios de los años ‘80 / ‘90 y reflejan también coyunturas estacionales pero, en el mejor de los casos, la suba de precios se ha estabilizado en un nivel que golpea duramente a las mayorías populares.

Este impacto es mayor entre los sectores más empobrecidos, que soportan el encarecimiento de la canasta alimenticia. El incremento de estos precios duplica el promedio general y en algunos rubros -como la carne- alcanzó niveles escalofriantes. La inflación anual de los hogares pobres promedió el año pasado un 22%, mientras que su equivalente entre las familias ricas alcanzó al 13%. La misma tendencia se verificó en los dos primeros meses del 2010 con subas de 6,5% en el primer caso y 4,9% en el segundo.

Un ejemplo de este impacto diferenciado es la licuación de la asignación universal por hijo, cuya preservación requeriría un ajuste mensual automático por la evolución de los precios de la canasta básica de alimentos.

Una estrategia fallida: destrucción de los indicadores

Cualquier debate sobre la inflación ha quedado deformado por la demolición de las estadísticas del INDEC. Como el gobierno niega esa manipulación hay que manejarse con estimaciones para-oficiales, tampoco muy confiables. Desde que comenzó la digitación de las cifras (enero del 2007) se ha introducido una distorsión escandalosa, mientras que los funcionarios calculan desde entonces una suba de 28,1%, los institutos provinciales (Santa Fe o San Luis) registran incrementos de 80%.

El dictamen que prepara la comisión formada para evaluar el manejo oficial de los índices (CAES) es demoledor. Sobran las anormalidades en todos los terrenos (cambios de canasta, reducción de rubros, gastos que desaparecen).

Repitiendo un hábito de administraciones anteriores (especialmente las de Martínez de Hoz y Cavallo), los ministros de economía han intentado disimular la inflación destruyendo al mensajero. Pero el engaño es efímero, ya que resulta imposible tapar la realidad con números ficticios. No solo la población percibe la estafa, sino también funcionarios y empresarios que necesitan contar con datos confiables para adoptar decisiones cotidianas.

La manipulación de los datos ha creado un mundo de fantasía, que impide evaluar los niveles de pobreza e indigencia. Estas magnitudes se calculan utilizando el controvertido índice de precios de la canasta básica de alimentos. Según las estimaciones oficiales, el primer porcentual ha caído a 13,2% y el segundo a 3,5%, incluso antes del otorgamiento del ingreso universal (diciembre 2009). Este diagnóstico contrasta con diversos cálculos privados que triplican esos guarismos (30,1%-31,2% y 10,5% -11,2%).

La caracterización oficial choca con algunas constataciones elementales. No es creíble que la pobreza e indigencia hayan bajado en forma tan radical durante el año pasado, que estuvo dominado por el crecimiento negativo, la contracción de ventas y el aumento del desempleo (de 7,8 a 8,4%). Si las cifras del INDEC fueran ciertas el nivel actual de indigencia se asemejaría al de 1974, cuando el desempleo era de 2,8%, el trabajo en negro rondaba el 17% (hoy 36%) y la brecha entre ricos y pobres era incomparablemente menor. Es más que obvia la distancia que separa el contexto actual de esa época.

Como el imaginario universo oficial es insostenible ya existen varias iniciativas para alivianar la manipulación del INDEC. Pero las propuestas para elaborar nuevos índices van y vienen, con ensayos de canastas que incluyen y excluyen consumos de diverso tipo. La decisión más reciente sería negociar un programa de asistencia técnica con el FMI, que al mismo tiempo es cuestionado como auditor por el propio gobierno. Los funcionarios, que alegaban una conspiración de los acreedores para ajustar los rendimientos de sus títulos con los índices del INDEC, ahora tramitan un asesoramiento del principal protector de esos financistas que, como es sabido, carga con una probada responsabilidad de encubrimientos y fraudes contables al servicio de los grandes banqueros. Sin embargo en cualquier caso lo más importante son las causas de la inflación, no su medición.

Preservación de las ganancias capitalistas

Para quienes integramos Economistas de Izquierda (EDI) en toda formación social capitalista la inflación es resultante de tensiones contradictorias al interior del proceso de producción, que se expresan de diversas maneras según la coyuntura, en la actualidad el principal impulso inflacionario deviene de las macroganancias de las grandes empresas. Los grupos capitalistas más concentrados se aseguran beneficios elevados por medio de la inflación. Nuestra conclusión surge de una simple constatación: solo los capitalistas pueden implementar remarcaciones. La inmensa mayoría de la población está compuesta por simples consumidores de los bienes cotizados por los grandes formadores de los precios.

Para nosotros es importante subrayar esta evidencia para no perder de vista quiénes son los mayores responsables de la inflación actual. Cualquier discusión que omita esta realidad conduce las reflexiones hacia un laberinto. Hay que debatir cuales son las razones que impulsan a los empresarios a subir los precios y evaluar si se trata de actos voluntarios, obligados o perversos. Pero antes de calificarlos es necesario asumir su protagonismo en la carestía, ya que existe un manifiesto ocultamiento de ese rol. Los gobiernos suelen determinar algunos precios básicos de la economía (tipo de cambio, tarifas, salario mínimo) y adoptan políticas que aceleran o atenúan la inflación. Obviamente tienen responsabilidad política (por acción u omisión), pero finalmente quienes remarcan los precios son los capitalistas.

Los dueños de las empresas no limitaron estos aumentos, ni siquiera durante la recaída productiva del complicado año pasado. Según informaciones periodísticas los balances de las firmas que cotizan en Bolsa indicarían un crecimiento de las utilidades promedio de 51,7% en comparación al 2008 con sectores muy beneficiados (bancos, telefónicas, siderúrgicas), pero la performance habría sido muy buena para todos en el peor ejercicio del ciclo iniciado en el 2003. Otro cálculo más extendido revela que la rentabilidad bruta fue muy elevada entre el 2004 y el 2007, se atenuó posteriormente y se mantuvo siempre por encima de los años ‘90. El nivel del año pasado se ubicó por ejemplo un 15% por arriba del 2001.

Un indicador de la inflación como ajustador de las ganancias es el comportamiento de los precios mayoristas, que tiende a subir en forma preventiva para asegurar el colchón de rentabilidad. Este mecanismo de actualización ha quedado incorporado desde hace décadas a la conducta habitual del capitalista argentino.

Durante la reactivación del 2002-07 las ganancias extraordinarias generadas por la mega-devaluación atenuaron la incidencia del recurso inflacionario. Pero desde que el modelo económico perdió capacidad para generar beneficios fáciles, la escala de precios volvió al primer plano.

Este retorno opera como un instrumento patronal para neutralizar la recuperación del salario. Desde la reactivación del 2003 las remuneraciones lograron una progresiva reconstitución del poder de compra perdido durante la hecatombe precedente. Cuando esa recomposición alcanzó su techo (2007), los empresarios retomaron la inflación para diluir en el mercado la mejora obtenida por los trabajadores. Este resurgimiento de la carestía para desvalorizar los salarios se mantuvo en el 2008 y no decayó con la recesión posterior.

El mismo papel ha jugado la inflación frente a la recuperación del empleo. Para contrarrestar el efecto de la creación de 2,2 millones de puestos de trabajo en blanco durante los últimos seis años, los capitalistas preservan beneficios vía precios. Por ese camino compensan la recomposición de las remuneraciones que tuvieron de los asalariados del sector formal.

Los empresarios no pueden recurrir a los mecanismos de ajuste de los años ‘90 (desempleo y deflación) en un contexto de crecimiento y reconstitución de la lucha social. Por eso utilizan la inflación como contrapeso a un legado de la rebelión popular del 2001 que se refleja en la renovada gravitación de los sindicatos.

Ciertamente esta utilización patronal de la inflación como sustituto de los despidos y la reducción salarial es un rasgo general del capitalismo contemporáneo. Pero en Argentina siempre ha presentado un nivel superior al promedio internacional. En la actualidad por ejemplo, la tasa de de inflación es nueve veces mayor que la media global y se ubica cinco o seis veces por encima del promedio de los países vecinos. En el 2009 fue solo superada por seis países en el mundo y triplicó la media latinoamericana.

Estos datos confirman la perdurabilidad de una conducta empresaria adiestrada en la gestión de negocios en marcos inflacionarios. Mantienen este hábito por memoria, tradición e impunidad y es un comportamiento análogo a la fuga de capitales. Ante cualquier temor o perturbación se remarcan los precios y se gira el dinero al exterior. Estos reflejos han vuelto a operar y por esta razón la inflación no ha bajado de dos dígitos en los últimos tres años.

Diagnóstico del establishment: gasto público descontrolado.

Los llamados economistas ortodoxos están claramente embarcados en una campaña de inflación de la inflación. Sugieren la existencia de porcentajes mayores a los existentes por medio de encuestas distorsionadas y operaciones de prensa. Su objetivo es crear un clima propicio a la implementación del ajuste antipopular.

Sus voceros atribuyen la inflación al deterioro de las cuentas públicas y a la desmesura del gasto estatal (Melconian, Llach, Artana, López Murphy, Broda entre otros). Afirman que esas erogaciones han crecido a un ritmo 30% superior a los ingresos, provocando la abrupta degradación del superávit primario (3,9% en 2004) a una situación de equilibrio (o déficit del 1%, si se considera el uso de recursos extraordinarios).

Pero estos custodios de la austeridad fiscal dieron rienda suelta a la emisión y al endeudamiento público cada vez que les tocó participar de un gobierno o colaborar con el. Sus demandas de recorte del gasto son pura hipocresía, puesto que convalidan las principales fuentes de erosión de los recursos públicos: los pagos de la deuda y los subsidios a las grandes empresas. Estas últimas subvenciones no buscan mejorar los servicios, sino asegurar la rentabilidad de los concesionarios y mantener las tarifas en niveles políticamente sostenibles. Tampoco objetan la existencia de un sistema tributario regresivo, que obliga a las mayorías populares a cargar con el sostenimiento del Estado, mientras las clases dominantes lucran con desgravaciones de todo tipo. Por otra parte, propician políticas de alta tasa de interés, que son un mecanismo disparador de todos los costos y precios de la economía.

Los custodios verbales de la tesorería tampoco recuerdan su contribución a los colapsos fiscales y financieros que soportó el Estado por rescates de bancos y empresas en quiebra. Los críticos ortodoxos silencian estas dilapidaciones. Nunca rechazan el gasto público a favor de los capitalistas y solo reclaman cortar el gasto social destinado a los trabajadores, desempleados y empobrecidos.

Pero el diagnóstico de carestía por emisión -que efectivamente derivó en varios colapsos hiperinflacionarios en el pasado- no se ajusta a la realidad actual. Fue causa del descontrol de los precios en los años de gran déficit fiscal, deuda incontrolable y reservas exiguas, que no se verifican en estos momentos. Es cierto, el superávit fiscal se ha reducido pero los desbalances de las cuentas públicas son limitados y no provocan el alto nivel de inflación vigente.

El combustible inflacionario que generan los desequilibrios fiscales son más un peligro a futuro que un problema inmediato. En la medida que el bache de las cuentas públicas se profundice, con agujeros que se tapan con fondos de la previsión social y políticas de re-endeudamiento, los desastres financieros del Estado pueden reaparecer. Pero son posibilidades de inflación potencial, que no explican las remarcaciones de los últimos tres años.

Los economistas del establishment atribuyen todo el problema al gobierno, exculpan así a los capitalistas que son quienes efectivamente provocan el aumento de los precios. Han difundido la teoría de una “inflación K”. Esta teoría presenta a la carestía como una conspiración político-electoral del matrimonio presidencial para perpetuarse en el poder, afirman que con ese propósito se está generando desde el Estado un crecimiento artificial de la producción y el consumo. Como sabemos esta tesis conduce a propiciar un enfriamiento de la economía y al ajuste.

Cuando estos economistas toman distancia de los gobiernos suelen culpabilizarlos por el llamado “impuesto inflacionario”. También aquí olvidan que el incremento de los precios no es un gravamen por el solo hecho de incrementar los ingresos fiscales o licuar parcialmente la deuda pública. Quienes recaudan los mayores beneficios de la carestía son los capitalistas que lucran directamente con las demarcaciones, aunque también el Estado se beneficie.

El ajuste y sus variantes

Del retrato de inflación descontrolada que difunden la derecha opositora y el FMI se deriva la necesidad de un ajuste inexorable. El propósito de este recorte sería garantizar desde ahora el cobro puntual de la deuda pública. Los exponentes de la banca (Kiguel, Daniel Marx) no disimulan este objetivo. Algunos ya se pronuncian por la tradicional receta de cortar las erogaciones y enfriar el nivel de actividad (Bour, Frenkel) y otros proponen un camino más gradual para implementar el mismo achique (Llach).

Cuando pueden hablar sin micrófonos son más explícitos, atribuyen la inflación al recalentamiento de la demanda que generan las negociaciones salariales en curso. No cuestionan abiertamente los reclamos de aumento salarial, sino que advierten en forma más indirecta respecto del impacto que esas exigencias tendrían sobre la “espiral inflacionaria”.

Sin embargo olvidan aclarar que ese reciclaje no obedece a fuerzas de la naturaleza, sino a las acciones premeditadas de los capitalistas. Otra forma de invertir la realidad es afirmar que el gobierno convalida aumentos salariales que negocian fuera de su órbita (sector privado, provincias) y que “deben pagar otros”.

Proponen combatir la inflación mediante la liberación de los precios. Consideran que la oferta y la demanda auto-regula todas las variables de la economía colocándolas en su justo lugar. Con este estandarte despotrican contra la ineficacia del “intervencionismo populista” que pretende supervisar los precios (Aguad, Campos, AEA).

Este rechazo contrasta con el aplauso que reciben todos los auxilios estatales a los banqueros. Para estos economistas cuando se imponen topes a los salarios los gobernantes cumplen una loable función, pero si intentan atenuar la escalada de los precios se inmiscuyen en áreas que están fuera de su incumbencia. Este recitado neoliberal omite que la inmensa mayoría de los precios están actualmente exentos de todo control y que por eso aumentan. No existe carestía por “inflación sumergida”, sino una remarcación descarada y sin grandes obstrucciones. Quienes repiten una y otra vez que “los precios no deben regularse”, omiten notar que justamente ese descontrol provoca la inflación actual.

Cuando los precios internos se aceleran en comparación al tipo de cambio los exportadores comienzan a pedir devaluación competitiva para recuperar rentabilidad. La mega-devaluación del 2001-02 los mantuvo callados durante todo el tiempo que lucraron con los efectos de esa confiscación de ingresos populares, solo exigieron reducciones de impuestos (bajar las retenciones), sin hablar de la cotización del dólar.

Pero ahora piden la devaluación frente al intento gubernamental de morigerar la carestía retrasando el acompañamiento cambiario (Ratazzi, Buzzi). No les satisface esta política, ni tampoco la reciente aceptación de la traslación local del aumento de ciertos precios internacionales (por ejemplo el combustible). En su griterío omiten que el tipo de cambio promedio se sitúa todavía un 33% por encima del ocaso de la convertibilidad y que el tipo de cambio multilateral (con los socios comerciales) duplica el vigente en diciembre 2001.

Es conocido que cualquier devaluación potenciaría la inflación, ya que el país exporta alimentos y una mejora de los precios de exportación genera inmediatas presiones para incrementar sus equivalentes internos. Por donde se lo mire, los remedios que propone la “ortodoxia” económica implican más inflación.

Explicación del gobierno: expectativas, codicia, indisciplina

El gobierno atribuye el incremento de precios a la existencia de un clima político y social enrarecido que induce a los empresarios a remarcar. Así desestima la existencia de un rebrote inflacionario, solo habla de “reacomodamiento de precios”, que se disipará cuando retornen las expectativas favorables. Para el oficialismo la carestía desparecería si impera un clima de buena onda.

El carácter superficial de este diagnóstico salta a la vista. La inflación se ha instalado desde hace tres años como un problema sostenido, que ya no depende del humor del momento. Los precios suben en la prosperidad y en la recesión económica, con estabilidad o con convulsión política y todo indica que seguirá incluso perdurando en un nuevo ciclo de crecimiento.

Los funcionarios apuestan a los efectos mágicos de relativizar el problema. Afirman que los precios solo repuntan por las maniobras de empresarios codiciosos. Siguiendo este diagnóstico, algunos economistas caracterizan a la inflación actual como un fenómeno inercial y de corto plazo, que podría cortarse con acuerdos sociales (un pacto CGT-UIA-FAA), cuyos contenidos nunca son explicitados, y anuncios presidenciales de metas de inflación decreciente (Ferrer).

Pero los datos desmienten el carácter meramente coyuntural de la presión inflacionaria. La experiencia indica que cuando este comportamiento se estabiliza, la remarcación se torna inmune a todas las convocatorias oficiales a la sobriedad. Los empresarios saben, además, que la amonestación oficial solo encubre las negociaciones para introducir algún freno de la carestía a cambio de subsidios y concesiones. Con estas tratativas se busca relanzar una canasta artificial de bienes con precios moderados para justificar las manipulaciones del INDEC y preservar la libre remarcación del resto de los productos.

Como los capitalistas suelen violar estos acuerdos, desde hace años existe un cortocircuito con la gestión Moreno. Los comunicadores derechistas denuncian su estilo patotero, pero no su tolerancia de la carestía. Los escándalos mediáticos ocultan que los formadores de precios ignoran todos los compromisos que asumen, provocando el enojo del secretario. Pero este vocifera sin adoptar medidas de control efectivo de los precios.

La Secretaría de Comercio Interior no tiene un solo departamento de estudios de costos ni de márgenes de ganancia. Tampoco cuenta con inspectores que fiscalicen si los acuerdos de precios son puestos en ejecución. Es como si se pusiera en marcha una AFIP que no tuviera capacidad para recaudar o una Aduana sin facultades para gravar el ingreso de mercancías. En los últimos meses se limita a remendar convenios que no funcionan, para mantener la ficción de una regulación de las segundas marcas.

El método Moreno ha conducido al peor de los mundos. Mantiene una pantalla de concertaciones, lanza amenazas que no cumple y pretende asustar a los dueños del poder sin recurrir a la movilización popular. Supone que el griterío por arriba puede doblegar a los ejecutivos, reemplazando la intervención directa de los trabajadores y los usuarios en el control de los precios y los costos de las empresas.

Los formadores de precios no son “pequeños comerciantes inescrupulosos”, ni “intermediarios que se han avivado”. No se los puede disciplinar con simples amenazas de sanción oficial, porque conforman los grupos más poderosos que controlan los mercados, que siempre han manejado la economía argentina, en distintas asociaciones con todos los gobiernos.

Estos enormes conglomerados definen el precio de venta de los principales productos. Como ejemplos alcanza solo con algunos rubros. Únicamente dos empresas manejan el 89% de las ventas de pan lactal, otras dos el 84% de gaseosas y otra dupla el 77% de la leche chocolatada y el 78% de las galletitas saladas. El 100% de las cervezas es controlado por tres compañías. La misma situación se verifica en harinas, aceites y otros productos básicos. En todos los segmentos centrales de la provisión de alimentos y bebidas predomina el mismo paisaje de contundentes grandes oligopolios, enlazados a las cadenas de comercialización. Este manejo no implica necesariamente concertaciones entre las grandes firmas, pero las rivalidades no se traducen en reducción de precios.

Un freno efectivo de la escalada de los precios exige confrontar seriamente con las grandes empresas. Esta política nunca figuró en los planes del gobierno que trata a estas firmas como socios privilegiados del poder. Por esta convivencia tolera la inflación haciendo como que la enfrenta.

Demanda y puja distributiva

Los partidarios del gobierno afirman que el rebrote inflacionario obedece a incrementos del poder adquisitivo, que se traduce en aumentos generales del consumo. Consideran que la Asignación Universal, también el plan Argentina Trabaja, generó una fuerte corriente de compras de los sectores de menores ingresos, que indujo a los empresarios a subir los precios (Heller).

Pero este razonamiento descalifica el propio otorgamiento de la asignación por hijo. ¿Por qué, si su concesión impulsa la carestía, se la implementó de esa manera? Es evidente que la efectividad de esta iniciativa depende de su complementación con férreos mecanismos de control de precios. Como el gobierno no quiere enemistarse con los grandes capitalistas, otorga una concesión social que se ve limitada en su alcance real ya que la inflación, especialmente en el rubro alimentario, la ha licuado en un 50% en apenas seis meses.

Otros economistas oficiales estiman que la inflación refleja la intensidad de las negociaciones salariales entre trabajadores y patrones. Consideran que los precios se recalientan, junto a las crecientes disputas por la distribución del ingreso. Pero esta puja no es una confrontación equitativa, sino una batalla entre patrones que aumentan los precios y trabajadores que solo negocian su salario.

Es cierto que el rebrote de la inflación expresa estas tensiones, pero no una mejora en la distribución del ingreso. Los precios suben porque los empresarios buscan mantener sus beneficios en un escenario de reactivación por causas externas (crecimiento de Brasil, alta cosecha, elevados precios de las exportaciones) e internas (política oficial contra-cíclica de sostenimiento del consumo). La inflación vuelve con fuerza a medida que el PBI tiende a crecer por arriba del 4%.

En este contexto se profundiza la desigualdad en lugar de acortarla. No existe ninguna redistribución significativa del ingreso, al contrario, la brecha entre los más ricos y los más pobres tiende ensancharse. La gravitación de los consumos de altos ingresos en los últimos meses es un signo de esa polarización.

El gobierno se despoja de toda responsabilidad por la inflación, pero desde la reanudación de la remarcación de precios en el 2007, primero Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández no tomaron medidas efectivas que contuvieran la dinámica inflacionaria, aún en las condiciones de atraso del salario real. Se limitaron a implementar la tergiversación de los índices de precios y a ponerlo a Moreno a hacer declaraciones contra los empleados del INDEC. No existe una acción eficaz para desarmar las subas de precios. El gobierno coexiste así con una inflación que aumenta la pobreza y deteriora el salario, puesto que cualquier intervención para corregir el problema lo pondría frente dos escenarios: el congelamiento de las subas de precios o la política de shock que propicia la derecha. Frente a esta indefinición, no tiene más remedio que continuar administrando la situación.

Ausencia de inversión reproductiva

Solo existe una causa que coadyuva a la inflación actual sobre la que hay coincidencia general: la carencia de inversiones reproductivas. Los economistas de todas las vertientes subrayan que los precios son también empujados hacia arriba por una fuerte restricción de la oferta ante la recomposición del nivel promedio de consumo de la población.

La recuperación del 2003-07 se efectivizó a partir de una enorme capacidad instalada ociosa y de un repunte de la inversión privada. Que sin embargo no logró poner en pie el stock de capital industrial requerido por el propio ciclo expansivo de la economía. Cuando se restauró la demanda los nuevos pedidos de compra no obtuvieron respuesta de los oferentes.

No es de extrañar entonces que la causa de este desfasaje fuera el bajo nivel de la inversión privada. Aunque tendió a subir en los últimos años se ubica muy lejos de lo requerido por dos restricciones estructurales: ausencia de financiación (los bancos prestan casi exclusivamente para consumo) y persistente fuga de capitales (por el hábito burgués de proteger los ahorros fuera del país). Esta tendencia fue potenciada por la recesión del año pasado, generando una caída adicional del 15%.

El bache de la inversión privada ha sido parcialmente compensado por su equivalente del sector público (sobre todo mediante caminos, puentes, cloacas, viviendas, escuelas), pero esta acción solo remontó los niveles de subsuelo que prevalecieron durante los años ‘90. Con esa inyección de fondos no se logra contrarrestar los problemas y se introducen nuevas adversidades.

En lugar de inversiones genuinas el Estado ha concedido subsidios a concesionarios privados en sectores estratégicos. Esta conducta heredada del privatismo menemista no ha cambiado. Una fabulosa masa de fondos públicos es destinada a empresarios que administran el transporte, la energía, los aeropuertos o la electricidad, sin ningún control de costos, ganancias, ni mejora en los servicios (La decrépita situación de los ferrocarriles es la evidencia más chocante de este despropósito).

Los economistas del establishment convocan a “seducir a los empresarios” con medidas que despierten su “confianza”, sin rememorar las nefastas consecuencias que generó esta misma convocatoria durante los años ‘90.

Lo ocurrido recientemente con la carne desmiente cualquier ilusión de remediar la estrechez de oferta con recetas de libre-mercado. Durante los últimos años la provisión de este alimento básico quedó sujeta a las decisiones de los ganaderos y los propietarios de tierra, sin ninguna interferencia oficial. Pero como el cultivo de soja fue más lucrativo que la crianza y engorde de animales, esta actividad perdió 13,5 millones de hectáreas y sufrió, sólo en el 2009 la liquidación de tres millones de cabezas. Más allá de las remarcaciones que imponen los supermercados y frigoríficos, que el gobierno intentó desesperadamente restringir introduciendo límites a las exportaciones, la falta de carne ilustra cómo el libre funcionamiento del mercado condujo a demoler la ganadería. Estos mismos desastres genera el libreto neoliberal en cualquier rama de la producción.

Por su parte, el gobierno se propondría remontar la baja inversión con la ampliación de los subsidios y la reconstitución del crédito de largo plazo. Pero como no contempla nacionalizar los recursos básicos (energía, minería, transporte) ni el sistema financiero, desestima los únicos instrumentos efectivos para reindustrializar el país y superar los baches de la oferta. La experiencia nos enseña que frente a la ausencia de vocación inversora de los capitalistas solo el Estado puede asumir la tarea de ampliar la capacidad productiva, y por lo tanto la oferta de bienes en el país. Mientras se mantenga este bajo nivel de inversión privada sin que el Estado se haga cargo en sectores directamente reproductivos, la inflación por restricción de oferta continuará.

Conclusiones y propuestas

Para los Economistas de Izquierda la inflación actual no es un problema más de la economía argentina. Es en este campo que se concentran todos los desequilibrios del modelo. La carestía expresa la impunidad que mantienen los grandes capitalistas para preservar sus ganancias, agravando los padecimientos del grueso de la población. La suba de precios indica el agotamiento del período de ganancias fáciles que siguió a la mega-devaluación del 2002 e ilustra el predominio de los grandes formadores de precios en condiciones de escasa inversión.

Para nosotros la inflación no es un problema que puedan resolver los expertos en un gabinete. Ningún especialista que trabaje en este tema es neutral. Puede poner sus conocimientos a disposición de los poderosos, del gobierno de turno o del movimiento social. Para frenar la carestía y preservar el poder adquisitivo de los ingresos populares, es necesario adoptar un conjunto de medidas tendientes a la administración directa de los precios, pero para ser efectivas estas medidas deben estar sostenidas por el protagonismo y el control social.

Un paso previo es la reconstitución de indicadores confiables. Los trabajadores y técnicos del INDEC, que fueran desplazados por la actual intervención, ya han elaborado propuestas tendientes a la gestación de un instituto de estadísticas autónomo de los gobiernos. Economistas de Izquierda apoya y se suma a estas iniciativas que de concretarse serán un avance, colocando al INDEC fuera de toda manipulación del Poder Ejecutivo.

Sin embargo una buena medición solo aportará termómetros eficaces para mejorar el conocimiento de la enfermedad. Un punto de partida indispensable es proteger el poder adquisitivo de los salarios y demás ingresos populares. La implantación de la escala móvil de salarios y otros ingresos (jubilaciones, pensiones, planes sociales), que permita el ajuste automático según la inflación es nuestra propuesta. Para nosotros esta indexación no recicla en forma inexorable la calesita de precios y sueldos, esto solo sucede si los beneficios permanecen intocados. Para nosotros si la principal causa de inflación es el alto nivel de la rentabilidad empresaria la forma de proteger el salario y otros ingresos es recortando las macro-ganancias de los capitalistas.

El control directo de los precios, en las empresas formadoras que controlan las cadenas de comercialización, es un complemento indispensable de la escala móvil, tanto para los trabajadores informales y precarizados, que no están cubiertos por negociaciones colectivas, como para los desocupados y pauperizados. Para los Economistas de Izquierda la implementación por el Estado de un sistema de precios máximos de la canasta familiar solo será eficaz si convoca a la participación directa de los consumidores. El fracaso de Moreno y sus métodos nos exime de mayores justificaciones. Por el contrario un ejemplo de la acción popular fue el freno que impusieron las protestas a los aumentos de tarifas que el gobierno había convalidado en agosto del 2009.

Un control efectivo de los precios solo es factible si conduce a verificar los costos. La única forma de saber cuál es el valor que corresponde a un bien es conociendo cuánto cuesta elaborarlo. Sobre esta contabilidad los capitalistas mantienen un riguroso secreto, argumentan que no pueden compartir una información vital ansiada por todos los competidores. Pero este supuesto viola los códigos de transparencia que postulan los propios capitalistas. En realidad los costos de producción se encubren para ocultar las ganancias, que como hemos señalado constituyen hoy el motor de la inflación. Así como el control de precios requiere de la participación de los consumidores, la verificación de los costos de producción necesita de la activa participación y control de los trabajadores para evitar la fuga de capitales y la evasión impositiva, que obstruyen la reconstitución de la inversión.

Para nosotros la lucha contra la inflación no puede justificar techos salariales en las negociaciones colectivas. Los trabajadores no deben ceder su legítimo derecho a proteger su capacidad de compra y a recuperar niveles de ingreso perdidos en las últimas décadas. Las reivindicaciones de “Salario igual a la canasta familiar” u “82% móvil a las jubilaciones” tienen plena vigencia y actualidad. Proteger los ingresos y luchar contra la inflación forman parte de una misma política.

Para EDI enfrentar la carestía es una batalla social, que debe encararse con plena conciencia de sus alcances. En este sentido el control a imponer debe ir acompañado de sanciones para todos los empresarios que lo transgredan. A tal efecto sigue vigente la vieja ley de abastecimiento, que autoriza a multar, clausurar y llegado el caso, expropiar a remarcadores y generadores de mercados negros.

En un país exportador de alimentos, dónde los precios internos han estado siempre directamente conectados a las cotizaciones internacionales, resulta indispensable introducir el monopolio estatal del comercio exterior. Para nosotros esta medida es vital para divorciar el precio local de sus equivalentes internacionales.

Complementariamente la eliminación del IVA a los artículos de la canasta familiar permitiría una modificación de los precios relativos de directo impacto sobre la capacidad de compra de los sectores populares. Así como el establecimiento de Centros Populares de Distribución y Comercialización, que garanticen que los productos de primera necesidad con precios máximos lleguen efectivamente a los sectores más necesitados.

Para quienes integramos Economistas de Izquierda la contención de la suba de precios no se logrará con simples disposiciones administrativas, más allá de la capacidad técnica y dedicación de quienes las instrumenten. Para que éstas resulten exitosas es condición ineludible que convoquen a la participación y movilización de los principales afectados. Si se logra el objetivo con ese método, el país comenzará a encontrar un sendero de nuevas soluciones para sus viejas desventuras.

Buenos aires, mayo de 2010.

Economistas de Izquierda- EDI

Claudio Katz, Jorge Marchini, Guillermo Gigliani, José Castillo, Eduardo Lucita

Documento del EDI sobre el Canje de la deuda externa

2010-05-30T15:01:00.001-03:00

Los banqueros festejan. El país se endeuda

¿Se ha vuelto progresista pagar la deuda?

Consideraciones sobre el canje y sus implicancias

El gobierno se dispone a concretar el canje con los bonistas que no aceptaron la oferta del 2005. La operación es celebrada por los financistas, elogiada por los oficialistas y aprobada por la oposición de derecha. Pero es una transacción gravosa para el país y adversa para los intereses populares. Reabre una negociación que estaba formalmente cerrada y prohibida. Carece de justificación y no se apoya en ningún dato creíble sobre el estado de las cuentas públicas.

Para quienes suscribimos esta declaración se trata de un canje nefasto.

Una vez más

Este canje es una nueva emisión de deuda para sustituir los viejos pasivos que se desvalorizaron con la cesación de pagos del 2001. Un recambio de títulos que ya se hizo en varias oportunidades para actualizar el endeudamiento. Sin embargo esta vez la operación es más siniestra, ya que se consuma con los bonistas que rehuyeron el canje del 2005 y que el gobierno prometió dejar afuera de cualquier cobro futuro. Ese anuncio fue incluso respaldado con la llamada “ley cerrojo”, que ahora el Parlamento derogó aceleradamente para reabrir la transacción, violando la sacrosanta custodia de la seguridad jurídica.

Este canje es otra vez un gran negocio para los bancos que preparan desde hace varios años un cambio de títulos que les reporte enormes ganancias de intermediación. Comenzaron a acaparar estos bonos cuando valían 8 centavos por dólar, apostando que alcanzarían la actual cotización de 45 centavos. Repitiendo lo ocurrido desde hace dos siglos, un grupo de lobbystas (Marcelo Etchebarne, Hans Joerg Rudlof y Caio Koch Wesser), recorrió los pasillos oficiales y preparó el canje con los funcionarios de turno. Si algún juez quisiera investigar las anomalías de la deuda argentina tendría todos los elementos de juicio a la vista para indagar las responsabilidades en este tipo de operaciones.

Solo tres bancos manejan el negocio (Citi, Deutsche y Barclays) y han liderado el acaparamiento de los bonos depreciados por el default y revalorizados por la oferta del gobierno. Las irregularidades son incontables. El Barclays ejerce un inadmisible rol de asesor del Estado y representante de los bonistas. Además, financia a la compañía británica Desire Petroleum, que explora el petróleo de Malvinas. Mientras se sancionan leyes para penalizar a las firmas que colaboran con esta depredación colonial, el Estado contrata a un artífice de ese vaciamiento.

La operación vuelve a seducir a los acreedores mediante concesiones oprobiosas. Para lograr un alto porcentaje de adhesión se ofrece un pago adicional por los intereses generados desde el intercambio anterior, premiando la deserción que supuestamente debía sancionarse. Está en discusión pero volverían a otorgarse los incentivos vinculados al crecimiento del PBI, hace cinco años se justificaron en la incertidumbre de una economía en ruinas, en la actualidad se recrean como un simple regalo.

Los primeros cálculos prevén que el canje le brindará a los acreedores que acapararon títulos un beneficio de 1000 millones de dólares. Esta cifra explica la euforia de los mercados, la apetencia por los bonos argentinos y la disminución del riesgo país. Todo indica, además, que las comisiones de los intermediarios serán más elevadas que en el 2005. Se argumenta que este lucro “no corre a cuenta del Estado, sino de los bonistas”, pero todo el intercambio de papeles se paga con fondos públicos, que finalmente incrementan la deuda pública.

Para ocultar este perjuicio el ministro de Economía se ha declarado vencedor frente a los fondos buitres (“los aislamos y les quitamos capacidad de litigio”), en realidad solo quedaron fuera del ring los especuladores marginales. Los principales buitres son los grandes bancos que acapararon títulos y que han sido bendecidos por el gobierno para comandar el negocio.

Una justificación innecesaria

El objetivo del canje es eliminar el obstáculo que impide un arreglo de los compromisos pendientes con el Club de París, a fin de alcanzar algún tipo de convivencia con el FMI. Esta sucesión de medidas es presentada como una “normalización” de la situación financiera internacional, que dejaría atrás la pesadilla del default. Al recorrer este sendero el gobierno culpabiliza al país por su pasado, ocultando que los financistas fueron los principales responsables de esos desastres. Como la consigna del momento es “volver al mercado internacional” se omite la responsabilidad primordial de los especuladores en la cesación de pagos.

Con un nuevo disfraz patriótico se retoma el lenguaje neoliberal, convocando a ser “creíbles y confiables”, es decir pagadores puntuales de compromisos que favorecen a los banqueros. Nuevamente se naturaliza el pago de deuda, olvidando que Argentina fue reiteradamente estafada por los grupos financieros. En este clima plantear no pagar o exigir la investigación de la deuda es considerado “demagógico” e “irrealista” y cumplir con los especuladores es sinónimo de seriedad. Nuevamente hay que estar atento a la “actitud de los mercados” y alegrarse si aprueban las iniciativas oficiales.

Pero lo más novedoso es que el pago de la deuda se ha transformado en un “proyecto progresista”. Tradicionalmente los gobiernos cumplían esta obligación en silencio y disimulando sus consecuencias para el país. Ahora se lo reivindica con grandilocuentes justificaciones. Se afirma que permite “recuperar autonomía”, cuando es evidente que el incremento de los compromisos externos genera dependencia. El mismo argumento fue utilizado para cancelar en forma total y anticipada los pasivos con el FMI. El desendeudamiento prometido con ese increíble pago se ha transformado ahora en el reinicio de un típico ciclo de endeudamiento.

La operación en curso es totalmente innecesaria, y los fondos que requiere la economía para una política económica de mejor distribución del ingreso pueden ser plenamente recaudados con ahorro interno. En EDI sostenemos que este autofinanciamiento es totalmente factible a condición de suspender los pagos actuales de la deuda, frenar la fuga de capitales, instaurar el control de cambios y un monopolio estatal de comercio exterior. Es cierto que el superávit fiscal se ha reducido drásticamente, pero se puede neutralizar este bache revisando también el otro gran rubro además de los servicios de la deuda: los subsidios a las grandes empresas, cuando se justifiquen no seguir pagándolos en base a declaraciones juradas de los beneficiarios.

Para nosotros es también el momento de cubrir las insuficiencias fiscales con una reforma impositiva progresiva que comience gravando las rentas extraordinarias exentas, especialmente en el plano financiero, y recaiga sobre quiénes mayor capacidad contributiva tienen. Esta punición debe extenderse de inmediato al área de la minería y el petróleo, mientras se duplican los aportes patronales de las grandes compañías.

Pero como lo confirma la reciente discusión sobre la ley del cheque, no pareciera existir la menor intención por parte de los partidos mayoritarios de enfocar el problema en estos términos. En lugar de impuestos a los ricos se vuelve al endeudamiento que tantas veces arruinó a la Argentina.

Pretextos y fantasías

Los partidarios del canje afirman que la situación de la deuda ha cambiado significativamente, aliviando la coyuntura de asfixia que predominaba en los años ‘80 y ‘90. Es un tema discutible, Pero, aún si así fuera, justamente este giro confirmaría hasta qué punto se habría vuelto innecesario volver al endeudamiento.

Es cierto que los pasivos totales del sector público pasaron de 139% del PBI (2003) a 49,1% (2009). La deuda era un 722% mayor que las reservas en esa fecha y en la actualidad se ha reducido al 120%. También se registró un achicamiento de los compromisos externos como porcentaje de las exportaciones de 296% (2003) a 81% (2009). Pero estos números, que los economistas del oficialismo esgrimen como grandes triunfos, deben ser matizados. Reflejan sí una reducción del endeudamiento con respecto al pico de crecimiento de la deuda. Sin embargo, los porcentajes con respecto al PBI son similares a los que existían en la segunda mitad de la década del ‘90, aún con las salvedades que deben hacerse sobre la composición diferente de los respectivos productos y su valuación. El aumento de la relación reservas / endeudamiento aleja el riesgo de default del horizonte inmediato, pero no lo elimina. El promedio de vida de la deuda se amplió, de 6,9 años a 12,7, pero lo que pesa en el corto plazo son los servicios de capital e intereses que vencen este año y los subsiguientes. Por otra parte, con posterioridad al canje de 2005, el ciclo de endeudamiento ha recomenzado.

No es ocioso recordar que estas modificaciones fueron el resultado de la brutal catástrofe producida por el colapso del 2001, que desvalorizó todos los activos y pasivos de la economía. La reducción de la deuda no fue un mérito del canje del 2005, ni de la astucia negociadora de Lavagna, fue costeada por mayorías populares. Los pasivos se contrajeron junto a la devaluación, la pesificación asimétrica, la expropiación de los pequeños depositantes, el desempleo y la miseria. Es necesario rememorar quién pagó esa reestructuración para evitar la repetición de un ciclo de endeudamiento.

Hay economistas que afirman que el país “no tiene dificultades de pago”, que mantiene un “perfil sostenible de la deuda”, que ésta “no obstaculiza ya el desenvolvimiento de la economía”. Pero si este diagnóstico fuera cierto, el canje carecería por completo de sentido. No habría ninguna razón para implementar una refinanciación tan prescindible. Otros afirman, en cambio, que el endeudamiento es indispensable, pero que esta vez “no será gravoso”. Al contrario, argumentan, permitirá reducir la tasa de interés que impera en toda la economía. Pero todos los cálculos indican que ese costo seguiría ubicado muy por encima del promedio internacional y entrañará por lo tanto fuertes erogaciones en los futuros vencimientos. La realidad es que la deuda, sus servicios anuales (hoy en el 10% del presupuesto nacional) y sus vencimientos futuros, sin llegar a plantear una situación explosiva inmediata como sucedió en el 2001 (nadie está pronosticando un default en el corto plazo), sigue siendo un problema y, año a año, miles de millones de dólares que podrían tener mejores destinos van a engrosar los bolsillos de los grandes especuladores.

Basta observar la dramática situación que afrontan actualmente las economías de la periferia europea (Grecia, Portugal, Irlanda, Islandia) para recordar cuán vulnerables son los países dependientes ante una eclosión financiera internacional. Argentina no está en el centro de este colapso porque ya soportó los brutales efectos del temblor precedente, pero reiniciar el ciclo de endeudamiento volverá a quitarle protección frente a un nuevo vendaval.

Suele afirmarse que el alto endeudamiento externo del pasado (76% en el 2003) ha quedado reemplazado por pasivos más controlables en moneda local (46% del total). Pero la historia reciente de muchos países (por ejemplo Brasil) indica que la sustitución de una tiranía financiera foránea por otra interior, no reduce los padecimientos populares. Un banquero local puede ser más despiadado que su colega externo.

Pugnas políticas y coincidencias de fondo

El canje se implementa al cabo de varios meses de intensas disputas entre el gobierno y la oposición que encarnan la UCR, el PJ disidente, el PRO y la CC. Ambos sectores coinciden en reiniciar el ciclo de endeudamiento pero han pugnado duramente por la forma de implementar esta operación y sobre todo por definir quién será la autoridad política encargada de liderar la reconciliación con los financistas.

Mientras disputaban ferozmente en el Parlamento y en los medios de comunicación, unos y otros bendijeron el entusiasmo de los mercados y sobre todo avalaron la auditoria que realizó la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) de toda la transacción.

La derecha aprueba plenamente el canje, pero propone combinar el endeudamiento externo con una reducción del gasto público, para poner en marcha una versión más tradicional del ajuste neoliberal. Con este objetivo provocó el conflicto del Banco Central que terminó perdiendo y desplegó durante meses una campaña para “cuidar las reservas”. Reservas que dilapidó en todas las ocasiones que le toco gobernar.

Con la siniestra bandera de “la autonomía del Banco Central”, defendió en los hechos el manejo de esa entidad por parte de los banqueros, buscando que este organismo continúe custodiado por un puñado de financistas y asegure las reservas como garantía de pago de la deuda. Por eso reivindicó una Carta Orgánica que le asegura al BCRA poderes propios y facultades superiores a cualquier otro organismo del Estado.

Repitiendo lo ocurrido con los principales conflictos de los últimos meses (ley de medios, revisión de las retenciones, reforma política, televisación del futbol,) el gobierno volvió a ganar esta disputa. Como esta pugna acaparó nuevamente la atención pública se ha perdido de vista la coincidencia central de los dos bandos en torno al canje.

Esta convergencia fue anticipada cuando avalaron el pago anticipado de la deuda al FMI mediante los ahora cuestionados decretos de necesidad y urgencia. En el año 2005 el ejecutivo utilizó estos mecanismos con la aprobación plena de adversarios, que siempre exceptúan al tema de la deuda de su custodia republicana de la Constitución.

Esta misma convergencia se ha verificado en torno al canje, refutando la impresión que en la Argentina “volvió el debate político”. Es completamente falso que se a retomado el debate sustancial en desmedro de la chicana y los fuegos de artificio. Justamente lo ocurrido ilustra cómo las controversias sobre las formas ocultan el contenido. Ambos bandos se desangran por imponer su política de pago de la deuda, sin cuestionar en ningún momento la legitimidad de esta erogación.

Nuestra perspectiva

Los cambios operados en las últimas décadas en la composición de la deuda pública (interna y externa) y en los tenedores de bonos (intraestatal, privados) han complejizado la respuesta. Es esa complejidad la que impone actualizar y renovar nuestras propuestas programáticas para general una real alternativa.

Desde nuestra perspectiva un primer paso para la construcción de un programa alternativo pasa por la inmediata suspensión unilateral de los pagos.

La deuda ya no está, como en los ´80, directamente nominada y fácilmente observable en manos de un puñado de bancos. Por el contrario se encuentra dispersa en una gran variedad de bonos en manos de diferentes acreedores. Distintos trabajos difieren sobre el grado de concentración de esos bonos. Pero el sólo hecho de que los tres bancos a cargo del canje puedan “asegurar” con facilidad porcentajes de aceptación del 75% o más reflejan que una importante cantidad ya no está en manos de los tenedores originales sino de quien los ha adquirido fuertemente desvalorizados en alguno de los distintos momentos de la crisis post-2001. A esos grandes bancos y fondos buitre es a donde apunta la suspensión que proponemos.

Reconocemos que en el caso de bonos cuyos tenedores resulten jubilados, ex combatientes, víctimas del Terrorismo de Estado o pequeños ahorristas, corresponderá reconocer y pagar esos compromisos. Proponemos entonces un censo y las verificaciones necesarias a tales efectos.

En nuestra consideración merece un análisis particular la deuda interestatal, particularmente la del ANSES, pero también la de otros organismos públicos y las provincias. Se deberá entonces resolver qué se hace con los bonos y letras en poder de esos organismos, pero es prioritario evitar una descapitalización del ANSES. En este sentido nuestra propuesta implica también que los fondos de la seguridad social dejen de ser la principal fuente de financiamiento del pago de los servicios de la deuda.

Respecto de la deuda comercial en curso (pago a proveedores, compromisos de obra pública, etc.), proponemos una inmediata auditoria para distinguir deuda propiamente comercial de la financiera y separar los fraudes de los contratos en regla.

Un segundo paso es la investigación. Esta investigación resulta necesaria para recrear la memoria histórica de lo sucedido en el país durante los trágicos años de la dictadura. Tiene una relevancia complementaria de los juicios a los genocidas, servirá para clarificar el sentido de los crímenes cometidos por los militares, pues pondrá de relieve la complicidad y asociación que tuvieron los banqueros y grandes empresarios con esos crímenes.

Asimismo permitiría volver a poner a la luz concretamente cómo fueron obligadas las empresas públicas a endeudarse para financiar la fuga de capitales y quienes fueron los beneficiaros de la estatización de la deuda. Para nosotros se hace necesario retomar y profundizar la investigación de Alejandro Olmos, que obtuvo el fallo del Juez Ballesteros en el año 2000. La Presidenta afirmó que no se puede volver sobre este tema porque con los varios canjes se perdieron las huellas de la culpabilidad. Pero siguiendo este argumento habría que cerrar los juicios a los represores, dónde también han quedado muy ocultas las pruebas y testigos. En realidad la investigación de la deuda es tan imprescriptible como la de los crímenes de dictadura, porque ambos procesos obedecieron a las mismas razones.

Gobierno y oposición derechista comparten el rechazo a esta investigación porque las responsabilidades más importantes son contemporáneas y afectan a los gobiernos constitucionales. Reabrir esta causa sería un acto de acusación contra la UCR y el PJ que la corporación política quiere ocultar, puesto que demostraría la complicidad de funcionarios actuales y jefes de oposición con esa estafa.

Las principales irregularidades abarcan a los años ‘90 (Plan Baker, capitalización de la deuda para privatizaciones) y al Megacanje y Blindaje del 2001, como también sentenció Ballesteros en el 2007, en otro fallo que embargó a Domingo Cavallo y a Daniel Marx. Por un elemental principio de orden jurídico el gobierno debiera abstenerse de nuevas operaciones de canje, hasta tanto la justicia no se expida sobre la legalidad de las tres causas radicadas en el Juzgado Federal nº2.

Es necesario recordar que el 80% del incremento de la deuda entre 1994 y 2001 y el 75% del déficit fiscal de ese período es resultado de la privatización de los aportes jubilatorios, que compromete todo ese periodo.

Para evitar esta indagación existen varios proyectos del oficialismo y la derecha para poner en marcha alguna investigación parlamentaria sólo del pasado dictatorial. En otros casos se busca simplemente resucitar el cajoneo con comisiones que no llegan a ninguna lado y sobre todo se intenta evitar cualquier reflexión sobre el presente. Por el contrario para nosotros investigar hoy es auditar el comportamiento de los gobiernos de Alfonsín, Menem, De la Rua, Duhalde y también Kirchner. Es investigar el canje de Lavagna del 2005 y también el actual. Cualquier otra propuesta de investigación es un acto de cinismo.

Lo que importa de la deuda no es sólo una cifra y un conjunto de anomalías, sino también el enjambre de intereses capitalistas que continúa lucrando con el esfuerza de las mayorías populares. Es por eso también absurdo separar el “aspecto jurídico” de la deuda (que debería indagar alguna comisión de abogados) del “aspecto económico” del canje (que debe continuar avanzando en manos de los banqueros). Con este tipo de dualidades se vacía el contenido político de la investigación, convirtiéndola en una preocupación arqueológica.

Nuestra propuesta implica constituir una Comisión Investigadora con plenos poderes, integrada por personalidades del país y del exterior de intachable trayectoria y organizaciones populares (políticas, sindicales, de derechos humanos). Con plazo definido para entregar y hacer públicas sus conclusiones.

Pero todos estos planteos deben articularse con iniciativas de mayor importancia en otros campos. Es clave el debate sobre iniciativas complementarias como el uso de las reservas. Quienes integramos EDI sostenemos que las reservas pueden y deben utilizarse, pero para impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas, financiando proyectos que impacten en el desarrollo nacional, priorizando la generación de puestos de trabajo.

Para nosotros es decisivo avanzar en la reforma financiera, nacionalización de la banca y en la relocalización de las reservas, depositadas en Nueva York a favor de la gestación de un banco regional y un fondo de estabilización soberano de América Latina.

Son todos los debates que abre el rechazo del canje. Este es hoy la divisoria de aguas entre una ruptura popular o la recreación de la pesadilla de la deuda.

Buenos Aires, abril de 2010

EDI

ECONOMISTAS DE IZQUIERDA

Claudio Katz, Guillermo Gigliani, José Castillo, Jorge Marchini, Eduardo Lucita, Alberto Teszkiewicz, Jorge Sanmartino

Adhieren:

Guillermo Almeyra / Alejandro Olmos Gaona / Julio Gambina / Rodolfo Gómez / Horacio Camba / Alejandro Bercovich

El canje es un robo

2010-05-30T14:58:00.001-03:00

21 de abril de 2010

Deuda Externa

El ministro Boudou anunció el nuevo canje. Se acaba el verso del desendeudamiento: la deuda crecerá, por lo menos, en 10.000 millones de dólares. Para los banqueros significa una ganancia espectacular de más del 100%. El próximo capítulo será pagarle al Club de París

Domingo Cavallo estatizó la deuda privada durante la dictadura. Luego fue ministro de Economía de Menem y de De La Rúa. Hoy los Kirchner siguen pagando esa deuda originada por los genocidas y sus cómplices civiles. Por eso hay que dejar de pagarla.

El jueves 15, después de varios “amagues”, el gobierno finalmente anunció la reapertura del canje de deuda. Antes de entrar a analizar los dichos del ministro Boudou, tenemos que precisar el hecho de este canje en sí mismo: se trata de pagarle a los bonistas (llamados “holdouts”) que no habían aceptado el canje de 2005. En ese momento, el gobierno de Kirchner dijo que “nunca más” se reabriría la propuesta, y que esa porción de deuda -que sumaba 29.000 millones de dólares- no pertenecía más a la deuda externa argentina. Para demostrar esa aseveración, ese monto dejó de aparecer dentro de los “números oficiales” de la deuda pública de nuestro país. Incluso, se votó la “ley cerrojo”, que decía explícitamente que quedaba prohibido reabrir el canje. Así el gobierno mostraba que la deuda externa “bajaba”, o sea, en sus propias palabras, que nos estábamos desendeudando.

Meses después, Kirchner canceló 9.800 millones de dólares por adelantado al FMI. A partir de ahí, se dijo que ya nunca más aceptaríamos presiones del Fondo. Toda era una vulgar mentira. Parte del doble discurso al que nos tienen acostumbrados los Kirchner. El FMI, del que supuestamente nos habíamos liberado, empezó a presionar para que se reabriera el canje con los holdouts, eso que supuestamente nunca más sucedería.

Y se reabrió

Nuestros lectores se preguntarán: ¿pero acaso no había una ley que decía que estaba prohibido reabrir el canje? Exactamente. Pero para eso está la oposición de los radicales, Carrió, De Narváez, el PJ disidente y Macri: mucha “pose opositora”, pero cuando se trata de pagar la deuda son los primeros en alinearse con los Kirchner. Así, el pasado noviembre, todos juntos votaron derogar la ley cerrojo y habilitaron la reapertura del canje.

Este se venía planificando desde hace tiempo. Innumerables veces denunciamos que funcionarios de Economía y el Banco Central recorrían el mundo ofreciendo la reapertura. Finalmente, contaron con tres bancos que le facilitaron la operación: Barclays, Citi y Deutsche. Ellos le garantizaban al gobierno un alto nivel de aceptación: entre el 70 y el 80% de los bonistas. ¿Cómo sabían? Muy fácil: ellos mismos, o fondos de inversión amigos, se habían encargado de ir comprando esos bonos, al 15 o a lo sumo 20% de su valor original.

Ahora Boudou ofrece a esos “tenedores de bonos” canjearlos por otros, “nuevos”, con una quita del 66,3%. Pero, en realidad, al ofrecerles además otro bono por los intereses de todos estos años, lo que se canjea es con una quita del 50%. Pero a no equivocarse: como los especuladores compraron los bonos al 20%, la ganancia limpia que le quedará a cada uno es de más del 100% en dólares, un beneficio que no se obtiene con ninguna otra inversión en el mundo.

¿Habrá más crédito?

El gobierno nos dice que esta operación permitirá que “volvamos a tener crédito”. Traducido, quiere decir que grandes empresas como IRSA, el Banco Galicia o Techint podrán volver a salir a endeudarse en el exterior. O, a lo sumo, que las provincias (como es el caso de Buenos Aires, Córdoba o Chubut) colocarán algún bono en el mundo para, a la vez, refinanciar “su” deuda externa, que también seguirá agrandándose. Lo que seguro no habrá serán menores tasas de interés o créditos hipotecarios para los trabajadores, que seguirán viendo como una utopía llegar a la casa propia.

El balance del canje es que la deuda aumentará, dependiendo del porcentaje de aceptación, en alrededor de 10.000 millones de dólares. Otros 5.000 quedarán como “acreedores que nuevamente no entraran en el canje”. Después de las mentiras de todos estos años, ¿alguien puede afirmar que no se abra un nuevo canje en dos o tres años para pagarles? Y por si esto fuera poco, queda la respuesta de Boudou a una periodista del Financial Times cuando le preguntó por el Club de París. “Paso a paso”, dijo el mnistro. Clarísimo: al día siguiente ya se empezó a afirmar que el próximo “paso” será justamente cancelar la deuda con el Club de París. Síntesis: seguimos pagando, y la deuda continúa creciendo, dándole un rotundo mentís a cualquier verso de desendeudamiento. Una vez más, se impone dejar de pagar volcar todos estos recursos para un plan económico de emergencia, que dé trabajo, salud, educación y vivienda, al servicio de la clase trabajadora y el pueblo.

La deuda es con el pueblo

2010-05-30T14:57:00.000-03:00

7 de Abril de 2010
La deuda es con el pueblo

Ya empezaron los pagos con reservas. En breve comenzará el “nuevo canje”, un fenomenal negociado para los bancos acreedores. Mientras tanto, más de 2 millones de argentinos, sólo en el Gran Buenos Aires, vive en villas y asentamientos precarios. ¿A quién hay que priorizar?

Las dos noticias vienen juntas, en los diarios del lunes 5 de abril. “El gobierno comienza a pagar deuda a privados con reservas del BCRA” (Clarín). “Viven más de dos millones en las villas bonaerenses” (La Nación). En el primer caso se trata de 204 millones de dólares “cash” que salieron simplemente para pagar intereses (léase que la deuda no se redujo ni en un centavo). Y se trata apenas del primer pago, ya que el Banco Central depositó en las cuentas del Estado Nacional 4.382 millones de dólares para abonar los próximos vencimientos a acreedores privados. Que llegan a 6.569 millones si sumamos lo que se le va a entregar a otros organismos, como el Banco Mundial y el BID.

Al mismo tiempo, se están dando los últimos retoques al Canje de deuda, que permitirá que 29.000 millones de dólares (entre capital e intereses), en manos de los buitres que no habían aceptado el canje 2005 (y que en su momento se dijo que “nunca más” podrían reclamar), hagan ahora un fenomenal negocio, obteniendo ganancias del 100% entre el valor al que compraron los bonos y lo que recibirán ahora. La deuda seguirá aumentando, tirando a la basura todo el verso del “desendeudamiento”.

¿Sobra plata?

El gobierno de Cristina se hunde en sus propias palabras. Dice que paga con reservas porque “hay muchas”, “sobran y no tiene sentido dejarlas ociosas”. Analicemos su propio argumento: según el propio Banco Central, antes de girar los fondos al Estado Nacional, las reservas ascendían a 47.622 millones de dólares. De ellos 23.790 son respaldo del dinero emitido circulante. Es evidente que queda dinero libre. Acá aparece entonces la gran pregunta: ¿qué hacer? La oposición de los Cobos, Carrió, Macri, De Narváez y Reutemann dicen: “no hay que tocarlas, paguemos los vencimientos de deuda con el presupuesto, achicando las otras partidas”.

Nosotros respondemos: es verdad, plata hay. Muchísima más de la que se reconoce. Y hay que “tocarla”. Pero no para pagar la deuda. Volvamos entonces a la otra “noticia” de la semana: dos millones de habitantes del conurbano en villas de emergencia y asentamientos transitorios. Son datos oficiales, del ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, a partir de un estudio de la Universidad General Sarmiento. Pero lo peor es la proyección: entre 2001 y 2006, la población del Area Metropolitana Buenos Aires (Capital más conurbano) creció un 6,6% (de 8,6 a 9,2 millones de habitantes), mientras que la población de las villas aumentó un 57,5%.

¿Qué pasa si usamos esa “plata que sobra” para resolver este terrible problema social? Hagamos cuentas: con los 6.500 millones de dólares de reservas que irán para la deuda se podría financiar un plan de obras públicas que construya 260.000 viviendas populares (a un costo de 25.000 dólares cada una), generando automáticamente 700.000 puestos de trabajo.

Los beneficios del no pago

Si además de las reservas miramos el Presupuesto Nacional 2010, vemos que están programados otros 26.530 millones de pesos (6.890 millones de dólares) para pagos de intereses de deuda. Si en vez de ese uso, se lo destinara al mismo programa de obras públicas, ya estaríamos en 520.000 viviendas (y otros 700.000 puestos de trabajo). Suponiendo que en cada vivienda habita un núcleo familiar de cuatro personas (y somos conservadores, porque sabemos que, hacinamiento mediante, muchas familias están mucho peor), simplemente dejando de pagar los intereses presupuestados más la plata de las reservas destinadas a la deuda, se resolvería de un plumazo el drama de las dos millones de personas que viven en villas del conurbano.

No es mágico. Y mostramos lo que se puede hacer simplemente con un año de lo que se va por la sangría de la deuda. Dejar de pagarla definitivamente, permitiría, en años sucesivos, aumentar sustancialmente el presupuesto educativo (mejorando los salarios docentes y la infraestructura escolar), el de salud (también subiendo los sueldos, haciendo nuevos hospitales y equipándolos), y responder a nuestra deuda histórica con los jubilados, sacándolos de la miseria, por sólo dar unos pocos ejemplos. Es el primer paso hacia cualquier programa de emergencia al servicio de la clase trabajadora y el pueblo.

Saqueo petrolero en Malvinas

2010-05-30T14:55:00.000-03:00

25 de marzo de 2010

¡Basta de que los ingleses nos roben el petróleo!

Gran Bretaña inició exploraciones para quedarse con el petróleo en el Mar Argentino. Cristina le otorga al Barclays, uno de los dueños de la empresa exploradora, el control del canje de la deuda externa. ¿Qué hacer frente a la usurpación y el saqueo?

El gobierno inglés ha dado un nuevo paso en su ya larga lista de atropellos posteriores a la guerra de 1982. Ahora ha decidido unilateralmente iniciar acciones de exploración de petróleo en el Mar Argentino, a unas 150 millas al norte de Malvinas, por medio de la empresa Desire Petroleum (uno de cuyos principales accionistas es el Banco Barclays), a través de la plataforma petrolera Ocean Guardian.

Es una muestra más del fracaso de la llamada política de “desmalvinización”, que llevaron adelante todos los gobiernos argentinos desde 1982. Intentaron “normalizar” lo antes posible las relaciones con Gran Bretaña, “congelando” el reclamo, haciendo “como si” la usurpación de Malvinas no existiera.

Mientras tanto, los ingleses siguieron avanzando. Ya en 1982, al finalizar la guerra, el Reino Unido había fijado una “zona de exclusión” de 200 millas. En 1987, unilateralmente establece una zona de 150 millas de explotación pesquera exclusiva, adjudicándose de hecho 214.000 kilómetros cuadrados. En 1991, después incluso de los llamados “acuerdos de Madrid” -máxima entrega de Menem a los ingleses, donde hasta deja “en suspenso” el tema soberanía-, Gran Bretaña vuelve a avanzar unilateralmente, declarando una virtual soberanía sobre las 200 millas de lecho y subsuelo submarino alrededor de Malvinas, sumando a su control 438.000 kilómetros cuadrados. Y en 1993, se adjudica las 200 millas alrededor de las Georgias y Sandwich del Sur, agrandando su “zona exclusiva” a 1.200.000 kilómetros cuadrados. Con este “antecedente”, se posiciona para reclamar dos millones de kilómetros cuadrados más en la Antártida Argentina.

La “pampa sumergida”

Dimensionemos estos números. Todo el territorio argentino alcanza 2.800.000 kilómetros cuadrados. Nuestra plataforma continental del Mar Argentino ocupa 1.500.000 kilómetros cuadrados y la Antártida Argentina otro millón. Por lo tanto, lo que está en juego no es sólo el territorio de las islas, sino una superficie casi similar a toda la Argentina continental.

El interés británico en esta área puede resumirse en dos cuestiones. La geopolítica: se trata del control imperalista sobre el Atlántico Sur. Gran Bretaña ha instalado la base militar de Mount Pleasant en Malvinas, como parte del dispositivo militar de la Otan, que se articula con el despliegue de la IV Flota de los Estados Unidos, aliado estratégico de los ingleses.

El otro interés es el económico. A la conocida riqueza pesquera de la región, que ya está siendo saqueada, se le suma la casi certeza de inmensas reservas petroleras, estimada en 60.000 millones de barriles de petróleo (30 veces nuestra deuda externa).

Ante semejante conflicto, el gobierno de Cristina no hace nada. O peor que nada. No sólo no ha denunciado y roto los acuerdos de Madrid firmados por Menem (que, como vimos, son burlados sistemáticamente por los ingleses). Tampoco ha denunciado el tratado de Lisboa de la Unión Europea, que incorpora a las Malvinas como territorio extracontinental europeo. Lo peor es que, mientras “protesta” formalmente, sigue ofreciéndoles negocios a las empresas británicas, incluso a las directamente involucradas en el saqueo de nuestro petróleo en Malvinas. Tal el caso del Barclays, que ha sido designado por el ministro Boudou como uno de los bancos encargados del nuevo canje de deuda.

Hay que hacer lo contrario. Romper los acuerdos entreguistas firmados por Menem, denunciar en todos los foros la agresión británica, hacer un escándalo diplomático internacional, reclamar la solidaridad de todos los países del Tercer Mundo. Y, por sobre todo, usar la única herramienta que hoy efectivamente les dolería: atacar sus intereses económicos, confiscando sus empresas (ver recuadro).

A 28 años de la guerra, el reclamo de nuestra soberanía sobre Malvinas va mostrando su real dimensión. No sólo se trata de la justa devolución de un territorio usurpado. Hablamos de la riqueza de futuras generaciones de nuestro pueblo. Está en juego la mismísima existencia de soberanía sobre la totalidad del Mar Argentino. Es una tarea antiimperialista pendiente que, en el año del Bicentenario, la debemos asumir como tal.

El planteo de Proyecto Sur ante la deuda externa

2010-05-30T14:53:00.000-03:00

17 de marzo de 2010

Deuda Externa

Pino Solanas ¿Se planta?

Claudio Lozano presentó un proyecto de ley para pagar la deuda sin plata de las reservas. Y Pino Solanas, mientras habla de investigar, propone pagar depositando los millones de dólares en consignación, en el Banco de Basilea. Proyecto Sur se aleja cada día más del no pago.

Parecería haber un punto de acuerdo entre todos aquellos que reconocemos que la deuda externa es el mayor instrumento de dependencia, sometimiento y saqueo impuesto por el imperialismo. Esta es la base por la cual, Izquierda Socialista llama a constituir un gran movimiento nacional que movilice por el no pago. Así, hemos sido parte de las convocatorias que culminaron en una marcha unitaria a Plaza de Mayo en enero, y en un acto en el Obelisco en febrero, bajo esa consigna.

Con Proyecto Sur ya habían surgido diferencias. Planteaba que el énfasis no debía ser puesto en el “no pago”, sino en la “investigación de la deuda” vía una comisión bicameral en el Parlamento. Dicha comisión tendría que distinguir la deuda legítima de la ilegítima y, sólo sobre esta última, debería declararse la cesación de pagos.

Nuestro partido entiende que esto es equivocado. Porque la investigación ya se hizo y culminó con el fallo del juez Ballesteros que declaró a la deuda “ilegítima y fraudulenta”, existiendo incluso otro dictamen del mismo juez donde se condena el megacanje de 2001, y la deuda se siguió pagando. A pesar de ello, hasta ahora parecía que teníamos un punto en común: Solanas llamaba a dejar de pagar “mientras se investigara” (una suerte de “moratoria”). Pero no es así.

¿Pagar en consignación?

El martes 9, Pino Solanas sorprendió en el programa “Palabras más, palabras menos”, con un planteo novedoso: investigar la deuda y, mientras se comprueba su legitimidad, ir depositando los vencimientos en el Banco de Basilea, como si fuera un pago “a cuenta” o en consignación. Alcira Argumedo, su diputada, ya había aclarado el planteo: “Quede claro que Proyecto Sur no plantea un default: al igual que en Ecuador, es posible realizar ciertos pagos no cuestionados o depositar en el Banco de Basilea como consignación, mientras una Comisión Bicameral asesorada por peritos nacionales e internacionales investiga el conjunto del endeudamiento y su legitimidad” (Página12, 9/03).

Al día siguiente, en una reunión en el Congreso titulada “Audiencia Pública sobre la deuda externa”, Pino volvió sobre el tema: “Creemos una comisión bicameral para auditarla, y mientras tanto vayamos realizando los pagos consignándolos en el banco de Basilea”.

La propuesta de Pino es antipopular. Porque esos fondos los necesitamos ya para aumentar salarios y jubilaciones; invertir en salud y educación y dar trabajo a millones de argentinos. ¿Cómo se le puede ocurrir destinar esos fondos al exterior cuando hay que resolver urgentes problemas sociales? Además, esa propuesta es inviable: ¿No sabe acaso Solanas que los bonos de la deuda tienen cláusulas que someten al país a la jurisdicción de tribunales extranjeros? Supongamos por un instante que se crea una comisión bicameral y resuelve que la deuda es ilegítima. ¿Cree Pino que la Banca de Basilea nos “devolverá” los fondos? Una utopía reaccionaria.

Lozano propone una ley para pagar

Claudio Lozano impulsa un proyecto de ley para pagar con fondos que no sean de las reservas. Es en respuesta al desafío de Cristina de cómo afrontar los pagos que no sea con reservas. “Queremos demostrar cómo recuperar ingresos públicos para pagar la deuda y frenar los DNU”, dijo Lozano (Clarín, 13-03) Propone para ello restituir los aportes patronales, eliminar las exenciones a la renta financiera, no ampliar los subsidios a las petroleras, entre otras. ¡Pero ese dinero debería ir a los trabajadores y el pueblo, no a los usureros internacionales!

De esta forma. la posición de Proyecto Sur es un serio retroceso sobre su ya limitada posición anterior. No estamos haciendo una discusión abstracta: dejar de pagar inmediatamente la deuda externa quiere decir que este año pasaríamos a tener disponibles fondos equivalentes, sumados, a los presupuestos de salud y educación. No tiene sentido decir que la deuda es la fuente de nuestras miserias para inmediatamente sostener que debemos seguir pagándola “mientras se investiga”.

La deuda externa suma 35 años de estafa. Ya se inventó de todo: desde los megacanjes con supuestas “quitas” de Cavallo en 1992 y 2001 y de Kirchner en 2005, hasta los pagos en efectivos por adelantado al FMI para “no depender más” de ese organismo. En todos los casos la deuda siguió subiendo cual bola de nieve, y los trabajadores y el pueblo pagando las consecuencias con hambre, miseria y desempleo. No necesitamos que Pino aporte un invento nuevo. Sinceramente, esperamos que cambie. Y que aporte el prestigio de sus denuncias y películas a un amplio movimiento por el no pago.

La crisis económica mundial no cede

2010-05-30T14:51:00.000-03:00

3 de marzo de 2010

Ahora Europa

A mediados de 2007 se desató una de las crisis más grandes de la historia del capitalismo, sólo comparable, según reconocen muchos expertos, a la de 1930. Con epicentro en los Estados Unidos, pero rápidamente extendiéndose al resto del mundo, economistas de todas las tendencias reconocían su origen en el estallido de una espectacular burbuja especulativa con centro en los bancos de inversión de Wall Street. Caída generalizada de las principales economías del mundo, millones de nuevos desempleados, más pobreza y hambre en todo el planeta, fueron las consecuencias sociales del desastre.

Pasaron dos años y medio, y miles de páginas de “interpretación”. Ya explicamos que no se trata de una “perversión” del “neoliberalismo”, sino de algo mucho más profundo, basado en el propio funcionamiento del capitalismo imperialista de los últimos 40 años: la caída de la tasa de ganancia de las principales ramas productivas de la economía mundial y la aparición de una inmensa masa de fondos líquidos -capital “gaseoso”- que circulaba por el mundo buscando, y logrando coyunturalmente, valorizarse ficticiamente vía la especulación financiera, bursátil y cambiaria, generando “burbujas” de pseudo-prosperidad que al poco tiempo terminaban estallando. Señalábamos que lo que estaba sucediendo desde 2007 no era más que un nuevo capítulo agudo de una crisis crónica abierta a fines de la década del 60. Y que expresiones anteriores se habían visto en las décadas del 70, 80 y 90. Citando sólo las de esta última, la crisis mexicana del tequila (1994), la del sudeste asiático (1997), la cesación de pagos rusa (1998) y la argentina (fines de 2001), así como la llamada crisis “de las punto com”, que marcó la recesión de 2001 en los Estados Unidos, habían sido manifestaciones anteriores de esta misma cronicidad de la crisis que ahora aparecía con mucha más virulencia.

Durante 2009 vimos una desaforada propaganda tratando de convencernos que “la crisis ya había pasado”, que “se vislumbraba la recuperación” y expresiones similares. Pero esa expresión de deseos de la burguesía imperialista mundial, sus gobiernos y sus voceros del periodismo del establishment no se compadece con la realidad. En los propios Estados Unidos, el desempleo sigue por encima del 10%, los pedidos de seguro de desempleo continúan subiendo mes a mes, el mercado inmobiliario con sus millones de hipotecas impagas no se recupera, y todavía hay 700 bancos en dificultades.

Y vemos que hay nichos especulativos que recién están estallando ahora, agravando la crisis. Así sucedió en los Emiratos Arabes Unidos en noviembre pasado, cuando el fondo privado Dubai World se declaró en cesación de pagos, simplemente por el estallido de una nueva “burbuja especulativa” montada sobre fantásticos megaproyectos inmobiliarios. O en las crisis griega y española, que detallamos en estas mismas páginas.

Pero lo que está crujiendo en este comienzo de 2010 es en realidad el megaproyecto especulativo llamado “zona euro”. El capital monopólico y financiero de las grandes potencias europeas se construyó un gran espacio para sus superganancias: semicolonizar a las economías más débiles del sur y este de Europa, aprovechando los menores valores inmobiliarios, e incluso su mano de obra más barata. Pero la Unión Europea es hoy un proyecto en crisis. Cuando se lanzó el euro en, 1999, se fijaron las normas para poder pertenecer a ese supuesto “club selecto”: ningún país podía tener más de 3% del PBI de déficit fiscal y de 60% del PBI de deuda externa. Hoy, Grecia tiene respectivamente 13 y 113%, y España 11 y 54%, pero no son la excepción. Irlanda está en 13 y 66% y Portugal en 9 y 78%, quedando el mismísimo promedio de toda la zona euro en 6% del PBI de déficit fiscal, totalmente por encima de lo acordado. En 2009, los 16 países de la zona euro muestran un promedio de caída de sus economías del 4,1%, con 23 millones de desocupados, 7 millones más que hace dos años. Cada vez son más los economistas burgueses que insisten en que “no hay salida dentro de la moneda única, salvo brutales ajustes y años de recesión en países como España, Grecia, o Portugal” (Wall Street Journal, Financial Times y The Economist, 15-16/2).

El capitalismo imperialista tiene un sólo programa para salir estructuralmente de esta crisis crónica: propinarle una derrota estratégica a la clase trabajadora mundial, imponiendo la superexplotación a escala planetaria. Nahuel Moreno denunciaba que estaba en marcha desde fines de los sesenta y fundamentalmente la década de los setenta, una “contrarrevolución económica permanente” con ese objetivo. Una ofensiva para atacar los salarios y precarizar el empleo, subir los ritmos de trabajo, quitar los beneficios sociales, en fin, atacar todas las conquistas y necesidades de los trabajadores. Pero hasta ahora, vía la resistencia de los pueblos, no pudo lograr aplastarlos. Las recetas del FMI, las recomendaciones de la Comisión de la Unión Europea para Grecia y España, vuelven sobre lo mismo: ajustar, hacer desaparecer lo que quedó del “estado benefactor europeo”, bajar salarios, flexibilizar, liquidar los sistemas jubilatorios. Los capitalistas del mundo miran hacia China, a la que ven como un ejemplo de “disciplina laboral” y superexplotación, modelo de cómo “se sale de la crisis”. Los trabajadores del mundo, hoy nos miramos en el espejo de la resistencia obrera europea, que defiende con uñas y dientes lo que conquistaron con todas sus luchas del siglo XX.

5 medidas contra la inflación

2010-05-30T14:49:00.000-03:00

17 de Febrero de 2010

Se está dando la estampida de precios más grande desde que asumieron los Kirchner. Increíblemente, para el Indec los precios en enero aumentaron “sólo” el 1%. Mientras todos los estudios alternativos la calculan en más del doble.

El gobierno de Cristina lo único que hace es justificar los aumentos. Ni siquiera ha previsto los ya fracasados “acuerdos de precios” entre Guillermo Moreno y las empresas monopólicas. Seguramente, en los próximos días se anunciarán algunos “precios acordados”. Ya sabemos cómo sigue la película: esos productos nunca aparecerán en las góndolas, quedando sí como valores imaginarios en base a los cuales se dibujará el número de la inflación del mes que viene.

Mientras tanto, los trabajadores comprobamos horrorizados cómo con 50 pesos no compramos nada. Hay cortes de carnes cuyo precio por kilo ya supera el valor del no hace mucho todavía importante billete con la cara de Sarmiento. Verduras (¡la lechuga a 18 pesos!), medicamentos, artículos de limpieza, combustible (¡4 pesos el litro de nafta!): todo sube, mientras los padres horrorizados empiezan a mirar los valores astronómicos de la canasta de útiles escolares.

Frente a esta realidad no caben las medias tintas ni los discursos desentendidos. Hay que tomar medidas de emergencia para evitar que, día a día, más y más trabajadores caigan por debajo de la línea de pobreza.

1 Aumento de salarios y jubilaciones.

Tenemos que luchar para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, hoy calculado en 4.000-4.500 pesos. Para llegar a ese monto, se tiene que dar un aumento de emergencia, ya mismo, de 1.000-1.500 pesos en todos los salarios y jubilaciones. Y hay que reabrir inmediatamente todas las negociaciones en una paritaria única, sin ningún tipo de “techo” preestablecido, con delegados elegidos en asamblea. Al mismo tiempo, para garantizar que en el futuro la inflación no se vuelva a comer nuestros ingresos, tenemos que exigir que exista una cláusula de reajuste automático según el alza del costo de vida.

2 Precios máximos.

Para evitar que los productos de la canasta familiar sigan subiendo. No se trata de hacer como ah o ra, q u e “teó ricam en te” existen precios “acordados” o “sugeridos” que no se pueden enco n trar en ning ún su permercado. Establecer precio s máximos significa que se debe definir un precio para un artículo y este debe ser rigurosamente respetado, otorgánd ole la potestad de control a las organizaciones de trabajadores y consumidores

3 Sanciones a los remarcadores.

Muchas veces se dice que los precios máximos n o sirven porq ue los comerciantes no los respetan, ya sea vendiendo por encima de esos valores o acaparando y haciendo “desaparecer” los productos de las gónd olas. Esto se soluciona poniend o en práctica u na herramienta vigente, que el go bierno siempre se negó a utilizar: la Ley de Abastecimiento, que autoriza a multar, clausurar y hasta expro piar a aquel que viole un control de precios o acapare mercaderías para pro ducir faltan tes. No se trata de salir a perseguir al pequeño comerciante, pero sí de hacer caer todo el peso de la ley sobre las grandes cadenas de supermercados y frigoríficos, que son quienes terminan definiend o los precios a los que venden todo el resto de los establecimientos.

4 Eliminar el IVA de la canasta familiar.

Es una medida que permitirá a la vez reducir los precios y aumentar el valor de los salarios. Esto producirá una baja automática del precio de estos bienes en un 21%. Y, al mismo tiempo, será una cuestió n de estricta justicia, porque los im puestos deben ser pagados por los ricos y las grandes empresas, no por el pueblo trabajador.

5 Fuera la intervención y los índices truchos del INDEC.

Ninguna lucha contra la inflación puede darse a ciegas. Tenemos que saber a ciencia cierta cuánto aumentan los precios mes a mes. Para esto hay que terminar con la intervenció n del Indec y los índices truchos. Proponemos, tal como lo reclaman los pro pios trabajadores del Instituto, normalizarlo de inmediato, restituyendo en sus puestos a todos los trabajadores desplazados desde 2007. Ellos saben cómo recalcular el índice de precios al consumidor y demás indicadores truchados desde entonces, cosa que debe hacerse para que los trabajadores podamos usar ese valor en próximas peleas por el salario. Y, para que nunca más suceda que un gobierno destruya las estadísticas públicas, hay que garantizar un Indec independiente de los gobiernos de turno, que sea manejado por sus trabajadores y técnicos.

¡No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nos roban! Mientras los empresarios aprovechan el “río revuelto” de la inflación para agrandar sus ganancias, el gobierno mira para otro lado y los burócratas sindicales no mueven un dedo. Hay que exigir medidas como las que proponemos para defender nuestro salario, antes que no valga nada.

Hay muchas razones para no pagar

2010-05-30T14:47:00.000-03:00

3 de febrero de 2010

Deuda Externa

Ante el planteo de nuestro partido de que no hay que pagar la deuda, muchos compañeros han manifestado dudas e interrogantes. En esta página damos las razones que, a nuestro entender, fundamentan y avalan la necesidad de aquella medida.

Muchos dicen: “las deudas hay que pagarlas”. Es cierto. Pero cuando son legítimas. No es el caso de la deuda externa argentina. Si pido a alguien 500 pesos tengo que devolverlos. Pero si es un usurero y me quiere cobrar el doble, no le pago. La deuda externa fue un asalto por parte de la dictadura militar. Es como si una patota entrara a su casa, le ponen una pistola en la cabeza y le hacen firmar un pagaré por 20.000 pesos. ¡Usted no los va a pagar!

Los genocidas de la dictadura, con el objetivo exclusivo de enriquecer a grupos económicos locales y extranjeros, endeudaron al país y usaron esa plata para la bicicleta financiera. ¡Incluso para comprar armas para reprimir! No era plata para reactivar la industria y dar trabajo, construir viviendas populares, modernizar los ferrocarriles, ni construir nuevos hospitales y escuelas. Nada de ese dinero vio el pueblo argentino. Tal fue la estafa que cuando se acabó la dictadura, los supuestos acreedores no tenían papeles que acreditaran dicha deuda. ¡Aún así les fue reconocida! Es más, buena parte de esos millones de dólares nunca ingresaron al país, siendo luego “contabilizados como deuda”.

Además, en 1982, Domingo Cavallo, entonces funcionario del Banco Central de la dictadura, estatizó la deuda privada contraída por el Citibank, el Banco Francés, Minetti, Sevel, Mercedes Benz, Banco de Londres, entre otros. ¿Cómo vamos a pagar esa deuda?

Un fallo la declaró “ilegítima y fraudulenta”

Todo lo que estamos diciendo no es un invento de la izquierda. Está probado y documentado en el fallo del año 2000 del Juez Jorge Ballesteros, quien recomendó al Congreso tomar medidas. Desde entonces duerme en un cajón y Martínez de Hoz fue sobreseído “por el paso del tiempo”. “El país fue puesto desde el año 1976 bajo la voluntad de acreedores externos…” Y añade: “La deuda ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política-económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el país… para beneficiar y sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del Estado… Las empresas públicas eran obligadas a endeudarse para obtener divisas que quedaban en el Banco Central… Todo ello se advirtió en no menos de 477 oportunidades... entre ellos 423 préstamos externos concertados por YPF…”

Finalmente señala las responsabilidades de políticos que hoy siguen en la impunidad: “Ha quedado evidenciado en el trasuntar de la causa la manifiesta arbitrariedad con que se conducían los máximos responsables políticos y económicos de la Nación en aquellos períodos analizados. Así también se comportaron directivos y gerentes de determinadas empresas y organismos públicos y privados”, llamando a “determinar la eventual responsabilidad política que pudiera corresponder a cada una de los actores en los sucesos que provocaran el fenomenal endeudamiento externo argentino”.

La deuda ya se pagó varias veces

En 1976 la deuda era de 7.000 millones de dólares, y hoy asciende a 175.000. Quiere decir que en 34 años creció veinte veces, a pesar que en ese tiempo se pagaron 220.000 millones de dólares. Es decir: se pagó mucho más de lo que se debía y seguimos debiendo una friolera. ¿No es ésto la mejor prueba que es una gran estafa? Lo mismo pasó con la deuda de América Latina. Se pagó cinco veces y ahora se deben cinco veces más. Esto ocurre porque la deuda es un mecanismo de dependencia donde se cobran intereses sobre intereses (algo prohibido), con refinanciaciones y reconocimientos permanentes por parte de los gobiernos de turno -con canjes, supuestas “quitas” y renegociaciones permanentes-, de los cuales siempre terminamos debiendo más. Todo a propósito, para seguir bajo la bota del imperialismo, los bancos usureros y las multinacionales.

¿Qué pasa si no pagamos?

Quienes se perjudicarían con el no pago (el FMI, banqueros y grandes potencias), siempre nos han dicho que si no pagamos nos ibamos a aislar, no tendríamos medicamentos, nos podrían bloquear, invadir o mandar la flota yanqui. ¡Mentiras! Países mucho más débiles que Argentina tomaron medidas contra los acreedores y no les pasó nada (ver Antecedentes…). En estos años Bolivia se retiró del Ciadi (el Tribunal Arbitral del Banco Mundial). Ecuador investigó y repudió una parte de su deuda. Y con el Argentinazo se dejó de pagar una parte importante. ¿Nos invadieron? No.

Si nos bloquean, Argentina tiene carne, cereales y petróleo para subsistir. Y para enfrentar posibles sanciones nos deberíamos unir a los países latinoamericanos para comercializar nuestros productos en igualdad de condiciones. ¿Acaso Venezuela nos negaría su petróleo o Bolivia su gas? Y si conformamos un frente de países deudores para no pagar, estaríamos en mejores condiciones para enfrentar cualquier posible represalia. El problema lo tendrían ellos. ¿Qué pasaría si México, Brasil y Argentina -los mayores deudores- dejan de pagar? La crisis la deberían soportar ellos, no nosotros.

Hay que preguntarse: ¿qué nos está pasando por pagar? Sufrimos ajustes, tarifazos, bajos salarios y pobreza. Nos roban el petróleo y saquean nuestros minerales. En los 90 nos remataron los ferrocarriles, YPF, teléfonos y empresas de agua y electricidad, y la deuda creció. No pagar es volver atrás con todo este saqueo.

Si se paga, habrá menos salario y trabajo

Los compañeros que crean que pagando puede haber prosperidad, más salario, trabajo o inversiones en salud y educación, se equivocan. Argentina puede argumentar, con claras pruebas, su “estado de necesidad”. A pesar de los dichos de Cristina -que vive en otro mundo-, la desocupación y pobreza crecen, millones viven en asentamientos precarios, basta una epidemia de dengue para que la salud pública colapse, los maestros ganan sueldos de miseria y millones de chicos van a la escuela sólo en busca de un plato de comida. Esa es la deuda “interna” que hay que pagar.

Por supuesto que surgirán presiones y amenazas. Como siempre que un pueblo quiso levantar cabeza y liberarse. Estamos en el año del Bicentenario. Es una buena oportunidad para recordar que a San Martín le decían lo mismo, que no se podía declarar la Independencia. Siguiendo su ejemplo y el de los otros libertadores decimos que sí se puede. Se arriesgaron, lucharon y sufrieron por un futuro liberador y digno. De los trabajadores, luchadores y la izquierda -que no tenemos compromisos con el imperialismo y los usureros-, saldrán los nuevos libertadores para llevar adelante la Segunda y Definitiva Independencia continental. Para ello Izquierda Socialista impulsa un gran Movimiento Nacional por el no pago. Porque hay muchas razones para no pagar.

Pago de deuda externa con reservas del Banco Central

2010-05-30T14:45:00.000-03:00

20 de enero de 2010

¡Basta de pagar la deuda externa!

Los Kirchner quieren apropiarse del Banco Central. La oposición de Carrió, Duhalde, De Narváez, Cobos y Macri defiende su “autonomía”. Pero ambos están de acuerdo en seguir pagando peso sobre peso a los acreedores. Hay que terminar ya con este cáncer que hace más de 30 años está reventando al pueblo argentino.

Estamos hablando de más 175.000 millones de dólares. Año a año, se destinan recursos superiores a los que van a salud, educación o asistencia social, solamente para “cumplir” con los vencimientos, y seguir “pateando” el grueso de la deuda hacia adelante. O se consiguen préstamos para “pagar los anteriores”. Y así la deuda se va agrandando, cual bola de nieve. Cada tanto aparece un gobernante que promete “terminar” con el tema. Surgen así los “canjes”, que reemplazan deuda vieja por nueva, se entregan nuestras riquezas (como pasó con las privatizaciones durante Menem), o se pagan miles de millones de dólares cash “por única y última vez”, como hizo Kirchner en 2006. ¡Vergonzosas mentiras! La deuda sigue creciendo y transformándose en una hipoteca impagable.

La maldita herencia de la dictadura

La deuda no nació por generación espontánea. Fue la consecuencia económica del genocidio de la dictadura militar. Fue el producto de uno de los negociados más escandalosos de la historia argentina. Se endeudó hasta la quiebra a las empresas públicas, los grupos económicos “amigos” de los militares robaron hasta el infinito, miles de millones de dólares quedaron “registrados” como deuda aunque nunca habían entrado al país. Y, como frutilla del postre, el inefable Domingo Cavallo “estatizó” toda la deuda que habían contraído los grupos económicos privados.

Todo esto está probado y documentado: en el año 2000, el juez Jorge Ballesteros dictaminó que la deuda contraída durante la dictadura militar era ilegítima, remitiendo su fallo al Congreso para que este “tomara las medidas correspondientes”. Por supuesto: desde entonces el expediente duerme en un cajón. Como durmió durante 18 años en la misma justicia generando que el fallo no pudiera condenar a Martínez de Hoz ni a nadie porque “había prescripto”.

Ahora Cristina nos dice que no se puede investigar nada de la deuda porque eso “lo tenía que haber hecho Alfonsín”. ¡Caradura! Radicales y peronistas se pasan la pelota, cuando la realidad es que unos y otros hicieron y hacen todo lo posible por seguir cumpliendo con los acreedores. Es verdad que Alfonsín no investigó nada y siguió pagando. Más aún, puso de Presidente del Banco Central a un ex gerente de la misma dictadura, José Luis Machinea, quien en 1985 estatizó “lo que quedaba” de la deuda privada. Luego vinieron los peronistas, con Menem, y canjearon los papeles impresentables que venían de la dictadura por nuevos bonos y, de paso, se quedaban con las empresas públicas. Y la deuda siguió creciendo. Y cuando ya no había plata ni para pagar el vencimiento del mes siguiente, la Alianza lo trajo de vuelta… a Cavallo, que en un fin de semana hizo un nuevo canje, agrandando la deuda en 50.000 millones de dólares. Fue un negociado tan desprolijo que el propio juez Ballesteros, en otra causa, decidió que era una estafa.

Pero a Cristina parece no alcanzarle. Tiene dos fallos impecables. Tiene también el hecho irrefutable de que la deuda ya se pagó varias veces: llevamos abonados 220.000 millones de dólares. Tiene el ejemplo incluso de países como Ecuador, que, aunque parcialmente, avanzó en una investigación que decidió que la mayor parte de su deuda era ilegítima. Pero los Kirchner eligieron el camino de seguir entregando la riqueza de los argentinos. Ningún gobierno pagó más en efectivo que ellos. Incluso pagaron por adelantado, como cuando le entregaron 10.000 millones de dólares al FMI en 2006, con la excusa (una vez más) que así nos “desendeudábamos”.

De una vez por todas, dejar de pagar

Ahora el gobierno vuelve con la vieja cantinela, copiada de los argumentos del establishment económico, de que es imposible dejar de pagar la deuda, porque “quedaríamos aislados” o “nos embargarían”. Mientras tanto, la pregunta que vale es qué ocurre si continuamos pagando. Porque van más de 30 años donde vemos como aumenta la pobreza, la marginación y como se hunde la educación y la salud públicas. La deuda externa es el gigantesco colador por donde se escapa el esfuerzo del trabajo cotidiano de los argentinos. Y, lo que es peor, por más que se pague, sigue creciendo.

Por eso volvemos a insistir, como dijimos una y mil veces: no hay salida para nuestro país ni para su clase trabajadora sin dejar de pagar la fraudulenta, ilegal, inmoral e impagable deuda externa.

Y, si nos quieren embargar o bloquear, tenemos una herramienta: un llamado a todos los países latinoamericanos para conformar un Frente de Deudores, para pelear juntos contra los grandes acreedores y defendernos poniendo en común los inmensos recursos económicos, energéticos y naturales del subcontinente.

No es un camino sencillo. Pero es el único posible de transitar. A 200 años del comienzo de las luchas por nuestra liberación de España, el no pago de la deuda es el primer paso para lograr nuestra segunda y definitiva independencia.

Dubai, Grecia, España

2010-05-30T14:42:00.001-03:00

16 de Diciembre de 2009

Vuelven las crisis de la deuda externa

Hace un par de semanas fue Dubai. Mientras muchos economistas del establishment y los principales medios financieros mundiales buscaban demostrar que “la crisis mundial se ha superado”, sorpresivamente el fondo privado Dubai World se declaraba en cesación de pagos por 60.000 millones de dólares. ¿Qué había pasado? Nada nuevo, simplemente el estallido de una nueva “burbuja especulativa” montada sobre fantásticos megaproyectos inmobiliarios (islas artificiales con forma de palmera, hoteles “siete” estrellas, pistas de esquí en medio del desierto).

Y ahora Grecia. Al cumplirse un año de la rebelión juvenil en Atenas, se produjo una feroz represión sobre las decenas de miles de personas que salieron a las calles para conmemorar el primer aniversario del levantamiento. ¿Por qué un nuevo gobierno, el de George Papandreu, perteneciente al Pasok (Partido Socialista), inauguró su mandato con semejante represión? Es que Grecia está ubicada en el ojo del huracán de la crisis económica mundial, que parece querer convertirlo en su próxima víctima. La deuda externa griega ha llegado al 113% de su PBI y se calcula que terminará el año con un déficit fiscal del 12% (cuando, por definición, ningún país miembro de la Unión Europea está autorizado a un déficit superior al 3%). Las agencias calificadoras internacionales de deuda (que le indican al establishment el “riesgo” de invertir en un país u otro), se apresuraron a reducir la calificación de la deuda griega. Pero, como país miembro de la Unión Europea, no tienen moneda para “devaluar” (circula el euro), por lo que suena cada vez más la posibilidad del “default” (que Grecia deje de pagar su deuda). La forma de evitarlo, obviamente, es que logren hacer pasar un feroz ajuste de la mano del FMI.

Mientras tanto, ya empiezan a llegar noticias cada vez más fuertes de que también España está entrando en un tembladeral: con un déficit fiscal del 11% de su PBI y un desempleo de casi el 20%, el Wall Street Journal titula “La deuda de España alimenta los temores de una crisis fiscal en Europa” (10 de diciembre). Es que la economía mundial no ha salido de la crisis que estalló en 2007. No hay recuperación genuina alguna y los índices de desempleo, pobreza y hambre siguen creciendo pavorosamente en todo el planeta. Con los billones de dólares que la Reserva Federal yanqui y los bancos europeos y japonés tiraron para salvar a los especuladores, lograron hacer crecer espectacularmente algunas bolsas del mundo y generar ciertos “negocios ficticios” que sirven para enriquecer a unos pocos -como los directores de bancos, que han vuelto a sus escandalosas comisiones millonarias-, pero que a poco de andar “estallan” dejando un tendal. Por eso está más vigente que nunca la consigna que se coreó en la multitudinaria marcha que recorrió Madrid el sábado pasado: “que la crisis no la paguen los trabajadores”.

Cumbre de Copenhague

2010-05-30T14:41:00.000-03:00

19 de Diciembre de 2009

“El problema no es el clima, sino el sistema”

Con estas palabras sintetizó un activista alemán la protesta de las más de 100.000 personas que se movilizaron exigiendo finalizar con la contaminación del planeta. Pero los líderes imperialistas siguen priorizando las superganancias de las transnacionales a la destrucción ambiental.

La Cumbre climática de Copenhague, que comenzó el pasado 7 y se extenderá hasta el 18 del corriente, va camino a seguir los pasos de su antecedente en la anterior Cumbre de Kyoto de 1997. Lo que hace unos años atrás hubiera parecido el comienzo de una película de ciencia ficción, hoy es una realidad: se realizará la “Convención de las Naciones Unidas sobre el cambio climático” para discutir cómo evitar que la temperatura del planeta aumente en dos grados hacia fin de siglo, llegando a poner en riesgo la vida del ser humano sobre la tierra. Los objetivos que se deben alcanzar ya están científicamente demostrados: hay que reducir en un 50% las emisiones de dióxido de carbono -también llamados “ gases de efecto invernadero”-, antes de 2050 (y entre un 25-40% antes de 2020), si no se quiere llegar a una catástrofe con consecuencias impredecibles (descongelamiento de los polos y elevación del nivel de los océanos, inundaciones que harán desaparecer poblaciones enteras, desertificación de regiones enteras, crisis alimentaria, crecimiento de enfermedades tropicales, por citar sólo algunas). La otra gran cuestión es cuánto dinero es necesario invertir para reconvertir la industria a nuevas tecnologías no contaminantes y luchar contra las consecuencias ya existentes del calentamiento global. Acá también los expertos se han pronunciado: se necesitarán 240.000 millones de dólares anuales de acá hasta el 2030.

Muchas palabras, ninguna obligación

Como vemos, no se trata de grandes debates “científicos” sobre el futuro climático del planeta. Aunque las grandes transnacionales han hecho correr una corriente “pseudo-científica” que busca negar la gravedad de la crisis ambiental, prácticamente no hay estudio serio en el mundo que no la reconozca. Lo concreto, entonces, es qué resolución tomarán las grandes potencias ante estas realidades. Ciertamente, poco se puede esperar. Habrá declaraciones altisonantes, algún documento lleno de generalidades tan obvias que nadie puede estar en contra y luego, “en lo concreto”, casi nada. Se firmará, como mucho, un acuerdo sobre metas para reducir la contaminación que serán absolutamente insuficientes para evitar el desastre ambiental de las próximas décadas. Pero lo más grave es que el principal contaminador del planeta, Estados Unidos, ni siquiera se comprometerá a esas reducciones mínimas (como sucedió con el Tratado de Kyoto, nunca firmado por los yanquis), aunque no se privará de “exigir” a los países del Tercer Mundo que fijen metas ambientales bajo pena de “sanciones” comerciales o diplomáticas.

Para la prensa, Estados Unidos y la Unión Europea hacen promesas tras promesas, cada una más demagógica que la otra. Prometen reducir “drásticamente” sus emisiones de gases. Los yanquis hablan de reducir un 17% con respecto a los niveles de 2005, pero si la oferta tomara como nivel 1990, que es lo que establece Kyoto, la baja sería sólo del 4%. Y aún eso tiene que pasar por una muy improbable aprobación en el Congreso de los Estados Unidos. La Unión Europea, por su parte, se compromete a reducirlos en un 20%, pero aclaró inmediatamente que ello sólo será posible si Estados Unidos aumenta su compromiso de reducción. Como se ve, todos se comprometen “si el otro también lo hace”. Y China, que entra en el debate porque a su triste rol de gran país dictatorial superexplotador de mano de obra, ahora le suma el de haberse convertido en el segundo contaminador del planeta, sólo se compromete a reducir la “intensidad calórica por unidad de PBI” en sus emisiones, algo mucho menor a las reales. Cualquier acuerdo que no incluya una reducción seria de la contaminación de estos tres actores, que son los responsables de más del 50% de la emisión de gases del planeta, no será más que una burla para los miles de millones de trabajadores y sectores populares que se verán afectados en el futuro próximo.

Mientras tanto, Obama, quien viene de realizar el acto vergonzoso de defender la guerra imperialista en el mismísimo acto en que recibía el Premio Nobel de la Paz, demuestra que lo suyo en materia ecológica también es pura demagogia: propuso un aporte de los países imperialistas de apenas 10.000 millones de dólares anuales. Los europeos se sumaron al sainete: anunciaron que destinarán 10,6 mil millones de dólares para que los países pobres mitiguen las consecuencias del cambio climático, pero después resultó que la mayoría de esos fondos son los que ya la Unión Europea tiene asignados para préstamos a países en desarrollo.

No hay solución ambiental en el marco del capitalismo

Es evidente que ninguna política ambiental seria puede salir de esta cumbre. Se podrá firmar finalmente un documento común, o, ni siquiera eso. Habrá que esperar el final. Lo que resulta superclaro es que, en todos los casos, lo que está detrás son los intereses económicos de los pulpos transnacionales. Muchos juegan a que no se cambie la matriz energética actual y lucrar con un petróleo que puede ascender hasta 200 dólares o más el barril. Otros, ya “ven” los nuevos negocios del biocombustibles -quemando bosques, y reemplazando cultivos de alimentos, haciendo así subir su precio-. Y no falta quien vea un gran negocio financiero para especuladores, a través de la emisión de bonos “verdes” que autoricen niveles máximos de contaminación y se “coticen” en los mercados mundiales.

El capitalismo imperialista está llevando a la humanidad a la debacle. A los más de 1.000 millones de habitantes que sufren hambre (un 16% de la población mundial), se le suma ahora una catástrofe ecológica de consecuencias impredecibles. En el mundo, millones de trabajadores, campesinos, pueblos originarios y otros sectores populares, particularmente los jóvenes que se preguntan sobre su futuro en las próximas décadas, dirigen con toda justicia su atención hacia los problemas ecológicos. Los socialistas, que hacemos nuestras todas y cada una de las reivindicaciones ambientalistas, denunciamos a las transnacionales y sus gobiernos como responsables y decimos que no habrá salida mientras no se las expropie y gobiernen los trabajadores, porque un mundo donde se cuide y no se destruya el planeta, nuestra “casa común”, sólo será posible en una sociedad socialista.

Asignación universal por hijo

2010-05-30T14:37:00.001-03:00

4 de Noviembre de 2009

Con los $180 se consolida la pobreza

Cristina anunció pomposamente la creación de un pago universal de 180 pesos por hijo menor de 18 años. El dinero saldrá de la caja del Anses. ¿Una política para redistribuir el ingreso o un nuevo manejo clientelar de los Kirchner?

Mientras todos los estudios (menos los del Indec, obviamente) muestran un explosivo crecimiento de la pobreza, Cristina quiere convencernos que la va a resolver otorgando 180 pesos a cada hijo de desocupado o de trabajador en negro.

En las últimas semanas habían circulado diversos proyectos, tanto del oficialismo como de la oposición, para hacer efectivo un ingreso universal a la niñez. Ya en ediciones anteriores explicamos que aún con montos superiores a los 180 no se iba a resolver en absoluto el flagelo de la pobreza (ver “Con $300 no alcanza”, El Socialista N°152, 28-10).

La medida, que fue efusivamente apoyada por Moyano y Yasky, no sólo es insuficiente. Tiene la misma intencionalidad que el anuncio anterior de Cristina de crear 100.000 puestos de trabajo. Es parte del plan integral del proyecto kirchnerista, montado con el objetivo de ganar clientelarmente y tener bajo su ala a intendentes y gobernadores.

¿Cómo se lo financia?

Quizás algún compañero podrá pensar: “pero al menos el Estado destina algo para los que menos tienen”. Obviamente que es bienvenido cada centavo que los trabajadores y el pueblo le arrebatemos al Estado o a los patrones. Pero, lamentablemente, este no es así: el programa será financiado íntegramente por el Anses -léase, con la plata de los jubilados-. O sea, pagarán a los chicos con la plata que les sacan a los abuelos.

Y sucede algo más terrible aún: se calcula que la totalidad del financiamiento requerirá aproximadamente 10.000 millones de pesos. Eso será lo que saldrá de la caja del Anses. Pero, al mismo tiempo, el gobierno dejará de pagar otros programas -como el Plan Familias o el Jefas y Jefes-, “ahorrándose” así aproximadamente 5.000 millones de pesos. En conclusión: se le sacarán 10.000 millones a la caja de los jubilados, mientras el gobierno tiene 5.000 millones más para usarlo para fines distintos a los de política social.

Este año el gobierno ya sacó del Anses 6.000 millones de pesos para pagar deuda externa y 3.450 para “inversiones públicas”, es decir, negocios de los empresarios amigos. Algo criminal en un país donde el 80% de los jubilados reciben haberes por debajo de la línea de pobreza.

Los “progresistas” tenían la expectativa de que el ingreso universal se iba a financiar con un impuesto a la renta financiera. Pero el gobierno eligió que lo hicieran los jubilados ¿Cómo es posible que en un país donde en lo que va de 2009 los bancos tuvieron una ganancia 65% superior al 2008, se exima de pagar impuesto a la renta financiera mientras se financia cada día más todo con la plata que legítimamente pertenece a nuestros viejos?

Una salida de fondo para combatir la pobreza

Es una vulgar mentira decir que se resuelve la pobreza con esta asignación de 180 pesos. Si quisieran avanzar seriamente habría que otorgar 1.000 pesos de emergencia a cada trabajador o jubilado, para acercarlo al valor de la canasta familiar (hoy en 4.500 pesos); prohibir por ley los despidos y pagarle a todo trabajador desocupado un seguro de desempleo de 1.500 pesos hasta que se les garantice un trabajo digno; obligar a blanquear a todo los trabajadores en negro y desarrollar un plan de obras públicas para generar trabajo, construyendo viviendas, escuelas y hospitales controlado por comisiones obreras y de desocupados, fuera del manejo clientelar de intendentes y punteros. Para financiar todo esto, habría que ponerle impuestos a la renta financiera, a las superganancias empresariales, terminar con los subsidios a las grandes patronales y privatizadas y, por sobre todo, dejar de una vez de pagar la ilegal, inmoral e incluso impagable deuda externa. Así sí, de una vez por todas, se empezaría una verdadera guerra contra la pobreza.

La Gran Depresión (II Parte)

2010-05-30T14:36:00.000-03:00

Crisis del 30

Se trató de la mayor depresión de la historia del capitalismo. Mucho se ha discutido sobre cómo se salió de ella. La mayoría de las lecturas de la economía burguesa colocan como salvadora a las políticas “keynesianas”. Sobrevaloran la intervención estatal y silencian al verdadero motivo de salida global de la crisis: el horror de la Segunda Guerra Mundial.

28 de octubre de 2009

Se trataba de la mayor crisis capitalista jamás vista. El crack de Wall Street se había convertido, en los años siguientes, en la “La Gran Depresión”. Los salarios habían caído a la mitad, y las tasas de desocupación en los países imperialistas superaban el 25%.

Los líderes políticos patronales estaban paralizados, sin otra respuesta que la represión para las luchas populares o el discurso de que se trataba apenas de una “fase descendente del ciclo económico”, y que ya se “solucionaría solo”. La clase trabajadora se movilizaba casi todos los días, pero no veía perspectivas, sujetada como estaba a sus direcciones tradicionales, laboristas, socialdemócratas o de los partidos comunistas ya totalmente en manos del stalinismo. Para peor, la desesperación de las clases medias y de parte de los desocupados permitía el crecimiento del nazismo.

El “New Deal” de Roosevelt

Franklin Delano Roosevelt asumió como presidente de los Estados Unidos en marzo de 1932, en medio de una explosiva situación social. Su instinto de líder burgués y los consejos del economista británico John Maynard Keynes, lo convencieron de la necesidad de aplicar un masivo plan de obras públicas para paliar las altísimas tasas de desempleo. Lo denominó el “New Deal” (Nuevo Trato). Fue un programa gigantesco de inversión estatal. Se abrieron miles de oficinas de empleo en todo el país, en el que se inscribieron, y recibieron inmediatamente un puesto de trabajo, cientos de miles de desocupados. En apenas dos años se construyó toda la red de carreteras que aún hoy cruzan el país del Norte. Hubo, además, obras de infraestructura gigantescas, como el Valle del Tennesse, que aún hoy es parte sustancial de la provisión de energía en los Estados Unidos.

Por supuesto, la idea de Roosevelt no era proceder a estatizar la economía yanqui. Desarrolló ese plan debido a su propio terror ante las radicalizadas movilizaciones de la clase obrera norteamericana. En 1935 creyó que la crisis estaba resuelta. El propio Keynes, con una visión más amplia, trató de convencerlo de lo contrario. Fue en vano. Comenzó a ajustar los gastos y reducir la obra pública. Inmediatamente reaparecieron los altísimos índices de desocupación.

La trágica demostración: Segunda Guerra Mundial

La salida de las crisis capitalistas nunca es gratis. Es cierto: un plan de obras públicas, unido a otras medidas, como la prohibición de los despidos (cosa que nunca se planteó realizar Roosevelt) pueden, en el marco del capitalismo, paliar el desempleo y evitar que la crisis caiga abruptamente sobre los hombros de la clase trabajadora. Pero esto implica que, los que “paguen”, (así sea viendo reducir sus ganancias) sean los propios capitalistas. Y los grandes pulpos de entonces (al igual que los de hoy) sólo estaban dispuestos a ceder ante el miedo de perderlo todo, como en el pico de las movilizaciones obreras de principios de los ´30.

No fue con simples y pacíficas políticas keynesianas que se salió de la Gran Depresión. Estados Unidos alcanzará el pleno empleo, finalmente, recién cuando se lanzó con todo a la industria militar con la Segunda Guerra Mundial. Los países europeos, a su vez, superaron su crisis también con una mezcla de gasto militar y fenomenal destrucción de fuerzas productivas durante los seis años de masacres.

La crisis del ´30, entonces, nos invita a reflexionar hoy, en medio de una nueva debacle de la economía mundial. Está en discusión, como ayer, quien pagará la crisis. Los capitalistas la están descargando contra los trabajadores y pueblos del mundo. Por eso hay grandes luchas en todos los continentes para que la paguen aquellos. Y, al igual que en los años treinta, nos lleva a debatir sobre los límites que los propios trabajadores tuvieron entonces, producto de las traiciones de los laboristas, socialdemócratas y stalinistas: las crisis es cuando más claramente se ve la pudrición del capitalismo y la necesidad de dotarnos de una dirección política que plantee una perspectiva hacia la revolución socialista, única salida definitiva para acabar con la miseria, el hambre, los bajos salarios y el desempleo.

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Rusia: Un país donde la crisis del ´30 no entró

El proceso de burocratización ya estaba avanzado. A fines de la década del ´20 se había expulsado de la URSS a los líderes de la oposición de izquierda (entre ellos León Trotsky) y decenas de miles se hallaban encarcelados en Siberia. La burocracia stalinista cometió errores atroces, como la colectivización forzosa del campo en 1928, que, además de una feroz matanza de campesinos, generó una crisis sobre la economía rural de la que se tardarían décadas en salir. Durante la propia década del ´30 la represión se profundizó, con los criminales y calumniosos “Juicios de Moscú”, que mandan a la muerte a casi toda la vieja guardia bolchevique, con acusaciones tan ridículas como “haber sido siempre agentes de la contrarrevolución”. Fueron muchos los que, asqueados por las barbaridades del stalinismo, cedían a la tentación de igualar a Rusia a la Alemania Nazi.

León Trotsky, en cambio, a la vez que se transformaba en el más intransigente opositor a la burocracia stalinista y no dudaba en calificarla de contrarrevolucionaria, distinguía cuidadosamente: aún terriblemente deformada, la Unión Soviética era aún un “estado obrero”, que valía la pena defender. Y la crisis del ´30 era su mejor explicación. Mientras las potencias capitalistas se hundían en la recesión y el desempleo, la URSS continuaba creciendo, y no conocía la desocupación. La planificación económica (aún deformada por la burocratización), el monopolio del comercio exterior y, por sobre todo, la estatización de los medios de producción, mostraban toda su potencia frente a la lógica de la economía de mercado capitalista.

Pasaron muchos años. Y el laboratorio de la historia dejó sus enseñanzas. Queremos rescatar dos. Primero: fue justamente en medio de los vendavales de la década del ´30 que Trotsky vaticinó: o la clase obrera derroca a la burocracia o, a la larga, esta restaurará el capitalismo. Pasaron más años de los que tal vez previera el viejo León, pero finalmente la restauración se produjo. Y la segunda, más válida que nunca hoy, cuando tantos autodenominados “marxistas” cuestionan a la revolución rusa que “haya expropiado todo” y plantean supuestos socialismos del siglo XXI con economías mixtas: la URSS pudo evitar la crisis del ´30 -justamente- por haber expropiado, monopolizado el comercio exterior y establecido la planificación. En 1998, esa restauración que previó Trotsky hizo que Rusia “inaugurara” su pertenencia capitalista hundiéndose en los vendavales de (otra) crisis mundial.

J.C.

29.000 millones de dólares más

2010-05-30T14:34:00.000-03:00

28 de octubre de 2009

Canje de la deuda

En 2005 se produjo el llamado “canje de la deuda”. Se decía que el país se había “ahorrado” 67.000 millones de dólares. Néstor Kirchner anunció: “el canje no se reabrirá. Este tema está terminado”. Era una vulgar mentira. No sólo la deuda siguió aumentando, sino que los 20.000 millones de dólares de los bonistas que no habían aceptado el canje (que se los empezó a conocer como los “holdouts”) siguieron existiendo, acumulando intereses y siendo parte de todos los reclamos del FMI cada vez que se reunía con la Argentina.

Aún hoy, si cualquiera quiere saber a cuánto asciende la deuda externa y entra a la página web del ministerio de Economía (www. mecon.gov.ar), leerá que Argentina debe 140.634 millones de dólares. No aparecerán, por supuesto, los 20.000 millones de estos “holdouts” (y los 9.127 millones de intereses acumulados) y tampoco los 6.196 millones del Club de París. En síntesis, “la verdad”, es que la deuda externa ya suma 175.957 millones de dólares.

El gobierno de los Kirchner, como en tantos otros temas, mientras juraba en público que esa parte de la deuda “no existía más”, mandaba constantemente tanto a funcionarios del Banco Central como del ministerio de Economía a negociar con esos acreedores cómo volver a pagarles. Ya en setiembre de 2008, la presidenta Cristina lo reconoció públicamente durante su visita a Nueva York. De hecho, el ascenso al ministerio de Economía de Amado Boudou tenía el objetivo de llegar a esto: “yo hago las consultas con la presidenta… y cuando me llamó para ser ministro ésta fue una de las primeras cosas que acordamos que había que hacer” (La Nación, 24/10).

Finalmente, el jueves pasado el ministro reconoció lo que veníamos denunciando desde el 2005: se reabre el canje, o sea se reconocen los casi 20.000 millones de capital y 9.000 de intereses acumulados en estos cuatro años. Como era de esperar, la “oferta” que hará el gobierno nacional a los tenedores de esos títulos dará lugar a un nuevo y escandaloso negociado. Se dice que habrá una “quita” del 65% por cada bono que entre al nuevo canje. De hecho, la operación fue diseñada y ofrecida al gobierno argentino hace casi dos años por tres bancos internacionales (Citi, Barclays y Deutsche). Ellos no cobrarán comisiones por su trabajo, que consistirá en juntar los bonos que andan dando vueltas por el mundo, hacer las presentaciones institucionales en los distintos países y facilitar la transacción. ¿Es que lo harán gratis? En absoluto: sucede que sus clientes e incluso las propias entidades -o los fondos de inversión a las que ellas asesoran-, tienen en cartera muchos de estos bonos. Los compraron a un promedio de 20 a 22 dólares por cada 100 y ahora el gobierno les va a reconocer un piso de 32 a 35 dólares que, con la suma de los intereses, puede llegar a 44. Harán, de la nada, una ganancia del 100%. Encima, por los intereses caídos se entregará un bono a siete años que se indexa por el crecimiento de PBI.

El objetivo de la operación es, como reconoció el propio Boudou, “volver a los mercados financieros internacionales”, léase seguir endeudándose y aumentando la bola de nieve de la deuda externa. Hasta modificaron la ley “cerrojo” (que prohibía reconocer esta deuda) que el propio Kirchner hizo votar años atrás para simular que no les iba a pagar. Todo para pagar los vencimientos de deuda de 2010, que asciende a 13.000 millones de dólares. Si bien el monto es más reducido que el de este año, el problema es que se está achicando rápidamente el superávit fiscal (el del mes de setiembre fue de sólo 223 millones de pesos, un 93,7% menos que hace un año), demostrando que el gobierno prácticamente está gastando todo lo que recauda mensualmente, no quedándole resto para pagar en efectivo los próximos vencimientos.

La deuda externa sigue siendo la gran canilla por donde, año a año, se van los recursos que el país necesita para resolver las urgentes necesidades de trabajo, salud, educación y vivienda. Hasta lo reconoce un economista ultraliberal como Enrique Szewach: “En números redondos, la Argentina, a tasas relativamente bajas, necesita todos los años “juntar” entre 2 y 3% del PBI de superávit operativo para pagar los intereses de la deuda y evitar que esta se espiralice con la magia del interés compuesto” (Perfil, 25/10). Se impone entonces la necesidad de recrear un gran Movimiento contra la Deuda Externa, que comience por repudiar esta reapertura del canje, exija que no se pague ni un peso al Club de París y se suspendan todos los pagos, para invertir esos fondos en combatir la pobreza y la desocupación, que exija una profunda investigación de todas las responsables del endeudamiento y culmine reclamando su repudio por ilegal, inmoral e impagable.

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El FMI aplaude

El ministro Boudou hace declaraciones acusando al FMI por las caídas en la economía del país y jurando que no volverá a pedir plata. Es puro doble discurso, tratando de ocultar los pagos de la deuda que está haciendo el kirchnerismo y su desesperación para que el FMI avale al gobierno nacional para conseguir plata. Cuando hablan los funcionarios del Fondo, la verdad sale a la luz. Respecto del canje de deuda, Nicolás Eyzaguirre, el directo del Departamento Occidental, dijo: “Lo vemos como muy positivo y es un paso inevitable para normalizar el acceso a los mercados” (Clarín, 24/10/09).

La crisis del 30 (Parte I)

2010-05-30T14:32:00.001-03:00

29 de octubre de 1929: Crack de la Bolsa de Wall Street

21 de octubre de 2009

El llamado “martes negro” registró una caída sin precedentes de la Bolsa de Nueva York. En los días subsiguientes se asistió al quiebre de bancos y al suicidio de especuladores. Pero lo peor vino después: cierre de empresas, desocupación a tasas nunca vistas, hambre y miseria en el centro del capitalismo mundial. Comenzaba una crisis terrible, de la que sólo se saldría al final de la Segunda Guerra Mundial

Diez meses antes, en diciembre de 1928, el Presidente norteamericano Coolidge dirigía su último mensaje al Congreso: “Ninguno de los Congresos de los Estados Unidos hasta ahora reunidos para examinar el estado de la Unión tuvo ante sí una perspectiva tan favorable como la que se nos ofrece en los actuales momentos. Por lo que respecta a los asuntos internos hay tranquilidad y satisfacción… y el más largo período de prosperidad” . No era sólo la opinión del presidente yanqui. Toda la clase dirigente estaba sumida en una orgía de superganancias sin fin: se hacían millones “jugando” en la bolsa. Se compraban acciones sobrevaluadas, que seguían duplicando su valor en días, pagándolas con préstamos que los bancos a la vez ofrecían luego de tomar ellos dinero prestado a tasas más bajas de la Reserva Federal. Un observador externo podía preguntarse para qué se pedían créditos con tasas de interés del 8 al 10%, si la tasa de ganancia de esas acciones no superaba el 1 o 2%. La respuesta es que nadie compraba las acciones para realizar esa ganancia: sólo se lo hacía para venderla al doble a los pocos días, con eso pagar el préstamo y quedarse con la diferencia.

Hasta que, repentinamente, todo empezó a bajar el jueves 24 de octubre de 1929. Todos los expertos del establishment, funcionarios públicos y banqueros salieron de conjunto a tranquilizar a los inversores: era algo pasajero y se “corregiría rápido”. Nada de esto sucedió. El martes siguiente fue el día más terrible del que se tenga noticia en la historia de la bolsa: las multitudes se apretujaban en Wall Street con sus papeles arrugados en la mano, tratando de vender. Los bancos llamaban a sus deudores exigiéndoles que pagaran sus deudas en efectivo para “cubrirse” ante la baja. Las máquinas, por entonces muy rudimentarias, que registraban al minuto las cotizaciones, empezaron a retrasarse, señalando “venta”, “venta” y “más venta”… hasta que dejaron de transmitir. Los cadetes iban y venían con telegramas casi idénticos: “pague ya, usted está acabado”. Los rumores más inverosímiles corrían hora a hora: se decía (nunca se los vio) que los banqueros estaban arrojándose por las ventanas. Ese día pasará a la historia de las finanzas mundiales como “martes negro”. Los precios de las acciones continuaron cayendo a una tasa sin precedentes por un mes entero. 100.000 trabajadores estadounidenses perdieron su empleo en un periodo de 3 días. Millones de norteamericanos de clase media vieron esfumarse sus ahorros. Pero lo peor no había llegado.

La gran depresión

La crisis de Wall Street provocó el cierre de decenas de miles de empresas. No fue, como muchos auguraban, “una fase descendente del ciclo económico” al que pronto seguiría el auge. Terminó 1929, empezó y culminó 1930, pasó el 31 y el 32…y la crisis seguía profundizándose. León Trotsky escribiría al respecto: “en el país más rico del mundo, el salario del conjunto de obreros de la industria y la agricultura ha sido literalmente amputado a la mitad entre 1929 y 1932. El número de desocupados creció de dos millones a entre 18 y 20 (27% de desempleo). La producción de acero se redujo a menos del 20% de su capacidad. Las exportaciones, que superaban los cinco mil millones de dólares, cayeron a un millón y medio apenas; las importaciones pasaron de cuatro millones y medio aproximadamente, a más de mil millones. Después de 4.600 quiebras bancarias en tres años, todos los bancos del país cerraron sus ventanillas en marzo de 1933, en el apogeo de la crisis financiera”.

Los precios agrícolas se derrumbaron y los granjeros, desesperados, quemaban los granos o tiraban la leche a las carreteras para que sus valores no siguieran bajando. Decenas de miles de chacareros quebrados se iban de sus tierras hacia las grandes ciudades. Pero ahí no había trabajo para nadie. Los hombres deambulaban como sonámbulos, con carteles colgados del cuello que señalaban su oficio. Las ollas populares no daban abasto. En el frío invierno de Chicago, la gente levantaba los adoquines de la calle para usarlos de calefacción. Llegaron a aparecer villas de emergencia, al mejor estilo del Tercer Mundo: se las llamaba irónicamente “villas Hoover”.

Es que el presidente Herbert Hoover, quien había asumido al comienzo de 1929, no terminaría su mandato con las palabras optimistas del ya citado Coolidge. Cien mil desocupados, entre ellos varios miles de ex combatientes de la Primera Guerra Mundial, marcharon sobre Washington. Al no obtener respuestas, acamparon sobre la Avenida Pensylvania. Hoover llamó al Ejército para reprimirlos. Nunca se había visto ese despliegue de tropas en la Capital. El campamento fue destruido con cargas de caballería e incluso de infantería con bayoneta calada. Faltaban pocos meses para las elecciones presidenciales que ganaría Roosevelt. Pero todos supieron que ese día fue el fin de Hoover.

La crisis se extiende por el resto del mundo

Como los Estados Unidos ya era, desde el fin de la Primera Guerra Mundial, la economía más importante del mundo, su derrumbe arrastró a los demás países. Cayó en cadena toda Europa y la mayoría de las semicolonias a ellos vinculadas.

Encima Europa no venía de una década del 20 brillante. De hecho nunca se había recuperado plenamente de la destrucción de la Primera Guerra Mundial. Alemania había pasado por el horror de la hiperinflación de 1923. Gran Bretaña había sufrido una recesión sin precedentes, que dio lugar a la huelga general de 1926. Así, la crisis iniciada en 1929 generó números terribles de desempleo en toda Europa: 22-23% en Gran Bretaña y Bélgica, 24% en Suecia, 29% en Austria, 31% en Noruega, 32% en Dinamarca y 44% en Alemania Recordemos que en casi ninguna parte existía seguro de desempleo ni ninguna medida de seguridad social.

A pesar de innumerables luchas, la clase obrera no pudo revertir a su favor la crisis de 1930. Las medidas del New Deal de Roosevelt y los consejos de Keynes (como veremos en la próxima entrega) sólo ofrecieron un transitorio respiro a lo más agudo de la crisis, que sin embargo recrudeció hacia 1937. La salida definitiva de la crisis del 30 sólo sería posible tras la destrucción y masacre de millones con la Segunda Guerra Mundial. Muestra que el sistema capitalista-imperialista es sinónimo de hambre, explotación y muerte.

Galbraith, John Kenneth, El crac del 29, Barcelona, 2000, página 15.

Trotsky, León, Sobre los Estados Unidos de América (julio de 1936).

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¿Por qué no cayó el capitalismo en el 30?

La brutal crisis capitalista no culminó, como algunos simplistas podían pensar, en el triunfo de la revolución socialista. En 1923, con el fracaso del último levantamiento obrero en Alemania, se había cerrado una etapa inmensamente favorable a la clase trabajadora: la abierta con la Revolución de Octubre de 1917. Pero la década del 20 iba a inaugurar una larga serie de derrotas: el ascenso del fascismo en Italia, la burocratización y el ascenso del stalinismo al poder en la Unión Soviética y al control de la Internacional Comunista, causa a su vez de las derrotas de la revolución china de 1926 y la huelga general inglesa del mismo año.

La III Internacional, en su VI Congreso de 1928, giró a la ultraizquierda. Anunció el comienzo del “tercer período” (el primero habría sido el del ascenso de la revolución del 17, y el segundo el de la estabilización capitalista desde 1921), rompió cualquier política de unidad obrera, declarando que el principal enemigo era la socialdemocracia -llamada “socialfascismo”- y planteando incluso que había que salir de los sindicatos de masas que agrupaban a la mayoría de los trabajadores si estos tenían dirección socialdemócrata y ordenando formar sindicatos “rojos” sólo con los comunistas. Con esta desastrosa política, los partidos comunistas intervinieron en la crisis, con la perspectiva de que ella por sí sola iba a llevar al “derrumbe capitalista” y el poder caería cual fruta madura en sus manos. En Alemania, uno de los países más afectados por la depresión, esta política provocaría el desastre del ascenso de Hitler al poder y la destrucción sin lucha de todas las organizaciones que la clase obrera había construido en medio siglo. Posteriormente, el nuevo “giro” de la Internacional, ahora colocando a la clase obrera a la cola de la burguesía en los “Frentes Populares” en Francia y España, terminaría por liquidar los nuevos ascensos de la clase trabajadora de la década del 30. Observando la crisis económica, la inminencia de la guerra y los desastres a que había llevado la conducción stalinista, Trotsky afirmaría en 1938 que “las condiciones objetivas para la revolución socialista no sólo están maduras, sino que han comenzado a pudrirse” y que “la crisis de la humanidad se reduce a la crisis de la dirección revolucionaria del proletariado” (Programa de Transición de la IV Internacional).

J.C

Reportaje a Alejandro Olmos (h)

2010-05-30T14:31:00.000-03:00

14 de octubre de 2009

“La deuda externa de hoy es consecuencia de la deuda de la dictadura”

Con motivo de la decisión del gobierno nacional de pagar la deuda externa al Club de Paris originada durante la dictadura militar, el hijo de Alejandro Olmos(*) convocó a una reunión el pasado viernes 9 a fin de “proponer cursos de acción y debatir todas las propuestas que quieran acercarse para evitar un nuevo fraude a la Nación”. Izquierda Socialista se hizo presente. Al finalizar reporteamos a Olmos. Esto nos dijo:

Hay que estar en contra de la vuelta del FMI

¿Cuál es el origen de la deuda con el Club de París?

La deuda con el Club de Paris se origina entre los años 1976 y 1983, es decir durante la dictadura cívico-militar. Además de estar sospechados de ilegalidad gran parte de los créditos, existen evidencias contundentes sobre la ilegalidad de créditos que fueron destinados a YPF, otros contraídos con Alemania, y fundamentalmente la deuda que reclama Holanda. En este último caso, auditores del Banco Central efectuaron una pericia sobre este crédito y llegaron a la conclusión que no debía ser pagado por el Estado. Se debe recordar que esa deuda se origina en la construcción del gasoducto centrooeste (Neuquén-Mendoza) por parte de la empresa Cogasco, que luego fue absorbida por el AMRO BANK de Holanda. Los auditores, en su momento, determinaron que sólo el 30% del crédito había sido invertido en el Gasoducto, y que el resto había sido utilizado en operaciones especulativas, dentro y fuera del país. El informe impugnando el crédito fue entregado al Jefe del departamento de deuda externa del Banco Central, Dr. Carlos Melconian, quien lo elevó al directorio del banco, aclarando en su informe que si bien los peritos aconsejaban el desconocimiento de la deuda, era necesario reconocerla por las negociaciones que se estaban llevando a cabo con el Club de Paris. Fue así que con la firma de Roberto Eilbaum, vicepresidente a cargo de la presidencia del Banco Central, y de uno de sus directores, el Dr. Daniel Marx, se resolvió reconocer este fraude.

¿Qué opina de la negociación con los bonistas que no entraron al canje?

Es tratar de convalidar un nuevo fraude. Al respecto es importante puntualizar que, en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2, actualmente a cargo del Dr. Eduardo Martínez de Giorgi, existen dos causas penales donde se investiga el endeudamiento externo desde 1983 hasta la actualidad. La primera de ellas fue iniciada por mi padre en 1992, y la segunda iniciada por Daniel Marcos y por mi en el año 2006. En ambas causas se han acumulado importante cantidad de testimonios, documentos, informes, y aún declaraciones de funcionarios del Banco Central y del Ministerio de Economía, que demuestran claramente que la deuda externa de hoy es consecuencia de la deuda de la dictadura, a través de renegociaciones y reestructuraciones permanentes, y esa deuda fue declarada ilegal en su mayor parte por el fallo dictado el 13 de julio de 2000 por el Juez federal Jorge Ballestero. Destaco también, que aunque nadie lo dice, la mitad de la deuda externa es deuda de empresas privadas que la estatizaron en 1982. Una investigación que obra en la Causa Olmos II, demuestra la fraudulencia de la mayor parte de esas operaciones. También es necesario decir que hay una ley del Congreso que impide la realización de esas negociaciones.

¿Ve alguna diferencia entre el gobierno de los Kirchner y los anteriores con respecto al trato de la deuda externa?

La única diferencia apreciable puede ser la reestructuración efectuada en el año 2005 que disminuyó algo la deuda, pero esto a través de una lectura no exhaustiva, ya que se disminuyó el capital de la deuda, pero se emitieron nuevos bonos entregados a los acreedores, que estaban atados al crecimiento y a la inflación, y a pesar de las dibujadas cifras del INDEC la deuda siguió creciendo, aún después del pago hecho al FMI. Prueba de ello, que hoy la deuda es mayor que en el año 2001. También hay que destacar que hay decretos similares a los de la década menemista y que Kirchner decidió contratar como asesores legales a los mismos que había contratado Menem.

¿Cuál es el objetivo de la presentación de un amparo judicial en relación a la deuda con el Club de París?

La idea es que se suspendan las negociaciones con el Club de Paris hasta que la justicia federal no determine la legalidad de los créditos reclamados por esa institución informal. Un respeto elemental al orden jurídico, determina que no pueda ser negociado aquello que está sospechado de ser un fraude, y que además está siendo materia de una investigación penal.

¿Es cierto que hay un "nuevo" FMI?

Puede que eso ocurra en el imaginario de algunos ingenuos, ya que las reglamentaciones del FMI siguen siendo las mismas y sus formas operativas también. Se habla de flexibilizar sus condicionalidades, pero hasta ahora esto es una expresión de deseos. Si antes los que lo controlan no hicieron nada para ayudar a América Latina, mucho menos lo van a hacer ahora, con las crisis que se desató sobre el sistema financiero y que están tratando de arreglar.

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¿Quién es Alejandro Olmos?

Es especialista en el tema deuda externa. Su padre (Alejandro Olmos) llevó adelante un juicio sobre la deuda externa durante 18 años, al cabo de los cuales obtuvo un fallo favorable del juez Ballesteros, quien reconoció la ilicitud de la deuda. El razonamiento de Olmos es claro: “la deuda se sigue pagando, ergo el delito continúa”.

Asesoró al presidente de Ecuador Correa en su calidad de "consultor internacional" para la suspensión de los pagos de los bonos 2012 y 2030 que efectuó ese país, donde se determinó la fraudulencia de la deuda con procesos idénticos a los de nuestro país.

Ahora habrá más pluralidad?

2010-05-30T14:29:00.000-03:00

14 de octubre de 2009

Con los votos de los senadores de Bussi, Saadi y amigos de los sospechados de asesinato en Corrientes, se aprobó la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales. Clarín es claramente el gran derrotado. ¿Ganó realmente “el pueblo”, como se proclama desde el oficialismo?

La aprobación en Senadores fue holgada: 44 a 24. Sin embargo, el “operativo” puesto en marcha por el gobierno para hacerse de los votos necesarios nos hizo recordar a los peores momentos de la “Banelco” en la época de De La Rúa. La senadora correntina María Dora Sánchez, que había dicho públicamente que la ley era un “mamarracho”, sorpresivamente terminó votando a favor. ¿El motivo? Que el gobierno “les cubriera” el turbio asesinato que acompañó las elecciones correntinas. Mientras tanto, el bussista Carlos Salazar votaba a favor “a cambio” de que se le concediera prisión domiciliaria al genocida tucumano. Ramón Saadi se daba el gusto de “reivindicarse”, acusando a los medios porque investigaron el crimen de María Soledad Morales a mediados de los noventa. La centroizquierda, en la figura del santafesino Rubén Giustiniani, terminó avalando con su voto esa asquerosa “tienda de los milagros”.

Afuera, en la Plaza de los Dos Congresos, festejaban, junto a Yasky de la CTA, D´Elía, Hebe de Bonafini, Martín Sabatella y el PC, figuras tan “progresistas” como los intendentes de José C. Paz, Mario Ishii, Berazategui, Juan José Mussi, Ezeiza, Alejandro Granados y Lanús, Darío Díaz Pérez.

¿Cómo sigue?

Comprendemos que, en franjas de sectores populares influenciados por la propaganda oficialista, se hayan abierto expectativas acerca de una mayor “pluralidad de voces” en los medios de acá en más. Les decimos fraternalmente que se equivocan. No escucharán ni verán “más” voces opositoras, sino menos. Y, por sobre todo, muchísimas menos de aquellos que apoyan a las luchas de los trabajadores. La izquierda seguirá virtualmente censurada.

La ley no impedirá la entrada de las telefónicas en el negocio de los medios. Tampoco terminará sucediendo que el tan mentado 33% para “organizaciones sin fines de lucro” sea la puerta de entrada a los medios alternativos, populares o comunitarios de los que luchan. Sin financiamiento y con la redacción ambigua en que quedó ese punto, está todo dado para que por ahí “cuelen” las fundaciones de empresas, iglesias o, a lo sumo, medios rabiosamente oficialistas bancados por algún funcionario del gobierno.

No queremos ser aguafiestas ni somos magos para leer el futuro. Nos basamos en el propio texto de la ley, pero también en la experiencia de lo que es la cobertura actual de Canal 7 y Radio Nacional, medios “públicos” aún antes de la sanción de la ley. ¿Cómo se cubren las protestas populares? ¿Sirven como “contrapeso” al discurso de los grandes medios y sus pedidos de “liberar las calles” y reprimir? En absoluto. Directamente los silencian. Como la represión de Terrabusi, que no mereció una línea en directo por Canal 7. Si hasta Pablo Alabarces, docente de la Carrera de Comunicación de la UBA y favorable a la ley, terminó reconociendo: “La protesta -el conflicto- es el medio con que los débiles pueden tomar la palabra. La ley de medios será democrática, entonces, sólo si permite extender esta noción, si se vuelve un instrumento radical de circulación de las palabras más agudas y contrastantes, de las voces de los menos poderosos. Si se limita a garantizarle un lugar a una FM de Daer, me quedo con TN”. Lamentablemente, le decimos a Alabarces y a todos los que guardan expectativas en esta ley, que lo único que va “a circular” son “voces” del kirchnerismo, silenciando más aún el ya escaso lugar que tenemos los trabajadores, los sectores populares y la izquierda

¡Hay que anular el tarifazo!

2010-05-30T14:27:00.001-03:00

7 de Octubre de 2009

En agosto pasado la movilización popular logró parar los brutales tarifazos a la luz y el gas. Ahora, pasado el invierno, el gobierno pretende reponerlos. Y vuelve a mentir, diciendo que sólo afectarán a los ricos, como si ya no tuviéramos la experiencia de las tarifas anteriores. Hay que luchar hasta anularlo

A partir del 1° de octubre volvieron a regir los aumentos en las tarifas de gas y luz que, cuando aparecieron efectivamente el invierno pasado, generaron aumentos en las facturas de hasta el 400%. En ese momento, la indignación, las múltiples denuncias y varias movilizaciones dieron como resultado la marcha atrás del gobierno de Cristina.

Ahora se restableció el tarifazo (técnicamente se “quitó el subsidio” que el Estado le pagaba a las privatizadas para mantener la tarifa en los valores anteriores), por lo que los usuarios que superen los “máximos” estipulados serán “castigados” con subas astronómicas. Como explicamos muchas veces, son justamente los sectores de menores recursos, con aparatos viejos y de alto consumo, los primeros en superar las barreras fijadas como “de alto consumo”.

Mientras tanto, el gobierno nuevamente dice que no afectará a los sectores populares. El Ministro De Vido tuvo la caradurez de afirmar que el aumento era para “continuar con la política de redistribución de la riqueza” (Página 12, 29-09). Reaparecen los mismos argumentos que ante el incremento anterior: “sólo afecta al 15%”, “si hay algún caso excepcional que no lo puede pagar se verá”. Ya sabemos que quiere decir “se verá”. El Enarsa (Ente Nacional de Regulación del Gas) fijó los requisitos para ser exceptuado: ser discapacitado o recibir un plan social, pero además no tener televisión por cable, internet, teléfono fijo o celular y que entre todos los miembros del grupo familiar haya un solo ingreso. ¡Indignante! Una familia con varios hijos dependiendo de un plan social y con una abuela con la jubilación mínima ya “no califica”. Al gobierno no parece importarle incluso que existan innumerables fallos de jueces que se pronunciaron contra el aumento.

Es que, una vez más, detrás del doble discurso del gobierno está su objetivo central de garantizarle las superganancias a las privatizadas. Porque estas nunca perdieron: cuando las tarifas estaban congeladas (nunca lo estuvieron totalmente, simplemente los aumentos no eran tan brutales), eran compensadas con generosos subsidios para mantenerles la rentabilidad. Ahora que, crisis mediante, el gobierno no tiene caja para seguir con este esquema, autoriza los aumentos, para hacer que seamos los trabajadores y el pueblo los que financiemos sus millones. Así, esos pulpos, de pésimos servicios, que pagaron monedas por las empresas estatales y nunca invirtieron un peso, siguen teniendo las mismas superganancias como en lo mejor de la era menemista.

Cristina se juega a que, como estamos en primavera y el consumo baja porque ya no se utilizan tanto los calefactores y, al mismo tiempo, todavía no empezó el verano y por ende el uso de acondicionadores y ventiladores, “no nos daremos cuenta” de lo brutal del aumento. No podemos tolerar esto. El tarifazo no puede pasar. Ya lo derrotamos una vez y podemos hacerlo de nuevo. Este miércoles 7, desde el Movimiento Nacional de Usuarios contra el Tarifazo, -del que Izquierda Socialista forma parte junto con otras organizaciones políticas, gremiales, vecinos autoconvocados y asociaciones de usuarios y consumidores-, nos movilizaremos al Congreso de la Nación, para exigir su inmediata y definitiva derogación.

Este debe ser el primer paso. Preparando, como lo hicimos en el mes de marzo con “la marcha de las velas”, una gran convocatoria a Plaza de Mayo. Porque esta lucha contra los aumentos sólo será definitiva el día que logremos la reestatización de las privatizadas, para que, de una vez por todas, los recursos energéticos vuelvan a ser del pueblo argentino.

¿Mayor ‘pluralidad de voces’ para quién?

2010-05-30T14:26:00.000-03:00

30 de Setiembre de 2009
La nueva ley de Cristina no es para que se escuchen otras opiniones, mucho menos las de quienes los critican. Buscan más medios adictos y, particularmente, silenciar las luchas obreras y populares. Terrabusi fue, esta semana, un verdadero test.

Los medios estatales le dan la espalda a los luchadores y a la izquierda

El gobierno de Cristina sigue adelante con su costosa campaña publicitaria a favor de la nueva ley de medios. Su mensaje es que los argentinos vamos a tener acceso a mayor y más “plural” información. Y que miles de voces, que hoy no tienen espacio en los medios, van a poder hacerse escuchar.

No es cierto. El verdadero objetivo político de los Kirchner es tener muchas “voces” oficialistas en los medios, al servicio de su proyecto. No se trata de más pluralidad, sino de menos. Ciertamente, Néstor y Cristina están embarcados en una guerra contra el Grupo Clarín, pero no por el contenido ideológico de sus noticieros y programas de opinión, sino por su carácter de opositor. De hecho, cuando Clarín era “oficialista” estaban los mismos periodistas y cubrían la realidad con el mismo enfoque. Y a los Kirchner nunca les molestó. Peor aún: el multimedio privado actualmente más oficialista resulta ser el Grupo Hadad, que, pese a sus ultrarreaccionarios programas y conductores en C5N y Radio 10, llegó a un acuerdo para no pegarle al gobierno.

Cristina sostiene que con la nueva ley habrá más pluralidad. Pero no hace falta esperar su sanción para hacer un test: actualmente, Canal 7 y Radio Nacional son estatales. ¿Qué espacio tuvieron en ellos los compañeros del nuevo sindicato del subte? ¿Y los obreros de Zanón? ¿Y los trabajadores del INDEC? ¿Pudieron expresarse las asociaciones que luchan contra el tarifazo? ¿Hay algún programa para que se escuche la posición de los partidos de izquierda? Y, por si quedaba alguna duda, tenemos la vergonzosa censura ejercida por Canal 7 sobre la represión a los trabajadores de Terrabusi (ver nota).

El gobierno de los Kirchner ha metido mano y falseado hasta en la información que debería emitir el Estado automáticamente. Ahí tenemos el ejemplo del Indec: datos estadísticos fundamentales para la toma de decisiones en infinidad de políticas sociales, de salud o educación, son aberrantemente falseados, e incluso las bases de datos -que por ley deberían ser de acceso público para que cualquiera pudiera comprobar la veracidad de los números- les son negadas sistemáticamente a los investigadores.

Por supuesto que la UCR, el Pro, la Coalición Cívica y el peronismo opositor son hipócritas cuando dicen que, con esta ley, se violará la “libertad de expresión”. Esconden con sus posiciones la defensa de los actuales privilegios de los monopolios de prensa. Nunca se vio a ninguno de ellos protestar por el silencio o la tergiversación que se ejerce en esos medios sobre las luchas de los trabajadores o las posiciones de la izquierda. Tanto oficialistas como opositores cuando hablan de “libertad de prensa” sólo se refieren a libertad para los monopolios, sean “amigos” o “enemigos” del gobierno. A pesar de los discursos, en el capitalismo nunca hay “libertad de expresión” para las luchas de los trabajadores.

Por eso, los socialistas somos los únicos que estamos por una verdadera libertad de expresión para todos, otorgándole a todas las organizaciones el acceso real a los medios materiales para que puedan hacer conocer sus opiniones. Estamos por canales, programas, y espacios gratuitos en televisión (de aire y cable), radio y cualquier otro medio audiovisual que aparezca en el futuro, para los cuerpos de delegados, organizaciones de usuarios que luchan contra el tarifazo, partidos de izquierda y cualquier otra expresión popular, alternativa o comunitaria.

Para que todos tengan la posibilidad de expresarse a través de sus propios medios gráficos, y no dependan de los costos exorbitantes del papel, hoy monopolizado por Papel Prensa (en manos de Clarín y La Nación), se impone la estatización de esta empresa y la entrega de cuotas de papel a todas las organizaciones políticas y sociales.

Para que los contenidos elaborados por la izquierda o los trabajadores combativos no dependan para “llegar al aire” de un monopolio privado que decida qué programa o canal incluye en su grilla, estamos por un servicio estatal de Triple Play, que efectivamente garantice, no sólo la pluralidad de contenidos, sino el mismísimo acceso a televisión, teléfono e Internet por banda ancha para absolutamente todos los hogares populares, llegando hasta el último pueblo del país, con tarifa social para los sectores más pobres. Obviamente que esto sólo será posible cuando la red más extensa de cableado nacional deje de estar en manos de las telefónicas, por lo que se impone reestatizarlas. Y exigimos, para empezar, que los medios estatales no sean monopolio del gobierno patronal de turno, sino que se garanticen efectivamente programas y espacios para la oposición, en particular para la izquierda, reflejando las luchas y denuncias de la clase trabajadora y el pueblo.

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Televisación del fútbol: Siguen con los negocios privados

Ahora que el fútbol se pasa por televisión abierta, muchos pensarán que es efectivamente Canal 7 el que transmite los partidos, con todo lo que eso implica en términos de más trabajo para los cámaras, técnicos o equipos de exteriores. O que, por fin, toda una nueva camada de relatores y comentaristas deportivos tendrán “voz” (y trabajo) en las transmisiones, en lugar del monopolio que ejercía el carcamán de Macaya Márquez y su equipo. Nada más alejado de la realidad. Los relatores y comentaristas de “la televisión pública” ahora responden al también archirreaccionario Marcelo Araujo (por otra parte, ex relator de Fútbol de Primera, que tenía como comentarista al propio Macaya Márquez). La televisación de los partidos no es producida por los equipos del canal estatal, sino que está tercerizada a productoras privadas, elegidas por el propio Marcelo Araujo: Record Visión, CPA, Video 4 y Ramiro Nieto. Ni siquiera la señal satelital de los partidos es realizada por Canal 7, sino por la productora privada La Corte.

J.C.

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Canal 7 y la “cobertura” de Terrabusi: Sin voz para los trabajadores

Viernes pasado por la tarde. No se podía esperar otra cosa de los canales de noticia de la multimedia privada: América (de De Narváez), TN (Clarín), Canal 26 (de Pierri) titulaban “ciudad sitiada” y editorializaban contra los piquetes en apoyo a la lucha de Terrabusi. C5N, propiedad del derechista Hadad, quien en los últimos tiempos llegó a un “acuerdo” para no transmitir nada que moleste al gobierno (al extremo que algunos lo llaman “Cristina5Néstor”), directamente bajaba la línea de la patronal de Kraft, mintiendo alevosamente contra los trabajadores. Hasta el extremo que estos se cansaron y, encarando al móvil mientras transmitía, cantaron “borombombón, borombonbón, C5N, es del patrón”.

A las 17:30 comenzó la salvaje represión. Ahí todos los canales, incluido los de aire que tenían otras programaciones, empezaron a transmitir en directo lo que estaba sucediendo en la planta de Pacheco y sus alrededores. Ante la contundencia de las imágenes, hasta aquellos que habían pedido “orden” contra los manifestantes, tuvieron que titular “violenta represión”. Pero hubo una excepción: Canal 7, la “televisión pública”. El canal estatal fue el único que no dijo una sola palabra, no transmitió ni un segundo de imagen del brutal accionar policial, y se mantuvo horas en silencio. Si alguien estaba mirando el 7, no se hubiera ni enterado de una de las más feroces represiones de los últimos años.

Durante todo el conflicto, los trabajadores tuvieron que hacer oir sus argumentos por medios alternativos o los periódicos y paginas web de los partidos de izquierda. Incluso cuando algún periodista les “daba micrófono”, inmediatamente desde el estudio los conductores de los programas los descalificaban. Canal 7 no fue la excepción. En sus múltiples programas de opinión y noticieros jamás fue invitado ningún trabajador de Terrabusi a explicar el conflicto. Las marchas también fueron ninguneadas. Pero lo sucedido el viernes, al directamente “borrar” de la pantalla de la televisión estatal toda referencia a la feroz represión, fue vergonzoso. ¿Esta es la “pluralidad de voces” que promueve el gobierno cuando propagandiza su nueva ley de medios?

José Castillo

¿Una ley para ‘democratizar’ los medios?

2010-05-30T14:24:00.000-03:00

23 de setiembre de 2009
Se aprobó en Diputados el proyecto ofi cial de ley de servicios de comunicación audiovisual con el voto, no sólo del kirchnerismo, sino también de buena parte de la centroizquierda, entre ellos Claudio Lozano de Proyecto Sur. Luego de la eliminación de la cláusula que permitía el acceso de las Telefónicas, ¿se trata de un proyecto progresista?

La ley de medios busca más prensa para el gobierno y negocios para sus amigos

La propaganda del gobierno, el apoyo de fi guras como Pino Solanas y de periodistas prestigiados como Victor Hugo Morales, han generado una gran confusión en importantes sectores populares y de trabajadores. Mucho más cuando, luego de las denuncias acerca de que se estaba montando un negociado alrededor de las telefónicas, Cristina tuvo que retirar el artículo más escandaloso de la ley. ¿Se trata ahora de un proyecto que va a garantizar más “democratización”, entendiendo por esto mayor acceso de voces disidentes y plurales en los medios?

El gobierno utilizó como caballito de batalla que se estaba derogando una ley de la dictadura. Obviamente, nadie puede estar en contra de esto, más bien deberíamos preguntarnos por qué no lo hicieron antes. Lo mismo cuando se denuncia -ahora, no antes, cuando eran amigos de los Kirchner- al poder del multimedio Clarín. Nosotros siempre denunciamos a los monopolios de los medios, el silenciamiento que hacen de la lucha de los trabajadores y a las negreras y antisindicales patronales (no sólo de Clarín, sino también de Telefe, propiedad de Telefónica, C5N, en manos del Grupo Hadad, las radios del grupo Prisa, o el multimedio de América, Vila, Manzano y De Narváez). Obviamente, no tenemos nada que ver con el circo montado por la oposición patronal (radicales, Coalición Cívica, Pro), que esconden, detrás de una supuesta “defensa de la libertad de expresión”, su soporte desvergonzado de los monopolios multimediáticos. Ninguno de ellos se preocupó jamás de garantizarle “la libre expresión” a los trabajadores del Casino, Dana, Subte, Zanón, ferroviarios, Mahle, Jabón Federal o el Hospital Garrahan, por nombrar sólo algunas luchas de los últimos años, o a los que reclaman la aparición con vida de Luciano Arruga o Julio López, todos silenciados o distorsionados por la “prensa libre”.

¿Más voces? ¿Qué voces?

Se sostiene que la ley va a garantizar mayor democracia y acceso a los medios. No es cierto ¿Será que ahora las voces silenciadas de miles de confl ictos obreros y populares, censurados tanto en la multimedia privada como en la televisión pública van a poder difundirse? ¿Es esa la intención del gobierno? No.

Hagamos un test. El gobierno de los Kirchner ya lleva seis años: ¿cuándo hubo un programa para que expusieran los trabajadores del subte o los obreros de Zanón en Canal 7 o en Radio Nacional? ¿Qué espacio o programa gratuito tuvo o tiene la izquierda en “la televisión pública”? ¿Y las asociaciones que luchan contra el tarifazo?

Los burócratas sindicales que apoyan a los Kirchner no necesitan ninguna modificación a la legislación: con la plata que le roban a sus afi liados ya tienen programas en cable, como el del sindicato de camioneros, gastronómicos o del Suterh. ¿Acaso la nueva ley va a permitir que haya un canal donde se expresen las oposiciones sindicales? ¿ O un canal para difundir las propuestas de la izquierda?

La realidad es que van a seguir sin aparecer en el aire, salvo para demonizarlos como “perturbadores que obstaculizan el derecho constitucional al libre tránsito”, como hacen con el confl icto de Terrabusi. Mucho menos se van a dar a conocer las luchas que desde hace años llevan adelante los trabajadores de los medios, como las actuales en el diario Crónica, en Perfi l o las del Sindicato de Televisión.

Más prensa para el gobierno

Es mentira, entonces, que se promueve la nueva ley de medios con el objetivo de “democratizarlos”. Lo que se busca es que el gobierno, debilitado tras su derrota electoral de junio, tenga más poder para meter su política y adornar sus planes de ajuste con doble discurso. Hay que decirlo con claridad: se busca más prensa adicta para el gobierno. Para darle menos espacio a todo aquel que lo critica. Y, en ese marco, obviamente, para seguir silenciando a la izquierda, a los trabajadores y a otros sectores populares que reclaman. Todo atado al proyecto reeleccionista de la familia presidencial. Por supuesto que el proyecto tiene también un segundo objetivo: como sucedió con tantos otros, garantizarle los negocios a sus amigos, sean Telefónica de España, o los empresarios locales Werthein y Eurnekián.

Que los trabajadores, sus delegados y comisiones internas combativas, las organizaciones populares opositoras y la propia izquierda tengan el acceso democrático que les corresponde en los medios gráfi cos y audiovisuales, depende de que se les garantice espacios a todos, sin ninguna injerencia sobre los contenidos de las programaciones. Nada de esto está planteado en la ley votada. Por eso, diferenciándose claramente de la oposición patronal, lo que hubiera hecho un legislador de Izquierda Socialista en el Congreso es votar un proyecto propio, llamando a discutirlo entre los trabajadores, en primer lugar los de los gremios involucrados (televisión, prensa, gráfi cos, artistas, telefónicos y publicidad) y denunciar al proyecto ofi cial como una expresión más, quizás una de las más grandes, del doble discurso kirchnerista.

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Con la ley seguirán los negocios de las telefónicas

Cuando las telefónicas obtuvieron a precio de remate Entel, una de las excusas para valuarlas tan bajo era que tenían prohibido hacer transmisión de imagen (léase televisión). Pasaron 17 años, Telefónica y Telecom hicieron superganancias multimillonarias e incluso hubo varios cambios de paquetes accionarios. La realidad es que hoy Telefónica de Argentina sigue siendo de Telefónica de España, y Telecom tiene una propiedad dividida entre Telecom Italia (donde a la vez están los españoles) y el grupo Werthein (uno de los empresarios amigos del gobierno). En las idas y vueltas de estos últimos meses, se habla de la venta de la parte accionaria de Telecom en manos de los italianos a Eurnekián (que a la vez vendría asociado a Slim, el magnate mexicano de medios). Todos estos son los pulpos que tratan de meterse en el nuevo negocio de las telecomunicaciones. ¿En qué consiste? En el cortísimo plazo en el llamado Triple Play: ofrecer por una sola vía cable, teléfono e Internet. Hoy a millones de hogares argentinos “llegan” dos cables: el del teléfono y el del cable. Los dos ofrecen Internet por banda ancha, pero ninguno puede ofrecer los tres servicios juntos. El que lo logre se quedará con el negocio. Pero esto sólo será el comienzo: se viene la televisión digital, que va a permitir articular un sinnúmero de servicios, desde vender programación (pay per view), ofrecer canales de alta definición, hasta realizar transacciones comerciales con el servicio.

Los socialistas no estamos en contra del cambio tecnológico. Al contrario. Pero así como en la época en que sólo existía la prensa gráfi ca exigíamos que se repartiera democráticamente las “cuotas” de papel para el movimiento obrero, única garantía de que pudiera expresarse, de la misma forma nos planteamos hoy la verdadera democratización de los nuevos medios audiovisuales.

No estamos en contra del Triple Play: ¿quién puede oponerse a que una familia trabajadora pague una sola factura que englobe tres servicios que van, vía la convergencia tecnológica, a ser uno sólo? El problema es quién tiene el control del servicio y las tarifas. Y hoy, la realidad es que el cableado nacional pertenece a Telefónica, Telecom y a las empresas privadas de cable, la inmensa mayoría en manos del Grupo Clarín (Cablevisión y Multicanal), Pierri (Telecentro) o del Grupo Vila- Manzano-De Narváez (Supercanal). Por eso no va a estar garantizado ni el real acceso al servicio para los sectores populares -ya que estos monopolios terminarán cobrando tarifas astronómicas- ni la “pluralidad de los contenidos”, ya que estos monstruos son los dueños de canales y programaciones. Como muestra basta un botón. No hace falta que la ley “autorice” a las telefónicas a tener medios audiovisuales: hace años que Telefónica es dueña de Telefé, algo formalmente “prohibido” por la ley de telecomunicaciones. Por si fuera poco, ya se compró también Direct TV para ofrecer el servicio desde el lado Satelital.

Por eso se impone reestatizar las telefónicas. Y además terminar con el dominio del Grupo Clarín y otros multimedios sobre el servicio del cable. Dos medidas básicas que, junto al reparto de los recursos técnicos y las bandas horarias en forma democrática, empezarían a garantizarle a los trabajadores, sus comisiones internas, cuerpos de delegados, organizaciones populares y a la izquierda la posibilidad de hacer oir su voz, hoy absolutamente silenciadas, tanto por la multimedia privada como por los medios “públicos” manejados por el kirchnerismo.

La mafia de los medicamentos

2010-05-30T14:22:00.000-03:00

16 de setiembre

La complicidad de los Kirchner

Las denuncias van desde vínculos con los narcotrafi cantes mexicanos de efedrina, asesinatos realizados por sicarios, falsifi caciones de recetas, desfalcos multimillonarios al Estado, hasta adulteración de medicamentos oncológicos, hemofílicos y de HIV que han matado pacientes. Sus protagonistas, empresarios, funcionarios y burócratas sindicales, aparecen vinculados al fi nanciamiento de las campañas de los Kirchner.

La venta de medicamentos adulterados en nuestro país ya mueve 1100 millones de pesos por año (el 10% de los remedios que se venden en el país, según datos del sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos). En el circuito clandestino de los medicamentos se encuentran 33.000 unidades para enfermos de cáncer, hemofílicos y de HIV. Se trata de un negocio creciente: los medicamentos falsificados eran el 1% del total en 2000, pasando al 3% en 2004, 7% en 2006 y 10% en 2009. Actualmente hay 500 investigaciones judiciales en curso. Mientras tanto, las autoridades del ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, que debería encargarse del control) minimiza la cuestión, afi rmando que la adulteración es de sólo el 0,9%.

Cómo se hace la falsifi cación

La maniobra se hace con remedios caros (de 15.000 a 20.000 pesos la caja), que usualmente son los administrados a pacientes oncológicos, hemofílicos o de HIV. Droguerías, muchas de ellas sin habilitación, “adquieren” partidas por diversos métodos: a veces se trata de partidas gratuitas pagadas por el Ministerio de Salud, a la que se les borra la etiqueta que prohíbe su comercialización; en otros casos, se trata de medicamentos vencidos a los que se les cambia la fecha; también se compran medicamentos robados a bandas de piratas del asfalto; y fi nalmente, tenemos la situación directamente criminal donde se “rellenan” frascos ya utilizados para venderlos como si contuviera la droga.

Esta mafi a de las droguerías era la que estaba involucrada en negociados anteriores, como el contrabando de efedrina a los carteles mexicanos de la droga, que salieron a la luz, a mediados de 2008, con el triple crimen de General Rodríguez.

Pero el circuito se completa con la “participación” de los funcionarios públicos y las obras sociales. Alguien debe hacer la “conexión” para que estas droguerías aparezcan como proveedores del Ministerio de Salud y de las obras sociales. Lo que sigue es terrible: se falsifi can recetas, historias clínicas, y se factura al Estado por medicamentos nunca entregados. Así, se pudo comprobar que, sólo en el año 2005, en varias obras sociales sindicales (principalmente Bancarios, pero también Comercio y UPCN) se produjo un desfalco por 208 millones de pesos, girados por el Ministerio de Salud a través de la Administración de Programas Especiales (APE). Y, lo más grave y vergonzoso, se administraron medicamentos falsifi cados a pacientes de dolencias graves, causando la muerte de varios y serios deterioros en la salud del resto.

El 30% iba para Cristina

Las cabezas de esta red de corrupción infinita son Néstor Lorenzo -dueño de la droguería San Javier- llamado “el Yabrán de los medicamentos” y las cabezas de esas obras sociales, en particular Paula Aballay, responsable de hecho del Policlínico Bancario y pareja del burócrata mayor de ese gremio, Juan José Zanola. Pero detrás de todo esto está la protección directa de lo más alto del gobierno nacional: los laboratorios involucrados y sus dueños, tal como sucedió el año pasado con los del affaire de la efedrina. Fueron los principales aportantes de la campaña presidencial de Cristina Kirchner en 2007 con cheques de 100.000 a 1 millón de pesos. El 30% de los fondos del Frente para la Victoria provenía de patronales de los medicamentos. El nexo fue Héctor Capaccioli -recaudador de las campañas de Kirchner-, quien además estuvo a cargo en el propio Ministerio de Salud de programas de prevención de tabaquismo, hipertensión, obesidad y cáncer de mamas, también gran canalizador de fondos hacia las obras sociales sindicales.

Se está jugando con la salud del pueblo argentino. Los ya escasos fondos dedicados a la salud pública son desviados para el enriquecimiento de empresarios y burócratas sindicales corruptos. Los enfermos ni siquiera tienen garantía de la droga que se les está administrando. Y todo apañado por lo más alto del gobierno nacional, que así fi nancia sus campañas políticas. No hay hasta ahora nadie preso y el delito de falsifi cación de medicamentos ni siquiera está previsto en el Código Penal. ¿Esta es la política de salud de un gobierno “nacional y popular”?

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De la dictadura a Kirchner: ¡Fuera Zanola!

Uno de los más involucrados en el escándalo es Juan José Zanola, burócrata sindical atornillado por décadas al sillón de la Asociación Bancaria. Denunciado por miles de negociados, muchos de ellos vinculados a la propia obra social bancaria, zafó siempre gracias a la colaboración de gobiernos y jueces amigos. Esta vez, la droguería involucrada, San Javier, funcionaba dentro del propio Policlínico Bancario.

Zanola llegó al tope del sindicato de mano de la intervención de la dictadura militar en 1982. Desde ahí hasta hoy conservó el cargo de Secretario General, muchas veces en “democráticas” elecciones de lista única.

En los 80, mientras se mostraba con Ubaldini, construía su poder gracias a su amistad con el radical Coti Nosiglia, que le transfería millonadas para su obra social, que, ya entonces, no llegaba a los afi liados bancarios, sino que engordaba los bolsillos de los burócratas. Entre 1988 y 1991 le quedó tiempo para ser también presidente del club Huracán, donde también metió mano, dejando una multimillonaria deuda. En los 90 fue un fervoroso menemista. Ahora, como tantos otros, es uno de los alfi les sindicales del kirchnerismo.

En el último tiempo fue unos de los burócratas sindicales más cercanos a Cristina, que suele llamarlo familiarmente “Juan”. Gran parte de la logística de la campaña presidencial de 2007 y de la campaña legislativa ofi cialista de este año corrió por cuenta del sindicato bancario. Una razón más para echar a Zanola y a toda la burocracia sindical de las organizaciones obreras.

Ley de medios audiovisuales: Ni Clarín ni las telefónicas

2010-05-30T14:20:00.000-03:00

9 de setiembre de 2009
Mientras el gobierno habla de “democratizar los medios” y la oposición patronal, haciéndose eco de los multimedios, de “ataques a la libertad de expresión”, por detrás se está cocinando el verdadero negocio: cambiar un monopolio por otro

Los Kirchner “ahora” descubrieron los manejos y la historia nefasta de Clarín. Pero fue el propio gobierno de Néstor el que permitió al grupo multimedia cotinuar fortaleciéndose, cuando le extendió las licencias por diez años, en 2005, o cuando permitió la fusión de Cablevisión y Multicanal, en 2007.

No es ninguna novedad que Clarín es el principal monopolio de medios en la Argentina: manipulador de la información, silenciador de las luchas populares y perseguidor de cualquier organización sindical dentro de las empresas del grupo. En su “currículum” cuentan con haber obtenido de la dictadura de Videla el control -junto con La Nación- de Papel Prensa, la empresa monopólica proveedora de papel de diario en el país. Luego, el menemismo le abrió el juego a los medios audiovisuales, al permitir a un medio gráfico incursionar en el negocio audiovisual: así se hizo de Canal 13, TN y Radio Mitre. Y después fue expandiendo su emporio, que los Kirchner le ayudaron a fortalecer mientras los trataban favorablemente.

El gobierno se ha lanzado a una guerra total contra Clarín. Esta semana le quitó la autorización que el mismo le había dado para unificar Cablevisión y Multicanal. Todo esto sucede, además, mientras estamos a las puertas de un fenomenal cambio tecnológico: la llegada de la televisión digital, que va a multiplicar en forma astronómica las señales, la interactividad (con Internet y telefonía) y, por ende, los negocios.

Y aquí es donde entra el nuevo “actor” en juego. El proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, como es reconocido hasta por los más fervorosos defensores del gobierno, abre explícitamente el camino para que las telefónicas entren en el negocio. Recordemos que en el mismo pliego de privatización de Entel está la prohibición de que Telefónica y Telecom entren al mundo de los medios (de hecho ya lo están haciendo a través de testaferros, como explicamos en el cuadro).

Esto es lo más importante que se está discutiendo. Se trata de sumas multimillonarias, que comenzarán con el Triple Play (cable, teléfono e Internet en la misma factura) y después se abrirá a un sinfín de negocios, que a las telefónicas le saldrá gratis, ya que aprovecharán el tendido telefónico existente.

El primer ganador será, sin duda, Telefónica de España. Pero no el único. Actualmente hay una disputa por la propiedad de Telecom Argentina. Sucede que el 50% de esta empresa está en poder de Telecom Italia, que, a la vez, ha sido comprada en parte por Telefónica de España. Los Kirchner salieron a plantear que, entonces, Telecom Italia y Telefónica de España son la misma empresa, y que eso transforma el servicio de telefonía en un monopolio en todo el país. ¿A qué se debe este repentino planteo “antimonopolio”? Simplemente a que la otra mitad de Telecom Argentina pertenece al Grupo Werthein, uno de los empresarios amigos del gobierno (ver nota), al cual los Kirchner quieren que se quede con el control total de la empresa. Incluso hay rumores que, si Telecom Italia se retira del país, uno de los posibles compradores del paquete será Eurnekián, otro empresario amigo del gobierno.

Los Kirchner, ante la denuncia de que se está armando un negociado a medida de las Telefónicas, respondieron diciendo que hay un conjunto de regulaciones, que incluye máximos de capital nacional, para evitar que las telefónicas copen el mercado. Mientras tanto, ya Telefónica compró Direct TV y está ofreciendo el Triple Play, sin esperar ninguna regulación. Y el Grupo Werthein se posiciona para, vía Telecom, comprar canales que, a cambio de tener una línea política oficialista, le permitan continuar expandiéndose en sus negocios. Como vemos, de “democratización de los medios” y desmonopolización poco y nada hay en juego.

Desde ya que no estamos con el grupo Clarín, hoy rastreramente defendido por Carrió, De Narváez y la UCR, ni con los “nuevos” monopolios a los que se quiere hacer entrar en el negocio (llámese Telefónica de España o Grupo Werthein). Hay que pelear, en cambio, por otra ley de medios, que realmente le dé voz a los trabajadores y demás sectores populares, haciendo realidad la libertad de prensa.

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¿Qué es el Grupo Werthein?

Se trata de uno de los empresarios “amigos” de los Kirchner. La familia Werthein, ligada desde la década del 50 a los negocios en la Bolsa de Comercio y los bancos, pegó tres saltos hasta transformarse en el emporio actual. Primero, durante la dictadura, cuando el Banco Mercantil fue favorecido con la estatización de 182 millones de deuda externa en 1982. Luego, asociados con el menemismo, se quedó con la privatización de la Caja de Ahorro, mientras se unían con Raúl Moneta y el Citicorp, lo que dio lugar a la causa de lavado de dinero, y, además, usaban Exterbanca -el banco off-shore de la familia- para que pasara la plata del envío ilegal de armas a Croacia y Ecuador.

Después de la devaluación, los Werthein se hicieron fuertes comprando participaciones a través de sus fondos de inversión en la agroindustria -son propietarios de 150.000 hectáreas y dueños de Cachamai- y en empresas de servicio. Así, en el 2003 adquirieron el 50% de Telecom. Y desde ese entonces vienen asociándose cada vez más con los Kirchner, que los declararon la “pata nacional” en el negocio de las telecomunicaciones.

Julio Werthein, la cabeza del Grupo, acaba de cumplir 90 años. Su sucesor es su hijo Gerardo, que busca armar un camino político emulando a Mauricio Macri: ya logró hacerse nombrar Presidente del Comité Olímpico Argentino a cambio de “financiar” las instalaciones locales en la Villa Olímpica de Beijing el año pasado. Y ahora colocó un delfín suyo, Rodolfo D´Onofrio, para disputar la presidencia de River Plate.

Estos son los empresarios “nacionales y populares” que, junto con Telefónica de España, van a quedarse con el negocio de los medios audiovisuales.

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Quién es quién

Grupo Clarín

Diarios: Clarín, La Voz del Interior y Día a Día (Córdoba), Los Andes (Mendoza).

Canales: 13 (Buenos Aires), 12 (Córdoba), 7 (Bahía Blanca), 6 (Bariloche), TN, Volver, TyC, Magazine.

Radios: Mitre, Mitre (Córdoba), Mitre (Mendoza), FM 100, FM 100 (Córdoba)

Cables: Cablevisión, Multicanal.

Internet: Fibertel.

Grupo Telefónica

Canales: Telefé, 9 (Bahía Blanca), 8 (Mar del Plata), 5 (Rosario), 7 (Neuquén), 8 (Tucumán), 13 (Santa Fé), 11 (Salta), 8 (Córdoba).

Radios: LT 9 (Santa Fé).

Cables: Direct TV (satelital).

Internet: Speedy.

Otros grupos importantes

Hadad (C5N), Vila-Manzano-De Narváez (América, 6 y 7 de Mendoza, cable Supercanal), Cadena Tres y Prisa (con fuerte presencia en radios).

¿A quién le sirve la nueva Ley de Medios?

2010-05-30T14:18:00.000-03:00

2 de setiembre de 2009
El gobierno elevó al Congreso el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La oposición patronal y los grandes medios, encabezados por Clarín, sostiene que viola la “libertad de expresión”. Pero, más que un espacio para “democratizar” los medios, lo que se viene es un nuevo negocio para las telefónicas

¿Quién podría oponerse a la derogación de una ley de la dictadura? Más bien, cabría preguntarse cómo todavía sigue vigente la 22.285/80, que pone la radiodifusión bajo la órbita de la “Doctrina de la Seguridad Nacional. Pero, en realidad, lo peor no es esta cavernícola legislación, sino las “modificaciones” que le hicieron los sucesivos gobiernos en los años de democracia. El hecho que hoy haya una hiperconcentración mediática, es producto de las modificaciones de otro gobierno peronista. Menem autorizó a los dueños de medios gráficos a ingresar al mercado audiovisual -así se formó el conglomerado Clarín- Canal 13-TN-Radio Mitre- y luego aumentó el número de licencias en manos de una misma empresa de cuatro -que era lo que decía la ley original- a 24. Pero también es producto de medidas del propio gobierno de Kirchner, cuando prorrogó por 10 años las licencias a Clarín, Hadad y De Narváez, o, más escandaloso aún, cuando permitió la fusión de Cablevisión y Multicanal, creando un monopolio virtual sobre el mercado de la televisión por cable.

Ni “progresista”, ni “contra los monopolios”

El proyecto de ley está precedido por un extenso considerando que recoge muchísimos de los planteos usuales que se esgrimen en la lucha contra los multimedios. Así habla del “derecho a investigar, buscar, recibir y difundir información, opiniones e ideas, sin censura previa, por radio y TV”.

Pero cuando pasamos a los artículos del proyecto empiezan los problemas. ¿Sirve efectivamente para liquidar la hiperconcentración? Es verdad que se reduce la cantidad de licencias permitidas por titular, de 24 a 10. También se prohíbe tener a la vez un canal de aire y uno de cable. Pero se establece, en el artículo 38, “la posibilidad de que un único prestador controle hasta el 35% del total nacional de habitantes o de abonados a alguno de los servicios reglamentados”. Conclusión: parece una legislación a medida contra el “monopolio” Clarín, a favor de algunos nuevos (o viejos) oligopolios que se van a repartir entre dos o tres el mercado.

Se propagandiza desde el oficialismo como uno de los puntos más “progresistas” del proyecto la división del espacio de los medios audiovisuales en tercios: 33% para el Estado, 33% para el sector privado y 33% para “entidades sin fines de lucro”. Empecemos por este último tercio: es mentira que así se garantizará el acceso a los medios a las organizaciones obreras y populares. “Entidades sin fines de lucro” pueden ser la Iglesia Católica, la Fundación Techint o la propia Fundación Noble, abriendo entonces el camino a que este 33% sea apropiado por los pulpos y reaccionarios de siempre, a través de sus fundaciones, muchas de ellas creadas para lavar dinero. El gobierno insiste: “pero esto permitiría que se le otorgue un canal a las organizaciones sindicales”. Permítasenos preguntar: ¿a quién? ¿A los trabajadores del subte? ¿A las comisiones internas o cuerpos de delegados combativos? ¿Podemos esperar eso de un gobierno que ni siquiera le reconoce la personería gremial a la CTA? También dudamos del grado de “pluralidad y diversidad de voces” que se habilitará en el 33% que le quedará al Estado. Los ejemplos están a la vista: las luchas obreras y populares, silenciadas ciertamente en la multimedia privada, tampoco tienen acceso a la “televisión pública”. ¿De cuántos conflictos se hace eco Canal 7 o Radio Nacional?

De Clarín a las telefónicas

Muchos personajes del ambiente “progresista”, no pudiendo negar estas realidades de la ley, insisten en que, si bien no es “la mejor ley”, en definitiva es la posible, ya que desmonopoliza algo, elimina la ley de la dictadura, etcétera. ¿Se trata efectivamente de una ley progresista, a la que habría que apoyar haciéndole “críticas puntuales”? Esta es la posición que van asumiendo los referentes de la centroizquierda, como Macaluse, Lozano o el propio Pino Solanas. Creemos que es un grave error: la matriz de este proyecto de ley es permitir el acceso a los nuevos negocios de la multimedia a las telefónicas. Cuando se apoderaron a precio vil de ENTEL, en aquellos contratos de privatización estaba expresamente prohibido que estas empresas ingresen en el negocio de la radio y la televisión. Ahora se los autoriza, abriéndoles el camino a negocios multimillonarios.

Entendemos la enorme importancia de dar la pelea por abolir la Ley de Radiodifusión de la dictadura y sus posteriores reformas, y por un nuevo marco que garantice el derecho a la comunicación a la clase trabajadora y al conjunto de los sectores populares, terminando con la hiperconcentración mediática. Pero el proyecto no cumple con ninguno de los objetivos planteados: ni revierte el proceso de monopolización, ni garantiza la “pluralidad de voces” al interior del sistema de medios. Es que en realidad, hoy, más que un intento por acabar con estos grandes grupos, lo que pretende el gobierno es reducir el poder de los multimedios hostiles a su política. Es necesario, entonces, luchar por un nuevo marco donde los medios de comunicación dejen de ser herramientas de dominación económica, política y cultural, para ponerse al servicio y bajo control de quienes los sostienen y utilizan diariamente: los trabajadores y el pueblo.

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La “libertad de expresión”

La oposición patronal, y en especial el multimedio Clarín, vienen sosteniendo que el nuevo proyecto viola “la libertad de expresión”. Cristina en su discurso sostuvo que “libertad de expresión no es libertad de extorsión”, acusando a los medios opositores. La realidad es que ni uno ni otros garantizan “la libertad de expresión”. En nuestro país miles de trabajadores luchan, denuncian injusticias, y no salen en ningún medio, ni oficialista ni opositor.

Los socialistas sostenemos que la libertad de expresión es una demanda democrática legítima, aunque, como tantas otras, el capitalismo y sus gobiernos patronales la han transformado en una mera formalidad. “Se supone” que cada uno es libre de expresar sus ideas. Sin embargo, serán los grandes grupos empresariales, o a lo sumo el gobierno patronal de turno, quienes decidan qué, cuándo y cómo se publica, de acuerdo a sus propios intereses. La verdadera libertad de expresión sólo existirá cuando se reparta democráticamente el espacio en los medios gráficos y audiovisuales, permitiéndosele tener acceso a expresarse a todos, con los fondos suficientes para papel e imprentas provistos por el Estado, empezando por las organizaciones políticas y sindicales de la clase trabajadora, y en especial a la izquierda, hoy virtualmente silenciada.

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Nuevos negocios para las telefónicas

La nueva ley autorizará a las telefónicas a entrar en un negocio en expansión y transformación. El primer capítulo será el “Triple Play” -la posibilidad de ofrecer, en forma conjunta, servicio telefónico, Internet y televisión por cable- . Es algo que ya, ilegalmente, empezó a ofrecer Telefónica con Telefé/ Telecentro. De aprobarse la ley, se abre una facturación multimillonaria. Pero esto es sólo el primer paso: se viene la televisión digital con todos sus servicios asociados (alta definición, pay per view -elegir un programa y pagar para verlo en el momento-) y otros conexos (como servicios de cámaras de seguridad, comercialización por la web, entre otros).

¿Será un negocio “exclusivo” de Telefónica de España, o tendrá que compartirlo con los empresarios amigos del gobierno, como Werthein o, tal vez, Eurnekián? Es algo que hoy no podemos saber. Pero lo que sí es seguro es que no será para beneficio del pueblo ni, mucho menos, de los trabajadores de las telefónicas, hoy bajo la amenaza de la liquidación de su convenio, y el aumento de la superexplotación, mediante la “fusión” de varias especialidades en una, o la movilidad horaria y geográfica.

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Los burócratas sindicales a favor: ¿Qué trabajador fue consultado?

No sólo los popes de la CGT y la CTA acompañaron a Cristina en el lanzamiento del proyecto de ley. También recibió el apoyo de las conducciones de los gremios de trabajadores directamente involucrados. Tal es el caso de Foetra (telefónicos), Utpba (prensa), Satsaid (televisión), o Sup (publicidad). Sin embargo, la nueva ley no da un sólo paso en el camino de resolver la precariedad, superexplotación y persecución gremial a que se está sometido en estas actividades. Es más, en el nuevo órgano ejecutivo, el futuro Comfer, no hay un sólo lugar, ni siquiera nominal, para los representantes de los trabajadores. No resulta raro, entonces, que en ninguno de estos sindicatos se haya registrado ninguna asamblea o debate para fijar posición, previo al apoyo de sus burócratas al proyecto oficialista.

Ni el “Indek” puede ocultar su crecimiento: como combatir la pobreza

2010-05-30T14:16:00.000-03:00

26 de agosto de 2009
El desempleo aumentó por primera vez desde el 2002. Los números de la pobreza, escondidos por la intervención del Indec, son escandalosamente altos. Se impone un programa de emergencia para enfrentarlos

La propia intervención del Indec tuvo que reconocerlo: la desocupación oficial subió al 8,8%, la más alta desde el 2006. Y todo esto antes de contar a aquellos que cobran planes sociales, la mayoría de los cuales son increíblemente computados como “ocupados”: si los sumamos, la tasa de desempleo alcanza ya el 9%. Según los propios datos del Instituto, la suma de desocupados y subocupados es del 19,4%, un total de 2.192.000 trabajadores. Quiere decir que una persona de cada cinco tiene serios problemas para insertarse en el mercado de trabajo.

Si salimos de los datos “retocados” del Indec, la mayoría de los especialistas señalan números peores aún: Ernesto Kritz, de la consultora SEL, sostiene que la actual medición del desempleo da 10,5%. Para el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina la tasa es del 11,8%. Los economistas de la CTA advierten que, con la tasa actual, el 20% más pobre -que tradicionalmente triplica la tasa media de desempleo- debe estar en una desocupación cercana al 25%. Todos estos números le estallaron en la cara a la presidente, que unos días antes de las elecciones hacía campaña diciendo: “frente a la crisis más grande, no aumentamos la desocupación”. ¿Qué dirá ahora?

También se discutió mucho en estos días sobre la pobreza: para el Indec es del 15,3%. Es un número tan ridículo que ni el propio ex presidente Kirchner se anima a repetirlo: reconoció en un discurso que “está en el 22%”. Pero todos sabemos que es peor aún: los números oscilan entre el 30,8% (Consultora Equis) y el 40% (Barómetro de la Deuda Social de la Iglesia Católica). La CTA denuncia 33,5% de pobreza -13 millones de personas- y 15,2% de indigencia -6 millones-. Encima, la principal “propuesta” del gobierno es… cambiar la medición del índice de pobreza, obviamente para que “dé menos”, escondiendo una realidad que se desborda por todos los costados.

La pobreza tiene dos orígenes: los bajos salarios y el desempleo. Y sólo es posible eliminarla de raíz. Por eso desde hace años venimos insistiendo que el primer paso es dejar de pagar de una vez la ilegal, inmoral e ilegítima deuda externa y utilizar esos fondos para un gran plan de obras públicas, que resuelva en el corto plazo el flagelo del desempleo. Y que mientras exista desocupación se le debe garantizar un subsidio universal a todos los que no tienen un trabajo genuino, generalizando y aumentando los actuales planes sociales, congelados desde el 2002 en los vergonzosos 150 pesos.

Además, hay que terminar con la superexplotación, el trabajo en negro y los sueldos de hambre, la otra causal de los actuales índices de pobreza. Y son los empresarios, que se han aprovechado en estos años obteniendo superganancias, quienes deben pagar y garantizar ingresos dignos para toda la clase trabajadora. Por eso hay que evitar que las empresas usen como excusa la crisis mundial para aumentar el número de desempleados, poniendo en práctica el proyecto de nuestra diputada Liliana Olivero, que plantea prohíbir por ley las suspensiones y despidos, y expropiar toda fábrica que cierre, despida o suspenda, poniéndola a funcionar bajo el control de sus trabajadores. Y para terminar con los salarios de pobreza, hay que otorgar aumentos de emergencia hasta alcanzar el valor de la canasta familiar, e irlos actualizando mensualmente, de acuerdo al aumento real del costo de vida. De esta forma, sí se empezarían a dar pasos reales para combatir la desocupación, la pobreza y la marginación.

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Asignación universal por hijo: ¿Sirve para eliminar la pobreza?

Lo dijo la propia presidenta de la Nación: hay 2.860.713 menores de 18 años que no reciben ningún tipo de cobertura, ni vía el salario familiar que cobran los trabajadores en blanco con hijos, ni por medio de ningún plan social. Se discute otorgarles a sus padres un monto que oscilará entre 135 y 150 pesos por hijo. ¿Quién puede estar en contra de pagarle a todo trabajador, ocupado o desocupado, en blanco o en negro, un dinero por cada hijo? La verdadera pregunta sería por qué no se lo hizo. O si, efectivamente, un monto tan pequeño alcanza para cubrir los costos de educación, salud, alimentación y vestimenta de ese niño. O, yendo más a fondo, porqué se congeló en 150 pesos desde el 2002 los planes Jefes y Jefas de Hogar. O porqué el Ministerio de Trabajo hace la vista gorda ante un empleo en negro que supera el 40% de la clase trabajadora, que no obtiene obviamente ningún salario familiar. Con todos estos interrogantes, cabe la duda de si no nos encontramos ante una nueva cortina de humo del gobierno nacional, como tantos anuncios “espectaculares” que luego quedaron en nada.

Pero quien ha venido haciendo desde hace años centro en el ingreso universal es la CTA. Los dirigentes de esa central, como De Genaro, y sus diputados, como Claudio Lozano, insisten en que se trata de la panacea que eliminará definitivamente la pobreza. Más aún, muchas veces, incluso han opuesto la demanda de ingreso universal a cualquier reclamo de aumento salarial, insistiendo en que lo que hoy importa no son los sueldos sino los “ingresos” que la población recibe por diversas vías.

Lozano, en innumerables reportajes que salieron publicados en estos días, se ha enfrascado en discusiones técnicas sobre cómo reasignar partidas presupuestarias para hacerlo posible. Y acá está el primer problema: en ningún momento se plantea la medida más sencilla para hacer posible la asignación universal por hijo: dejar de pagar la deuda externa.

Por otra parte, no basta con propagandizar la justicia de este ingreso universal. De lo que se trata es de aquello a lo que se ha negado sistemáticamente la CTA: llevar adelante un verdadero plan de lucha para lograrlo. Nosotros no somos sectarios: hemos participado críticamente de los paros y movilizaciones de la Central. Fuimos con nuestros planteos a la Constituyente Social. Pero siempre señalamos el límite de no darle continuidad a la pelea, y desgastarla en paros o movilizaciones aisladas.

Pero además, el planteo tiene otro límite: y es discutir acerca de los verdaderos alcances de este “ingreso universal por hijo”. Porque la CTA dice que con eso se termina la pobreza. Que si se diera 300 pesos por hijo llegaríamos a un bicentenario sin pobreza. Y eso es rotundamente falso. Primero matemáticamente: eso no garantiza la salida de la pobreza de nadie. Para salir de la pobreza hoy una familia tipo necesita 4.000 pesos, y eso no lo cubre ninguna “asignación universal por hijo”. Por eso no van las “medias tintas” de la CTA. Para que no haya hambre en el país hay que tomar medidas de fondo y eso no se puede hacer conviviendo con Repsol, con las privatizadas o el FMI. Un verdadero programa de lucha contra la pobreza exige dejar de pagar la deuda, y poner, de verdad, todo ese dinero a resolver las urgentes necesidades de nuestro pueblo: trabajo, salario digno, salud, educación y vivienda.

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Kirchner cobra $24.000 de jubilación

En un acto en la localidad bonaerense de Ezpeleta, la presidenta Cristina Kirchner realizó un pedido a los que más tienen para que “contribuyan con una partecita”, sin “que abandonen sus lujos, sus casas, sus mansiones o su aviones”.

Esta versión de la distribución, además de falsa -porque supone pensar que todo se resuelve con la “buena voluntad” de quienes más tienen- es por demás hipócrita viniendo de la presidenta. A la suntuosa declaración jurada del matrimonio que se compone de 28 bienes inmuebles, cuatro empresas, depósitos bancarios y dólares en efectivo -y que dudosamente creció, sólo en 2008, un 158%-, ahora se suma el dato de que Néstor Kirchner cobra una jubilación de ¡24 mil pesos mensuales! Lo mismo vale para algunos de los miembros del gabinete, como el ministro de Economía, Amado Boudou, o la ministra de Producción, Débora Giorgi, quien entre sus bienes cuenta con un yate valuado en medio millón de pesos. Esto sí que es distribuir… entre uno y sus amigos.

Triunfo popular: cayó el tarifazo

2010-05-30T14:13:00.000-03:00

13 de agosto de 2009

El impresionante crecimiento de la bronca y las movilizaciones obligó al gobierno a dar marcha atrás con el tarifazo. Lo hace reponiendo más subsidios a las privatizadas, por los que éstas siguen teniendo garantizadas sus ganancias. Hay que seguir peleando hasta su reestatización

Desde 2008 viene creciendo el movimiento contra los tarifazos

El gobierno de Cristina, de la mano de las privatizadas, quería hacer pasar un nuevo ajuste. En las últimas semanas empezaron a llegar facturas de luz y gas con incrementos escandalosos. Al principio, la respuesta del gobierno fue vergonzosa, apoyando con todo el aumento. La bancada oficialista en el Senado se negó a tratar un proyecto para suspender el aumento de las tarifas de gas, con el argumento que “sólo afecta al 15% de los usuarios” y “el 96% puede pagarlos”. Luego, ante la avalancha de reclamos, el gobierno dijo que “arbitrará las medidas para aquellos casos excepcionales que no puedan pagar”. En otra nota explicamos las degradantes condiciones que exigía el Enargas para acceder a este “beneficio”. Luego, con el escándalo ya lanzado, el gobierno, en la figura del ministro De Vido, empezó a hacer ampulosas declaraciones contra las empresas, asegurando que iban a revisar todas las facturas y que, si encontraban “errores en los cálculos,” las empresas serían sancionadas. En la misma dirección, el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (Enre) no autorizó a seguir distribuyendo boletas con consumos superiores a los 1.000 KW. Finalmente, este miércoles por la mañana el gobierno tuvo que recular totalmente, dando marcha atrás con el tarifazo. Lo hicieron reponiendo subsidios a las privatizadas, o sea que a éstas se les va a seguir garantizando su margen de ganancia.

La realidad es que el gobierno se dio cuenta de que se había metido en terreno pantanoso y no sabía en qué terminaba: crecían los reclamos, las movilizaciones e incluso varios jueces ya habían fallado contra el aumento. ¡Si hasta Moyano, que viene negándose a levantar cuaquier tipo de reclamo contra el gobierno, tuvo que declarar que el tarifazo afectaba al bolsillo de los trabajadores! Todos los días, miles de personas mostraban, facturas en mano, que no era cierto que sólo tocaba a los más ricos. El miércoles pasado, mientras las organizaciones sindicales, barriales, de usuarios y políticas que nos nucleamos en el Movimiento Nacional contra el Tarifazo protestábamos frente al Congreso, varios vecinos mostraban a los medios de comunicación presentes las facturas que les habían llegados. Se destacaba una anciana (foto de tapa) que mostraba una boleta de gas donde al consorcio le habían llegado… ¡7.100 pesos para apenas 25 departamentos! “¿Cómo voy a hacer si cobro la mínima?”, se preguntaba desconsolada.

Somos categóricos: se trató de un gran triunfo popular. Y en la derrota del gobierno tuvo mucho que ver el Movimiento Nacional contra el Tarifazo que citamos más arriba. Porque fue el motor que coordinó, movilizó e impulsó la lucha. Porque ya a principios de año marcó el camino con la “Marcha de las Velas” a Plaza de Mayo. Pero la pelea no puede quedar acá. Tenemos que seguir profundizando la organización y la movilización contra las privatizadas. Porque no debemos olvidar que logramos sacar los aumentos de las facturas, pero el gobierno los reemplazó por subsidios millonarios, que en definitiva los pagará el conjunto del pueblo, mientras les garantiza las superganancias a las empresas. El tarifazo se suspendió, no se derogó. Y sólo entre los meses de junio y septiembre, volviendo el aumento cuando llegue la primavera. Además, aún quedan muchas cuestiones pendientes, como la tarifa social, la garrafa social o la prohibición de cortarle el servicio a aquel que no pueda pagar.

Están dadas las condiciones para avanzar en aquello que será la única y verdadera solución contra los tarifazos y para tener servicios públicos de calidad y para todos: la reestatización de todas las empresas de servicios públicos privatizadas, bajo control de sus trabajadores y usuarios. Y la recuperación de los recursos energéticos, reestatizando YPF-Repsol y las demás petroleras y gasíferas. El gobierno ya acusó el golpe. Está demostrado que podemos ganar.

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¡Fuera las privatizadas! Reestatización ya

Las privatizaciones de los 90 que nos trajeron Menem y el FMI, fueron uno de los mayores saqueos, junto al de la deuda externa, cometidos contra el pueblo argentino. Desde allí empezamos a perder el patrimonio nacional. Vinieron los negociados, los subsidios para apuntalar las ganancias de las privatizadas y multinacionales. Mientras los trabajadores sufríamos pésimos servicios, apagones, viajes como ganado en los trenes, saqueo de reservas de recursos naturales y tarifazos.

Se incorporó el concepto de lucro, versus el de beneficio social. Las empresas estatales debían dar ganancias, dejando de ser una inversión social para millones.

El objetivo de las privatizadas, a lo largo de todos estos años, fue maximizar sus ganancias. Se trató de lo peor del capitalismo: monopolios extranjeros que saquearon nuestras riquezas, contando con la complicidad de los gobiernos y el aval del Estado, que decía controlarlos. El caso más paradigmático fue YPF: mientras extraía petróleo y gas a cuatro manos, sin hacer ningún tipo de tarea de exploración y generando la caída de las reservas (ver nota), exportaba por montos que ella misma anunciaba mediante “declaraciones juradas” propias, que a su vez eran la base, tanto para la exigencia de reingreso al país de divisas (y aún así se le permitía que el 70% permaneciera en el exterior), como para el pago de los impuestos. Una verdadera estafa.

El “experimento” de las privatizadas ya dio su resultado: servicios pésimos, tarifas astronómicas y el riesgo serio de ir al colapso energético en el corto plazo. No va más: tenemos que recuperar nuestros recursos. Pero para esto no sirve una supuesta “argentinización” como plantea cínicamente el gobierno, metiendo en YPF a su testaferro Ezquenazi. Ni tampoco “ir incorporando a Enarsa las concesiones que van cayendo”, como lamentablemente propone Pino Solanas. Tenemos que ir a fondo, urgente, antes de que colapse todo: hay que anular soberanamente las concesiones a Repsol, Edenor, Edesur, Metrogas, y demás privatizadas, por incumplimiento y fraude; echarlas sin pagarles un peso de indemnización, y proceder a la reestatización de todos los servicios, con empresas públicas que, administradas por sus trabajadores y usuarios, formen parte de un programa integral de energía.

De estas empresas, las que brinden servicios públicos tendrán como objetivo la universalización del servicio y su calidad, con tarifas sociales. La garantía serán sus propios trabajadores de planta y los hoy terciarizados, que podrán, por fin, poner sus conocimientos al servicio del usuario y no de la rentabilidad del monopolio de turno. Ellos, junto con las asociaciones de usuarios, son los que, a partir de sus conocimientos, podrán garantizarnos luz y gas para todos.

En la base de la pirámide energética, se trata de volver a tener una YPF estatal, que articule con todo el complejo gasífero y energético en el marco de un plan integral. Ello sólo será posible si recuperamos las inmensas capacidades humanas y técnicas que la vieja YPF preparó por décadas. Hay que reincorporar a todos los “ypefianos” que, con sus estudios y denuncias del saqueo, demostraron tener grandes conocimientos y vocación de defender el patrimonio nacional. Con ellos se podrá volver a construir una YPF donde el eje no sea el lucro, sino el objetivo de tener un abastecimiento energético equilibrado, con tarifas accesibles para todo el pueblo trabajador. Una verdadera empresa energética estatal, que explore, extraiga petróleo y gas, refine, comercialice y también exporte, pero en el marco de un plan que garantice el abastecimiento interno. Una YPF que también retome la tradición de ser factor de desarrollo territorial, con sus pueblos, sus escuelas, sus centros de abastecimiento, sus salarios dignos y sus servicios sociales para todos sus trabajadores, como fue orgullo durante décadas. Ese camino abriría el paso a que se haga lo mismo con el sistema ferroviario, con las empresas telefónicas, y tantas otras que se han rematado en los 90.

No es esta la política ni del gobierno ni de la oposición patronal. Pelea que quedará en manos de los trabajadores, los luchadores y la izquierda. Y de los pueblos latinoamericanos que también están dando luchas ejemplares por la nacionalización del petróleo y el gas.

José Castillo

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¿Y la garrafa social?

Desde la privatización de Gas del Estado en 1992, fueron nulas las inversiones para garantizar la universalización de la red. 14 millones de personas no tienen gas en Argentina. Es la totalidad de la población del Noreste del país, donde nunca llegó el tendido de gas natural. También hay provincias como Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja o Entre Ríos, donde la población sin acceso a red de gas supera el 70%. En la misma provincia de Buenos Aires, el 21,6% no tiene acceso a la red. Toda esa gente, los más pobres del país, tienen que recurrir a las garrafas. El metro cúbico de gas en garrafa cuesta $1,20, el doble de los 60 centavos del gas natural. Según la Secretaría de Energía, la garrafa de 10 kilos se debe vender a 16 pesos (pero se consigue en promedio a 20 e incluso, en algunos lugares, a 25). Y son miles las denuncias que dicen que las “garrafas sociales” vienen cargadas con la mitad -o menos- de gas de lo que deberían, constituyendo una verdadera estafa de la cual el gobierno es responsable.

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Para no pagar: ¡Hay que ser indigente!

El gobierno nos dice que aquellos que demuestren que no pueden pagar el aumento serán eximidos. Veamos los requisitos que exige el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) para ser exceptuados: la persona deberá estar recibiendo algún subsidio por desempleo o plan social, o tener un certificado de discapacidad. Pero además no podrá tener más de uno de los siguientes servicios: televisión por cable, conexión a Internet, teléfono fijo o celular (entre todo el grupo familiar). El domicilio del suministro deberá ser vivienda única y entre todos los habitantes no podrá haber más de una persona que perciba ingresos. Quien solicite la exención deberá hacerlo además por intermedio de una declaración jurada.

¡Es increíble! ¡Una familia con varios hijos dependiendo de un plan social y con una abuela con la jubilación mínima ya se queda afuera! ¡Una familia con teléfono fijo y un celular con tarjeta también! Y todo esto no es para solicitar no pagar el servicio, sino sólo para que no le cobren el último aumento (del decreto 2067/8). Una vergüenza

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¡Basta de saqueo!

En los últimos cuatro años, la Argentina perdió el 50% del stock comprobado de sus reservas de gas y el 16% de las de petróleo. En 1999 había un 25% más de petróleo y el doble de gas que en la actualidad. Hace 20 años, las reservas de petróleo alcanzaban para 14 años, hoy apenas llegan a 10. En el caso del gas, el horizonte era de 32 años, pero con el saqueo actual, en 8 años nos quedaremos sin este recurso.

Luego de la crisis de 2001, la exploración se redujo casi al mínimo. El año pasado, por ejemplo, la cantidad de petróleo extraída duplicó al repuesto por las reservas. El último gran descubrimiento de petróleo fue El Trapial, en Neuquén, realizado por la entonces estatal YPF. Para el gas, tenemos que retroceder a 1978, cuando también la empresa estatal descubrió Loma de la Lata.

Antes había un esquema donde la YPF estatal exploraba y extraía y Gas del Estado lo canalizaba. Luego de la privatización, en 1992, el sistema quedó totalmente descoordinado. En la práctica, cuando Repsol se hizo cargo de YPF en 1999, decidió hacer dinero rápido con las reservas de petróleo y gas natural. Así, desde los primeros años, la extracción superó fuertemente a cualquier política de exploración. Toda la infraestructura gasífera construida en estos años apuntó a facilitar la exportación.

Actualmente estamos importando gas. Pero esto también es negocio para YPF Repsol, uno de los “vendedores” tanto vía Bolivia como a través de los barcos de metano que llegan desde Trinidad y Tobago. Pronto llegará la época en que también tendremos que gastar nuestras divisas en traer petróleo del extranjero: seguramente ahí también estará anotada Repsol, que ya empieza a mirar cómo puede “salir” del negocio argentino una vez que termine de secar los pozos.

El gobierno, mientras tanto, le sigue facilitando los negocios. Hace poco, con el verso de la “argentinización”, metió como socio a Ezkenazi, dueño del Grupo Petersen, de tan estrechos vínculos con la pareja presidencial, que se dice es su testaferro. Pero la política de la empresa sigue siendo la misma: exportar, no reingresar los dólares al país y aprovecharse incluso de las necesidades de importación energética para hacer nuevos negocios. Un saqueo en toda la línea.

Se impone recuperar ya, nuestros recursos no renovables. Dentro de pocos años será tarde. Todavía estamos a tiempo si expropiamos a Repsol y demás pulpos del complejo petrolero-gasífero y ponemos en marcha una YPF estatal, controlada por sus propios trabajadores.

¡No al tarifazo!

2010-05-30T14:11:00.000-03:00

29 de julio de 2009
Se están recibiendo facturas con aumentos que llegan al 700% en el caso de la electricidad y al 200% en el servicio de gas. Ante la imposibilidad de pagarlo, ya han comenzado los cortes.

Apenas terminadas las elecciones, y en medio de lo más crudo del invierno y de la gripe A, en Capital y Provincia de Buenos Aires empezaron a llegar facturas de luz y gas increíbles. En el caso de la electricidad, los aumentos oscilan entre el 300 y el 700%. Se trata de incrementos autorizados por el gobierno nacional en el año 2008 - resoluciones 1169/08 de la Secretaría de Energía de la Nación y 628/08 del Ente Regulador de la Electricidad-. El gobierno negoció con las empresas privatizadas para que apareciera en las boletas después de las elecciones. Y, siguiendo su doble discurso, argumenta que, como afecta a usuarios con consumos superiores a los 1000 KW, se estaría resguardando a los sectores de menores recursos. Se trata de una miserable mentira: cualquiera sabe que, justamente, es el pueblo más pobre el que no puede cambiar sus artefactos, que consumen mucha más electricidad que los modernos. Y, en invierno, las familias humildes muchas veces sólo tienen para calefaccionarse las viejas estufas eléctricas. Lo preocupante es que estas boletas “sólo” registran los consumos de los meses previos al frío. ¿Qué va a pasar cuando lleguen las próximas facturas que impactarán de lleno con lo que marquen los medidores en el invierno?

En el caso del gas, los aumentos oscilan alrededor del 200%. En este caso el aumento es para financiar las importaciones de gas desde Bolivia y del fluido envasado que viene en barcos. Se trata también de una decisión del gobierno del año pasado, “escondida” hasta que pasaran las elecciones -resolución 536/08 del Enargas, para la capitalización de un fondo fiduciario para hacer frente a eventuales necesidades de nuevas importaciones-.

Este tarifazo destapa dos realidades. La primera, que durante estos años de tarifas “supuestamente congeladas” (aunque todos sabemos que eso no fue verdad), las empresas privatizadas mantuvieron sus superganancias por medio de los subsidios que les daba el gobierno. Ahora, crisis mediante, cuando ya los Kirchner no pueden garantizarles esos montos, quieren seguir levantando sus millonadas a costa directamente de la boleta del usuario. La segunda realidad, patente en el caso del aumento del gas, es que la absoluta falta de inversiones por parte de las empresas privatizadas nos viene llevando a una crisis energética crónica, que se resuelve provisoriamente con la importación del fluido, a valores muy superiores a los locales. Nuevamente, en vez de castigar a la empresa por el no cumplimiento de sus planes de inversión, se carga el costo sobre el bolsillo de los trabajadores.

Luchar hasta anular el tarifazo

La indignación estalló por muchos lados. Y ya tuvo algunos “rebotes” superestructurales. La jueza Cecilia de Negre dictó un fallo prohibiendo los cortes a aquellos que no paguen o lo hagan a cuenta. En el Congreso hay un proyecto para suspender los aumentos tarifarios, que está “durmiendo” en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, que no se reunió nunca en todo 2009. Varias provincias (Chubut, Tucumán, Salta), vía denuncias de sus defensores del Pueblo, lograron que jueces federales ordenaran dar marcha atrás con el aumento y refacturar. Los trabajadores tercerizados de Edesur, hoy en conflicto (ver nota), denuncian que se está registrando un promedio de más de cien cortes diarios en su área del Gran Buenos Aires.

Se están empezando a producir protestas y algunos escraches ante las oficinas de las privatizadas. En muchos barrios empezaron a reactivarse las comisiones de vecinos autoconvocados que dieron origen a principios de año al Movimiento Nacional contra el Tarifazo, que confluyó en una “Marcha de las velas” a Plaza de Mayo. Junto con la Fetera, que también participa de ese movimiento, y ha llamado a confluir a trabajadores y usuarios y a las organizaciones políticas, sindicales, barriales y estudiantiles que también participamos de ese movimiento. Tenemos que impulsar la más amplia unidad para derrotar este tarifazo, marchando el próximo miércoles 5 a las 16 horas frente al Congreso Nacional. Hay que promover no pagarlo, depositando a cuenta el valor de la factura anterior, organizarse y resistir cualquier intento de corte, retomando el camino de la movilización masiva, como lo hicimos en el mes de marzo.

Cantata de puentes amarillos - Luis Alberto Spinetta

2010-05-02T00:19:00.000-03:00

La Internacional

2010-05-01T14:25:00.000-03:00

Hair -- Let the sun shine in

2010-03-22T15:16:00.000-03:00

Pappo - Hombre suburbano

2010-03-08T15:59:00.000-03:00

TODOS JUNTOS, LOS JAIVAS

2010-02-27T03:24:00.000-03:00